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La habilitación que el Gobierno porteño le dio a la fiesta Time Warp en el Complejo Costa Salguero establecía que debía intervenir la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria para controlar la calidad del agua y demás bebidas que se vendían. No obstante, esa dirección no tuvo intervención el viernes pasado, según confirmaron en la Agencia Gubernamental de Control (AGC). En esa dependencia argumentaron que los inspectores del área de nocturnidad son los que controlaron en general que todo estuviera en orden en la fiesta.
La habilitación de la fiesta Time Warp establece en su artículo 7 que “queda autorizada la venta de bebidas sin alcohol en vasos de plástico desechables y de emparedados fríos y calientes, lo cual será oportunamente fiscalizado en lo que hace a la higiene y salubridad por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria”. Esa dependencia, no obstante, no tuvo participación en los controles de la fiesta, lo que constituiría una irregularidad por parte del Gobierno porteño.
En la AGC detallaron que son los inspectores de nocturnidad los que cumplen con la inspección en general. Indicaron que comprobaron que había agua en los baños. “Controlan el funcionamiento, seguridad e higiene. Son inspectores especiales que están habilitados para controlar todo. Hemos clausurados bares porque hay vectores vivos (cucarachas). Tienen potestad para controlar los alimentos”, indicaron voceros del AGC. También señalaron que miran los rótulos del agua, aunque no analizan su contenido.
Habrán visto, en ese caso –pese a que no intervino el área que estaba establecida en los documentos de la habilitación– que en la fiesta se repartía un agua marca “Block”. En las redes sociales, quienes habían asistido comentaban que se vendía a 60 pesos y que “todos saben que es agua de la canilla”. De ser así, quienes controlaban permitieron que se vendiera agua que no tiene análisis microbiológicos a precios de marcas francesas, a pesar de que la habilitación decía específicamente: “Se deja expresa constancia de que el expendio de agua deberá seguir las previsiones artículo 983 del Código Alimentario Nacional”, en el que se establece las condiciones mínimas y destaca que “la utilización de agua proveniente de un suministro público queda condicionada a la aprobación de una autoridad competente”.
Las botellas de “Block” no tienen información de la procedencia, ni cuadro nutricional. Se trata de una segunda línea de la misma empresa que comercializa “Speed”, Energy Group SRL, aunque las direcciones que figuran en los envases son diferentes: en la del agua aparece una dirección en San Justo (Matheu 2975), mientras que en la bebida energizante figura otra de Ramos Mejía (Astrada 697). Según publicó el diario La Nación, en Energy Group tiene participación la abogada Andrea Fasano, que es la pareja de Víctor Stinfale, que pasó de sus épocas de abogado mediático a ser el actual CEO de Speed Unlimited.
Fasano está vinculada a través de Industrial Beverages Corporation con Adrián Conci, el responsable Dell Producciones, la organizadora de la fiesta. En tanto, Stinfale tiene emprendimientos junto al empresario Martín Gontad, un hombre de la noche al que se vincula también a la organización de la fiesta en el Costa Salguero. Si bien corrieron versiones de una relación comercial entre este último y Alejandro “Conejo” Gómez, este diario no encontró hasta el momento información fehaciente que vincule al empresario con el actual director del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.
“El agua junto con los energizantes son fabricados por una empresa en la que son socios Conci y Víctor Stinfale”, advirtió el familiar de una víctima de Cromañón José Iglesias, quien se presentó ante el juez Sebastián Casanello junto al legislador Gustavo Vera para aportar una denuncia. “El negocio de las fiestas electrónicas está estructurado por venta de drogas sintéticas y venta de agua. Este negocio lo operan pocas personas. Lo que presentamos ante Casanello fue esta articulación, con nombre y apellidos”.
Iglesias destacó que “el Gobierno de la Ciudad lo habilita como fiesta privada, con lo que privatiza el poder de policía. Tiene servicio de vigilancia y médicos privados. Y en el caso del sábado, se agregó Prefectura privada. En esta fiesta, venden las drogas y el agua”. “Es la misma estructura de Cromañón, pero se hizo más sólida y más impune. Y se le agregó el negocio de la droga sintética”, advirtió Iglesias.
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