El 25 de noviembre es un día de lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Que son muchas: unas visibles, como la tortura o los golpes; otras más sutiles, como las amenazas o la denigración, y otras que definitivamente cuesta ver como formas de violencia, porque están naturalizadas en las asignaciones sociales y los estereotipos que la sociedad tiene de las mujeres, como el paternalismo, la infantilización o la tutela.
Cada vez que llega el 25 de noviembre, me piden cifras sobre la violencia en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de las mujeres como víctimas de violencia no sólo ilustran el tratamiento del tema, sino que sirven para justificar la intervención del Estado en su atención.
Es muy difícil hacer una estadística de casos que por su propia definición son difusos y diversos; y por la falta de una conciencia clara acerca de qué configuran casos de violencia, ni siquiera son registrados por las mujeres que la sufren como algo injusto o evitable. Las relaciones desiguales entre los géneros, naturalizadas en los roles y los estereotipos, se expresan, se reproducen y se perpetúan a través de las diversas formas de violencia. La violencia funciona como un disciplinamiento. A veces de maneras tan salvajes que terminan en la muerte. Y entonces sobreviene el llamado de atención.
¿Cuántas víctimas son necesarias para que el Estado encare programas de atención y prevención de la violencia como una política pública? Creo que éste es un ejemplo de pregunta errada. No es la cantidad de víctimas lo que justifica la intervención, sino el hecho de que una vida libre de violencia es un derecho de las mujeres. Derecho consagrado por la Convención de Belem do Pará, que hoy está previsto que tome rango constitucional.
El Estado interviene porque en lo que hace a los derechos humanos tiene la responsabilidad de respetarlos y de garantizarlos. En la Ciudad de Buenos Aires, muchas son las áreas que se ocupan de la violencia. La Legislatura tiene proyectos en tratamiento. El Ejecutivo aplica programas específicos a través de la Dirección de la Mujer y del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. A eso se agregan los aportes de la Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, que ha encarado un programa (con apoyo del British Council) de democratización de la información sobre atención de violencia, en conjunto con las Defensorías del Pueblo de Vicente López y de Avellaneda.
En nuestro monitoreo de la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, comprobamos que es escaso el personal de salud que conoce la Ley Nacional de Violencia, y en la consulta médica no se interroga sistemáticamente sobre situaciones de violencia, salvo cuando existen indicios que lo exigen. Un tamizaje de los casos de violencia permitiría intervenciones más oportunas.
Con este diagnóstico, y dado que la Ciudad de Buenos Aires atiende en sus hospitales públicos una gran proporción de habitantes del conurbano, se preparó una guía de recursos para la atención de casos de violencia basada en el género. Creemos que es un paso hacia el fortalecimiento de la atención en violencia. Y lo hacemos con la convicción de que las responsabilidades derivan del derecho de todas las personas a vivir en condiciones dignas y al ejercicio de todos sus derechos. Porque en esto consiste la ciudadanía. Garantizar esas condiciones es nuestra obligación. Vivir una vida sin violencia es el derecho de todas.
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