“Si invitamos a los responsables de la política de drogas holandesa fue para desmitificar la experiencia de ese país, que muchas veces se malinterpreta”, sostuvo José Ramón Granero, titular de la Sedronar. El funcionario puso en cuestión la importancia de las estrategias de “reducción de daños”, insistió en que “la prioridad es la abstinencia” y justificó la internación obligatoria para usuarios de drogas ilegales. También manifestó su “asombro” por “el número y lo selecto de la concurrencia” a la jornada “Políticas sobre Drogas en los Países Bajos”, organizada por su Secretaría y a la que concurrieron “miembros del clero, de las fuerzas de seguridad y de la Justicia”.
–El hecho de que la Sedronar haya invitado a los responsables de las políticas de drogas en los Países Bajos, ¿implica un propósito de aproximarse a la experiencia holandesa?
–La invitación obedece al propósito de desmitificar el caso de Holanda, que muchas veces se malinterpreta o maljustifica. Por eso quisimos que vinieran a tener una charla directa con el público, y nos sorprendió el número y lo selecto de la concurrencia: miembros de la Justicia, integrantes del Consejo Federal de Drogas, gente del clero y de las fuerzas de seguridad interesadas en conocer la experiencia holandesa.
–¿Cómo evalúa el lugar que Holanda otorga a las políticas de reducción de daños y a la no persecución judicial de los consumidores?
–Ellos tienen una política orientada en tres premisas: primero, la abstinencia de drogas; segundo, al que consume, procurar sacarlo de la adicción mediante un tratamiento adecuado; sólo en tercer lugar, y antes que no hacer nada, la reducción de daños. Bajo ningún aspecto basan su política en la reducción del daño, como muchas veces han malinterpretado algunas organizaciones no gubernamentales y algunos políticos argentinos. Hay ONGs que hablaban de la legalización de las drogas en Holanda: los holandeses tienen una política de tolerancia respecto del consumo de marihuana, pero hoy mismo reconocieron que la cantidad de coffee shops se redujo a la mitad y que el 80 por ciento de los municipios no los tienen.
–¿Qué lugar otorga su secretaría a la política de reducción de daños?
–Tiene que ser una cuestión sumamente controlada. La prioridad es la abstinencia. No se trata de repartir jeringas a todo el mundo en los recitales de rock.
–Pero en ninguna parte del mundo se opera así en reducción de daños.
–Le puedo asegurar que en la Argentina mucha gente lo está haciendo. Hay ONGs que lo plantean así. Se está malinterpretando el tema y a veces en vez de hacer reducción del daño, estamos provocando más daño. Debe haber estricto control de Salud Pública en cualquier programa de reducción del daño en la Argentina. No es que no haya que hacerlo: repartir profilácticos o aconsejar su uso para no contraer el sida obedece al principio de reducción del daño, y el Ministerio lo está haciendo.
–¿Qué opina de una política que no se centre en la persecución penal?
–Está prevista y al alcance de cualquier juez federal, ya que la Ley 23.737 establece dos medidas, la “seguridad educativa” y la “seguridad curativa”, aplicables a toda persona iniciada en el consumo. Cuando no hay dependencia, se aplica la medida de seguridad educativa, y cualquier sanción queda en suspenso hasta tanto se cumpla con un tratamiento que ordena el juez; cuando hay dependencia, se aplica la seguridad curativa.
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