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Sociedad|Jueves, 2 de diciembre de 2010
Los aborígenes víctimas de la represión en Formosa se sienten amenazados por la policía

“No atacamos a nadie, ellos nos atacaron”

“El gobierno provincial tendría que venir a hablar con nosotros en vez de mandarnos a la policía”, dice uno de los referentes de La Primavera. Diecisiete viviendas quemadas son testigos mudos de la violencia que desató la policía.

Por Carlos Rodríguez
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“El comisario nos dijo que nosotros nos lo habíamos buscado por ocupar tierras ajenas.”

Desde Comunidad La Primavera

“El gobierno se tapa el oído, goza, se ríe, come y duerme bien, mientras nosotros estamos de duelo y luchando para que no nos saquen nuestras tierras. Ya llevamos 516 años siendo avasallados en nuestros derechos.” Pablo Asijak dialoga con Página/12 cerca del cementerio de la comunidad toba-qom de La Primavera, a unos 50 kilómetros de la ciudad formoseña de Clorinda. “Nosotros no atacamos a nadie, ellos nos atacaron a nosotros”, sostiene el dirigente, en referencia a los sucesos del martes 23, cuando en medio de una violenta represión policial murieron un miembro de la comunidad y un uniformado. “Además de nuestro muerto, tenemos dos heridos, Sixto Gómez, a quien recién ahora le dieron el alta, y Samuel Garcete, de 63 años, que sigue internado muy grave porque le pegaron tres balazos, uno en la cabeza.” También hay cerca de 40 personas golpeadas, la mayoría de ellas mujeres y ancianos, mientras que un total de 17 casas fueron incendiadas “por los mismos policías que nos atacaron”.

Es desolador el panorama a la vera de la ruta 86, en el kilómetro 1341, donde los pobladores de La Primavera realizaron un corte de cuatro meses para reclamar por la ocupación ilegal, por parte de una familia de criollos –con el aval del gobernador Gildo Insfrán– de cinco mil hectáreas que les pertenecen desde tiempo inmemorial. Las 17 viviendas quemadas sólo mantienen en pie sus pilotes y travesaños de madera. El resto fue destruido por el fuego. Sobre el terreno ahora vacío quedaron un pantalón amarillo y otras ropas de bebés, juguetes, ollas, baldes, camisetas de clubes de fútbol, y un montón de bicicletas con las cubiertas consumidas por las llamas. Esos son los únicos vehículos con los que cuentan para recorrer las decenas de kilómetros que los separan de las ciudades más cercanas.

Rodolfo presenció cómo se quemaba su casa, delante de sus ojos. “Cuando empezaron a arder, todavía mi familia estaba adentro. Mis hijos y mi mujer se refugiaron allí cuando empezó la represión, porque uno siempre piensa que la casa de uno es el lugar más seguro.” Rodolfo dice que todo comenzó a las 11 del martes, cuando llegaron al lugar Cecilio, Pedro y Ariel Celía, los criollos a los que se les reclama la restitución de las tierras, acompañados por el comisario de Laguna Blanca. “Uno de los Celía fue el primero que disparó contra Félix Díaz (el líder de la comunidad), quien se salvó de milagro.”

Rodolfo asegura que le reprochó al comisario presente porque no intervino frente a esa agresión. “Me contestó que nosotros nos lo habíamos buscado porque estábamos ocupando tierras que eran propiedad privada de los Celía.” El joven también refuta la denuncia que hizo la policía Olga Delgadillo, quien asegura que fue “golpeada, manoseada y amenazada de muerte” por los pobladores que cortaban la ruta. Según Rodolfo, la mujer “sólo estuvo allí por la mañana y se mantuvo a unos cinco metros de donde se produjeron los primeros incidentes. Por la tarde, ninguno de nosotros la vio. No sabemos en qué momento le pasó lo que dice que le pasó”.

La represión comenzó por la tarde, cerca de las 18, cuando llegaron al lugar del corte “más de cien policías, algunos de la caballería, y otros de otras reparticiones policiales. Otra vez estaba el comisario de Laguna Blanca, quien justificó el operativo diciendo que venían a ‘secuestrar’ unas armas que nosotros teníamos. Esas armas las habían dejado ellos, tiradas en el pasto, durante los incidentes de la mañana”. Rodolfo afirma que “la represión duró 20 o 30 minutos en los cuales hubo muchos disparos policiales”. Según su relato, “ellos usaron armas reglamentarias y algunos se ponían rodilla en tierra para disparar mejor”. Varios de los testigos de la comunidad dicen que después de lo ocurrido “los policías se quedaron hasta la madrugada recogiendo cosas, sobre todo las vainas de las balas, que habían quedado tiradas por todos lados”. Desconocen cómo murió el policía fallecido por una herida de bala.

“Lo que ocurrió no se puede manipular ni ocultar”, sostiene Pablo Asijak, vocero de la comunidad en ausencia de su líder. “El gobierno de Formosa tiene que darle libertad al pueblo, no digo originario, mala palabra es originario, es sobrenombre, yo digo pueblo indígena, porque está mejor dicho. Llevamos 516 años siendo avasallados. Este gobierno quiere ser protagonista de este maltrato. Si se es honesto, esto es muy fácil de resolver, porque las tierras son nuestras.” Asijak admite que la situación de su pueblo “es muy preocupante porque acá no tenemos atención médica y tenemos muchos heridos que no quieren ir al hospital porque los discriminan”.

Dice que sólo recibieron ayuda “de Médicos del Mundo y de algunos hermanos chaqueños que se acercaron”. Durante la represión muchos de los ancianos “se desmayaron por el maltrato que recibieron”. Pablo Asijak denunció que “hoy, todavía, a una semana de lo que ocurrió, la policía sigue siendo protagonista y anda observando todo el tiempo lo que nosotros hacemos. Hoy (por ayer), anduvo pasando un auto Duna blanco, sin patente. Esos son hombres puestos por el gobierno provincial, son los brazos del gobierno para seguir tratándonos mal”.

“El gobernador quiere tapar lo que realmente sucedió, pero esto ya no se puede tapar. Nosotros estamos en situación de abandono, no tenemos a quién recurrir por ayuda. Hasta la prensa está diciendo cosas que nunca sucedieron. Nos ponen a nosotros como culpables, cuando somos las víctimas.” Pablo Asijak, cuñado de Félix Díaz, fue el primero en ser detenido, el martes pasado, cuando comenzó la represión.

“Hoy parece ser que la violencia es lo más fácil para el gobierno. Nosotros estamos de duelo y nadie se nos acerca. El ministro (de Gobierno Jorge Abel) González tendría que venir a dialogar con nosotros, en vez de mandarnos a la policía y a los jueces. González e Insfrán tienen la obligación de resolver este problema. En lugar de darnos una respuesta, se convierten en los asesinos de nuestro pueblo. ¿Cómo se puede entender? Hoy yo tengo que pensar que el Estado es mi enemigo y que este gobierno no es mi gobierno.”

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