Las recientes detenciones en relación con el incendio en República Cromañón, lejos de contribuir a la prevención de análogos desastres, pueden tender a perpetuar sus causas más significativas. Conviene no olvidar que la prisión preventiva efectiva está reservada a los imputados que pudieran huir u obstaculizar la acción de la Justicia y su aplicación debe preservar la presunción de inocencia que es la base del sistema jurídico. ¿Cuáles son los indicios de que Diego Argañaraz, manager de Callejeros, sumido en la depresión por la muerte de su esposa en el incendio, estuviera en disposición de huir u obstaculizar?
Cambiar las condiciones que permitieron Cromañón exige reconocer sus orígenes en la confluencia de por lo menos tres estructuras institucionales afectadas por la corrupción: el área de inspección del Gobierno de la Ciudad y los sectores respectivos de la Superintendencia de Bomberos y la Policía Federal en general. Además, ha sido señalada la acción del grupo que desde hace más de veinte años conduce el Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), que incidiría en las designaciones y reincorporaciones del área de inspección (véase el libro El gran botín. El negocio de gobernar la Capital, del periodista Ceferino Reato): esa entidad gremial sería así una cuarta institución involucrada. Es que la corrupción no se limita a “los políticos”: está enraizada en la cultura de las organizaciones, sin perjuicio de que sucesivos funcionarios políticos hayan pactado con sus responsables.
Un ejemplo en el que la acción sobre prácticas corruptas institucionalmente arraigadas permitió disminuir los delitos ha sido el cierre, en la provincia de Buenos Aires, de los desarmaderos de autos robados, sostenidos desde estructuras policiales y municipales. El cambio fue posible como política de Estado, admitida por distintos actores políticos y sociales (y sólo perdurará bajo esta condición).
Es posible que algunas personas deban ir a prisión por el incendio en República Cromañón, pero no es probable que esto tenga un efecto social disuasorio. El argumento por el cual un empresario incumple normas de seguridad es: “A mí no me va a pasar”. Entonces, “...a mí no me va a pasar como a Chabán”.
Por lo demás, poner el eje en dictar nuevas y más severas “normativas de seguridad” tampoco funda una efectiva prevención. La catástrofe no se produjo por falta de normas sino por incumplimiento de las más elementales. Y, en la medida en que el sistema institucional corrupto permanezca intacto, pasados unos meses la dureza de las normas sólo servirá para reforzar el poder del funcionario a la hora de la coima.
El adecentamiento de las habilitaciones e inspecciones sólo podrá encararse en la medida en que se constituya como política de Estado: sólo esto otorgará a la sociedad la fuerza para modificar pautas corruptas establecidas desde hace muchos años en instituciones muy estructuradas. Mientras tanto, las medidas más efectistas serán, en el mejor de los casos, vanas; en el peor y más probable, actuarán como sucesivas cortinas de humo para encubrir los fuegos, poderosos y peligrosos, que siguen prendidos.
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