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Domingo, 16 de noviembre de 2003
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Por Fernando Krakowiak

Un relevamiento del Ministerio de Salud, al que tuvo acceso Cash, revela que desde la devaluación los 68 remedios de marca más vendidos del país aumentaron en promedio un 50,9 por ciento, casi 10 puntos por encima de la inflación acumulada durante el mismo período. El mayor porcentaje de la suba se concentró en el 2002, cuando la inflación todavía amenazaba con convertirse en hiper, dejando al 42 por ciento de la población sin acceso al mercado de medicamentos. Para atender a los excluidos el Gobierno implementó un plan de distribución gratuita de remedios. Al mismo tiempo decidió intervenir en el mercado a partir de la sanción de una ley de genéricos que buscó impulsar una “guerra de precios”. Sin embargo, en lo que va del año, los fármacos subieron en promedio un 3,4 por ciento, posicionándose levemente por encima del índice de precios al consumidor, pues los laboratorios han ido encontrando las estrategias para preservar su renta sin competir.
En el Ministerio de Salud afirman que si la ley no se hubiera sancionado el aumento habría sido mayor. Ponen como ejemplo la década del ‘90 cuando el precio promedio de los medicamentos subió más de 100 por ciento en un período de estabilidad debido a la estructura oligopólica y la libertad de mercado. No obstante, el Gobierno no decidió incentivar la producción de genéricos, como sucede en Brasil, España, Alemania y Estados Unidos. Lo que se hizo fue promocionar la prescripción de los fármacos por su nombre genérico para que la población solicite los principios activos en lugar de las marcas obligando a las empresas a diferenciarse por precio y no por publicidad como lo hicieron durante los ‘90. “Nosotros buscamos convertir todos los medicamentos en genéricos” afirmó a Cash Federico Tobar, coordinador del Programa Remediar y ex jefe de Gabinete del Ministro de Salud Ginés González García. Por lo tanto, el porcentaje del gasto en genéricos sin marca sobre el total del gasto en medicamentos se mantuvo durante el 2003 en el 3,3 por ciento, un porcentaje bajo si se lo compara con otros países productores de genéricos. En Alemania representa el 19 por ciento del gasto en medicamentos, en Canadá el 13 por ciento, en Estados Unidos el 8 por ciento y en Brasil el 6 por ciento.
Al no impulsar la conformación de un nuevo mercado de genéricos, el Gobierno corre el riesgo de que la competencia de precios quede neutralizada debido a la alta concentración existente en una industria que mueve cerca de 6000 millones de pesos anuales entre laboratorios, droguerías y farmacias. En el país operan 280 laboratorios. Los diez primeros se reparten el 40 por ciento de las ventas. Pero cuando se analizan mercados de productos similares la concentración es mucho mayor. En un informe elaborado para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Santiago Urbiztondo y Mónica Paradeiros, advirtieron hace un par de años que si se analiza la concentración por área terapéutica “la proporción que detenta el laboratorio líder se amplifica notablemente, llegando en algunos casos a explicar casi la totalidad de las ventas del segmento”. En esos nichos del mercado la competencia seguirá siendo escasa a no ser que el Estado incentive una producción alternativa.
En los sectores donde sí podría haber competencia, los laboratorios se resisten a convalidarla dejando en evidencia una notable dispersión de precios. La ranitidina de 150 mg disponible en paquetes de 30 comprimidos es ofrecida por nueve laboratorios y su precio varía de 8 a 38 pesos en farmacias. Una diferencia de 375 por ciento que sólo es posible sostener si los que cobran más caro siguen apostando a que los pacientes que requieren un antiulceroso soliciten, por ejemplo, el medicamento Aludrox, de Bagó, en lugar de mencionar la droga. Lo mismo ocurre con el antihipertensivo Enalapril. La caja de 30 comprimidos de 20 mg es ofrecida por once laboratorios y la diferencia de precios alcanza el 145 porciento. En ese caso quien apuesta a que los pacientes sigan pidiendo la marca Renitec del laboratorio Merk.
La ley obliga a prescribir recetas por nombre genérico, pero la disposición no siempre se cumple. El principal freno provino del PAMI, donde se negaron durante casi un año a recetar por principio activo en lugar de marca. La obra social de los jubilados concentra el 28 por ciento de la compra total de medicamentos para abastecer a 3,4 millones de afiliados, siendo el principal jugador del mercado. Su decisión estuvo influida por las cámaras de la industria, que son las proveedoras y las principales acreedoras de la deuda que tiene la obra social. Luego de la intervención impulsada por el Gobierno de Néstor Kirchner se renegoció un nuevo contrato con la industria. Alberto Echazarreta, subgerente de medicamentos de PAMI, aseguró a Cash que “ahora el contrato exige la prescripción por genéricos”.
La cantidad de recetas donde figura el nombre de la droga creció. La Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria, realizó tres encuestas a lo largo del año entre compradores de medicamentos en farmacias. Allí se pudo constatar que el porcentaje de recetas por genérico aumentó del 57 al 71 por ciento entre febrero y agosto. No obstante, la encuesta indica que cuando el médico sugiere una marca apenas el 5 por ciento de los farmacéuticos modifica la opción por una alternativa más económica.
A su vez, hay quienes afirman que para bloquear la competencia no hace falta negarse a recetar por genérico, ya que la oferta de medicamentos disponible para el afiliado también se puede recortar al momento de confeccionar los vademecum de las obras sociales. Si las marcas más baratas quedan excluidas de los descuentos, de nada sirve que el médico ponga sólo el nombre de la droga en la receta. Lo mismo ocurre en el caso de las prepagas, a quienes los grandes laboratorios les hacen un descuento del porcentaje que les toca cubrir por la compra de medicamentos a cambio de tener una mayor incidencia en la confección de los listados de productos. La industria también ofrece descuentos de entre 30 por ciento y 40 por ciento a cualquier persona a través de Vale Salud o Recetario Solidario, pero sólo para comprar remedios que están incluidos en el vademecum conformado para ese bono. Los laboratorios y farmacias adheridas financian el descuento con una parte de sus ingresos. Para Carlos Vasallo, subjefe del Departamento de Economía del Instituto Isalud “los descuentos se realizan para seguir sosteniendo un mercado de marcas que se ha convertido en una bandera que no entregará la industria”.
La defensa de las marcas expresa la disputa por los márgenes de rentabilidad. Hasta ahora los laboratorios cedieron una parte de sus ganancias para defender el control del negocio. El Estado podría favorecer una mayor baja de precios si decidiera intervenir organizando su poder de compra o incentivando una mayor producción de genéricos. Por ahora en el Ministerio de Salud se conforman con haber emparejado los precios de los medicamentos con la inflación minorista luego de una década de extraordinarias ganancias para la industria. Fue una medida necesaria, pero insuficiente si se toma en cuenta el deteriorado poder adquisitivo de la población.

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