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La industria tabacalera apuesta a conseguir la sanción de una ley nacional antitabaco débil para invalidar la aplicación de normativas más duras como las que ya están vigentes en las provincias de Santa Fe, Tucumán y Córdoba, y en ciudades como Corrientes y Bahía Blanca. El proyecto impulsado por el ministro de Salud, Ginés González García, hizo aguas en el Senado, donde perdió estado parlamentario: fue presentado nuevamente por el Frente para la Victoria pero con cambios sustantivos, como la habilitación de lugares para fumar en instalaciones públicas y laborales y la autorización de publicidad de cigarrillos persona a persona, dos grandes reclamos de los fabricantes del sector. Es curioso pero nunca antes una iniciativa parlamentaria enviada por el propio presidente Néstor Kirchner tuvo tanta resistencia en el Congreso. En Diputados, donde se discute otro proyecto antitabaco y también hay fuertes presiones para ablandarlo, prometen que el debate en el recinto será pronto y que no sucumbirán al lobby tabacalero.
Kirchner tampoco consiguió que los legisladores ratificaran el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco, que él suscribió en persona en la sede de la ONU en Nueva York en septiembre de 2005: Argentina es el único país de Sudamérica que no lo hizo. Ese acuerdo es el primer tratado mundial de salud pública, por el cual los países se comprometen a implementar una serie de medidas y reformas legislativas para combatir el tabaquismo. Fue adoptado por unanimidad de los 192 países miembros de la OMS en mayo de 2003. Entró en vigor dos años después y ya fue ratificado por casi 150 países, de los 168 que lo han firmado. Este papelón argentino ha sido promovido principalmente por senadores de las provincias tabacaleras, que han presionado en el Congreso para frenar tanto la ratificación del Convenio Marco como de una ley “dura” antitabaco. Días atrás, el propio ministro de Salud le increpó en la cara al senador por Jujuy del Frente para la Victoria Raúl Jenefes el boicot a la sanción de su proyecto contra el tabaco. “Debería haberse inhibido (de opinar). Primero porque tiene intereses vinculados con las tabacaleras. Y además (porque) es dueño de un canal de televisión (que se beneficia con la publicidad)”, lo deschavó González García en declaraciones al programa radial que conduce Chiche Gelblung, después de enterarse de que no se discutiría en el recinto antes de la segunda vuelta de las elecciones porteñas, como se había comprometido el bloque kirchnerista. El ministro, que viene bregando por esta ley desde hace casi dos años, quería mostrar su aprobación como un logro que sumara a la campaña de Daniel Filmus.
Jenefes no está solo. También Liliana Fellner, kirchnerista y hermana del gobernador de Jujuy, ha defendido en el Senado los intereses de las tabacaleras.
Pocas veces (o nunca) un proyecto enviado por el Presidente sufrió tanto maltrato en el Congreso por miembros de la bancada oficialista. Aquel texto fue presentado en agosto de 2005. En el verano de 2006, el Ejecutivo insistió para su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias. En diciembre de 2006 volvió a pedir su aprobación en extraordinarias. Finalmente, el proyecto perdió estado parlamentario este año. Fue presentado nuevamente, esta vez por el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, y por su compañera de bloque, la cordobesa Haydée Giri. Pero el texto dista mucho del proyecto del ministro de Salud. Actualmente, la nueva versión está en la Comisión de Salud. Las diferencias son abismales: en lugar de establecer espacios 100 por ciento libres de humo, como fijaba el proyecto que mandó Kirchner, habilita la posibilidad de fumar, en áreas separadas, en lugares de trabajo. También permite la creación de “clubes para fumadores de tabaco”.
El otro punto cuestionado por el ministro es el que tiene que ver con la publicidad de cigarrillos. El texto original la prohibía por completo, con excepción del interior de los kioscos. Pichetto y Giri han sido más condescendientes con los fabricantes: en su proyecto le dan la venia a la publicidad persona a persona, es decir, aquella que se puede hacer a través del correo electrónico y los celulares.
Estas dos concesiones, la publicidad y los sitios para fumadores, han puesto el grito en el cielo de los detractores del tabaco porque dicen que impiden que se reduzca el consumo de cigarrillo y se proteja la salud, finalmente los objetivos de normas de este tipo. En los últimos días, la Fundación Interamericana del Corazón, una de las entidades internacionales más destacadas en la lucha antitabaco, envió a cada senador una carta expresando una “gran preocupación” por el avance parlamentario de esta iniciativa. Con la firma de su presidente, el mexicano Rafael Shuchleib, y de su directora ejecutiva, la médica argentina Beatriz Marcet Champagne, en la carta alertan sobre lo que consideran una de “las principales estrategias mundialmente implementadas” por las tabacaleras y que consiste en “minar los proyectos legislativos eficaces en el nivel nacional y promover la sanción de leyes débiles ajustadas a sus necesidades comerciales y que deterioren los éxitos legislativos en el nivel municipal o provincial”.
En la Cámara de Diputados también el lobby tabacalero ha sido intenso. Desde fines del año pasado, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Héctor Sylvestre Begnis, hace malabares para lograr consensuar un proyecto potable con la Comisión de Prevención de Adicciones. Alineado con González García en la lucha antitabaco, este kirchnerista fue ministro de Salud de Santa Fe, desde donde impulsó la sanción de una ley antitabaco “dura” en su provincia. En diálogo con Página/12 aseguró que se está cerca de acordar un dictamen y votarlo en la Cámara de Diputados. La misma esperanza había manifestado en noviembre. Pero no tuvo éxito. ¿Lo tendrá ahora?
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