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La ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo es una de las fallas más graves de nuestra democracia. Nuestro sistema legal, sostenido por el Estado y reproducido por nuestros representantes y funcionarios, considera a las mujeres como ciudadanas a medias, las ignoran como sujetos capaces de tomar las decisiones que afectan a sus vidas.
Una iniciativa volvió a traer el tema del aborto a la agenda. Pero la experiencia indica, es probable que quede en una iniciativa sin consecuencias. Cada vez que se plantea el asunto, las mayorías legislativas y los liderazgos ejecutivos hacen oídos sordos, apelan a la falta de importancia del tema, a lo inadecuado del momento, o a que no se puede enfrentar tantos problemas y encima ponerse en contra a la jerarquía de la Iglesia Católica. Siempre se invoca la necesidad de un debate más amplio y serio, para el que los momentos de campaña electoral no son apropiados, como tampoco los momentos en el medio. Mientras tanto, el aborto –que en condiciones de seguridad, pericia e higiene es una intervención poco riesgosa– sigue siendo en Argentina la principal causa de muerte de mujeres relacionada con el embarazo.
Hace décadas que las personas tienen prácticas sexuales que escapan o escapaban a los marcos normativos vigentes: tratan de decidir el número y espaciamiento de los hijos, usan anticonceptivos, interrumpen embarazos, buscan “artificialmente” embarazos, y tratan de pasarla bien en sus encuentros eróticos. El Estado, que se ha ido aggiornando, implementa políticas para que esas prácticas dejen de tener consecuencias negativas para la salud e incluso la vida de gran parte de la población. ¿Qué parte de la población? La formada por aquellas y aquellos que, debido a las desiguales relaciones de género, clase y otras, no pueden garantizar hacer eso que hacen en materia de sexualidad y reproducción, de manera satisfactoria, segura y eficaz.
La persistencia de la ilegalidad del aborto y las dificultades en el acceso a abortos no punibles muestran que los enemigos de la “democracia sexual y reproductiva” siguen estando ahí: la Iglesia Católica, los conservadores, los fundamentalismos, muchos políticos y muchas políticas... Son fuertes, pero están perdiendo. No está de más resaltar este hecho. Hay que decirlo y escribirlo, con insistencia, pues nuestros compañeros y compañeras de ruta del progresismo político, o este mismo gobierno, o esta misma oposición, creen que apostar a la salud reproductiva y los derechos reproductivos y sexuales pueden hacerles perder elecciones. Y no. Quienes hacemos esta apuesta somos mayoría en la Argentina.
Nuestro Congreso se tomó veinte años para aprobar una ley de salud reproductiva y aún más años para una ley de educación sexual. ¿Cuánta más información y argumentos son necesarios para que el Estado reconozca una práctica que, cotidianamente, resuelven moralmente miles de mujeres y de parejas? Ninguna mujer interrumpe un embarazo livianamente, sin sopesar sus necesidades, deseos y valores, los de los suyos, y los de los demás. ¡Qué fácil es sostener altisonantes discursos defendiendo la prohibición del aborto y criminalización de las mujeres que abortan, cuando no nos cuesta nada, cuando nuestros cuerpos, vidas y proyectos no están directamente en juego!
Es al Estado y sus representantes a quienes les corresponde justificar por qué mantienen reglas inmorales para el conjunto de la población y en particular para las mujeres, es al Estado y sus representantes a quienes les corresponde justificar por qué una mujer que se haga o consienta un aborto debe ir presa. No a nosotros justificar lo contrario.
* Politólogo, investigador Instituto Germani (UBA-Conicet).
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