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El proyecto del gobierno uruguayo para legalizar la producción y distribución de la marihuana como forma de desactivar la violencia asociada al narcotráfico constituye una propuesta pionera en Latinoamérica, la región que paga con más sangre la lucha contra las drogas.
El proyecto fue presentado en el marco de quince medidas propuestas por el gobierno del presidente José Mujica para combatir el incremento de la inseguridad.
Esas medidas incluyen el agravamiento de las penas para los casos de corrupción policial y tráfico de pasta base de cocaína, incremento de las penas a menores que delinquen y planes para aumentar la eficiencia policial, entre otras. También se creará un fondo de reparación para las víctimas de la violencia: el 75 por ciento se destinará a las propias víctimas o sus familiares, y el otro 25 por ciento, a los centros de apoyo psicológico y legal a los damnificados por esos hechos.
También se eliminarán algunas figuras del Código de Faltas y se agregarán otras nuevas, mejorará el patrullaje policial y la formación de los agentes. El anuncio incluyó la creación de un sistema especializado para frenar la violencia doméstica y sensibilizar a la policía en este delito.
En los últimos tiempos se alzaron voces en Latinoamérica para pedir la legalización de las drogas como alternativa al combate frontal al narcotráfico, que sólo en México dejó más de 70.000 muertes desde diciembre de 2006.
Varios ex presidentes, como el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo propusieron en diversos foros que los Estados regulen el consumo, mientras que el actual jefe de Estado guatemalteco, Otto Pérez, planteó discutir la despenalización.
El principal obstáculo a tal apertura es Estados Unidos, gran patrocinador de la lucha antidrogas en la región, aunque en la última Cumbre de las Américas, celebrada en abril en Cartagena de Indias, el presidente Barack Obama se mostró flexible al debate.
En lo que respecta a Uruguay, Fernández Huidobro hizo referencia al incremento de homicidios por ajustes de cuentas entre delincuentes, que consideró “un síntoma claro de la aparición de ciertos fenómenos que antes en Uruguay no existían”. Entre enero y mayo se registraron 133 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento del 70 por ciento en relación con los 76 casos denunciados en el mismo período de 2011.
El 20 por ciento de los casos fueron por altercados espontáneos, el 16 por ciento por ajustes de cuenta, el 17 por ciento por rapiña o hurto, y el 14, vinculados con la violencia doméstica.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que la propuesta, al igual que otras que requerirán aprobación legislativa, será enviada “a la brevedad” al Parlamento.
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