“Tener un arma es tener un problema”, dice convencido Gabriel Conte, director de la organización Espacios, de la provincia de Mendoza, una ONG que fue la principal impulsora de la primera experiencia exitosa de desarme civil en la Argentina. Hasta ahora lograron retirar de circulación más de 3300 armas de fuego y 10 mil municiones. Quieren ir por más y extender los planes de desarme a todo el país, “porque hace falta una política integral y nacional en la materia”, sostiene.
El plan de desarme comenzó en Mendoza en 1998 y fue mucho más que sacar armas de la calle. “Se cree que haciendo un plan canje ya zafan. Pero es necesaria una reforma integral del sistema de seguridad para que el desarme sea efectivo”, asegura Conte en diálogo con Página/12. “Tenemos que ver a qué fuerzas de seguridad se les entregan las armas y quiénes son las que las controlan. Aquí se hizo una fuerte purga de las fuerzas de seguridad”, explica. En lo que fue el primer caso de un proyecto de desarme implementado en un país que no estuvo en guerra, se realizó un primer canje de armas en la Navidad de 2000. En ese momento recibieron unas 300 armas de fuego y cerca de dos mil municiones que fueron canjeadas por tickets que se cambiaban por alimentos en los comercios de los barrios. “Pero no hacemos planes para pobres, porque la gente también puede donar sus armas, y muchos lo hacen”, destaca Conte. Luego, entre 2000 y 2002 se retiraron de circulación tres mil armas y ocho mil municiones. Cada una de ellas fue destruida y transformada luego en esculturas. Más allá de las cantidades, el impacto de los planes está dado porque, desde su aplicación, las muertes por armas de fuego en la provincia se redujeron un 18 por ciento.
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