Domingo, 6 de junio de 2004

Por Matías Pon *

El default de la deuda del Estado nacional y la renegociación con los acreedores pusieron en el centro del debate político la cuestión de la carga que representa la deuda pública para el fisco. Sin embargo, no ha recibido similar atención el tratamiento dado a las deudas públicas provinciales en dólares post convertibilidad: no existió un default provincial generalizado. La mayor parte de ellas está siendo puntualmente pagada a dólar libre o ha sido refinanciada en condiciones ventajosas para los acreedores.
Con el vertiginoso crecimiento del endeudamiento provincial a partir del régimen de Convertibilidad, las provincias llegaron a fines del 2001 con una deuda de unos 30.000 millones de pesos-dólares. Con la devaluación, las deudas provinciales crecieron más del doble. En junio de 2003 ascendían a 67.700 millones de pesos (excluyendo deuda flotante) de los cuales 25.700 millones correspondían a la Provincia de Buenos Aires. Esto se debe al tratamiento legal otorgado a las deudas en dólares.
Por un lado las deudas en dólares bajo jurisdicción extranjera quedaron excluidas de la pesificación y se ajustaron por el tipo de cambio libre. La mayor parte de las provincias continuó con el pago de estas deudas o ha conseguido algunas tibias disminuciones de tasa y alargamiento de plazos. También se pagan a dólar libre las deudas con los organismos internacionales. Se acordó que recibirían el mismo tratamiento que las que renegocie la Nación con ellos, situación que no varió al adjudicarles el status de acreedor privilegiado. Inicialmente la Nación se hizo cargo transitoriamente de su pago y con posterioridad las provincias retomaron sus obligaciones.
Por otro lado, las deudas públicas provinciales y municipales en dólares bajo jurisdicción nacional se pesificaron a 1,40 y se ajustaron por el CER, con una tasa del 4 por ciento anual. Este tipo de deudas fue en su mayor parte incorporada al Canje de Deuda Provincial, iniciado en noviembre de 2001, suspendido e instrumentado a lo largo de 2003, adaptado a las nuevas circunstancias post-devaluación.
Como efecto de las medidas descriptas, la deuda provincial en junio de 2003 quedó compuesta por: Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial-FFDP (originada principalmente en el canje), 36.900 millones de pesos (54,5 por ciento); bonos, 17.600 millones de pesos (26,07 por ciento); organismos multilaterales, 8900 millones de pesos (13,23 por ciento); y otros, 4100 millones de pesos (6,17 por ciento). El canje consistió en que el Estado nacional (a través del FFDP) asumió las deudas provinciales instrumentadas en títulos públicos, bonos, letras o préstamos, las que se convirtieron voluntariamente en Bonos Garantizados (a 16 años de plazo, con tres de gracia, en pesos, saldo de capital ajustable por el CER y tasa de interés del 2 por ciento anual). En paralelo, las provincias participantes asumieron la deuda resultante de la conversión con el FFDP y la garantizaron con la afectación automática de hasta el 15 por ciento de sus recursos coparticipables. Estos bonos cuentan con garantía subsidiaria de la Nación cuando los vencimientos excedan el tope afectado. En este caso, el Estado nacional compensará estos desembolsos con las deudas exigibles que mantenga con las provincias.
Es importante resaltar que esta refinanciación cambia la naturaleza de los acreedores. Esto es perjudicial para las provincias ya que a diferencia de los acreedores privados, la Nación dispone de variados mecanismos para cobrar sus deudas con las provincias.
El canje de deuda fue una salida muy conveniente para los acreedores. En primer lugar mantiene la cláusula indexatoria con el CER, que tornará a las provincias en deudores eternos. En segundo lugar pasaron a ser acreedores de las deudas “privilegiadas” por la Nación, ocasionadas post– devaluación que quedaron fuera del default. En tercer lugar por la amenaza latente de un generalizado default provincial. En cambio es incomprensible la extendida política de los gobiernos provinciales que, contrariando sus intereses, optaron por el pago a rajatabla o la refinanciación desventajosa de su deuda. Estos no utilizaron en su favor para mejorar su posición negociadora: el contexto legal de “emergencia pública” y el “default nacional”, la renuencia lógica de los acreedores de afrontar los costos de prolongados litigios y las dificultades para ejecutar las garantías sobre el patrimonio provincial.

* Magister en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales.

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