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Aunque la Legislatura porteña sancionó en general el nuevo Régimen Procesal Juvenil, la norma que regula los procesos judiciales contra chicos de entre 16 y 18 años, la norma no puede entrar en vigencia porque los legisladores no se pueden poner de acuerdo en dos artículos que quedaron pendientes: si se debe aplicar o no prisión preventiva a los menores, y si la mediación, como alternativa de resolución de conflictos, puede aplicarse a todos los casos o deben excluirse los delitos contra la integridad sexual o la vida. “No puede haber mediación entre un abusador y su víctima”, aseguró una diputada kirchnerista, mostrando una de las aristas que se debatirán hoy en la Legislatura, que pretende convertir ese cuerpo normativo en ley.
Los legisladores quieren aprobar hoy el Régimen Procesal Juvenil pendiente, ya que ayer entró en vigencia el Código Procesal Penal de la Ciudad, que si bien es un conjunto de normas garantistas, no contempla la situación especial de los menores. Es decir que desde ayer, todos los menores sometidos a proceso penal serán juzgados por el Código de mayores.
Los legisladores kirchneristas y macristas acordaron que la prisión preventiva será aplicada “sólo para delitos con penas mayores a los tres años de prisión y no podrá ser mayor a los 60 días”, dijo a Página/12 la diputada Ivana Centanaro (Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Justicia. El ARI es partidario de que no se aplique la prisión preventiva a menores, al igual que los diputados Martín Hourest y Alejandro Rabinovich.
El otro punto conflictivo es el de la mediación, en el que se produce la misma división: el ARI sostiene que todos los casos penales pueden ser incluidos en esa alternativa, mientras que los kirchneristas quieren establecer excepciones para los casos de violencia familiar, abuso sexual y delitos contra la vida.
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