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La decisi贸n de Loter铆a Nacional de prorrogar por dos a帽os las concesiones de los cinco bingos de la Capital reflot贸 la hist贸rica disputa que mantienen el gobierno nacional y el porte帽o por el control del juego en la Ciudad, un negocio que mueve 1000 millones de pesos anuales s贸lo de ganancia bruta. En esta oportunidad, las salas de la tradicional loter铆a familiar fueron el factor desencadenante. Sin embargo, el verdadero negocio son las m谩quinas tragamonedas que funcionan en el Hip贸dromo de Palermo y en el Barco Casino y que en el futuro podr铆an instalarse incluso en los bingos.
En el Hip贸dromo de Palermo las carreras de caballos eran la m谩xima atracci贸n hasta que en septiembre de 2002 Loter铆a Nacional autoriz贸 la instalaci贸n de las tragamonedas a trav茅s de la resoluci贸n 99. En un comienzo fueron apenas 70 m谩quinas. Luego la cifra se fue ampliando hasta que en julio del a帽o pasado el entonces presidente de Loter铆a Nacional, Waldo Far铆as, ampli贸 el permiso hasta un m谩ximo de 3000. Cash recorri贸 el Hip贸dromo durante la semana y pudo comprobar que actualmente funcionan cerca de 2400 tragamonedas distribuidas en los subsuelos de la Tribuna Oficial y de la Tribuna Especial y en la coqueta Confiter铆a Par铆s, conformando el complejo de juegos de apuestas m谩s grande del pa铆s.
Fuentes del sector aseguraron a este suplemento que esas m谩quinas generan una ganancia bruta de casi 450 millones de pesos por a帽o. El 30 por ciento lo recibe el Estado y el 70 por ciento restante queda en manos de la empresa privada Hip贸dromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), propiedad de Federico de Ach谩val, empresario de turf, y del patag贸nico Crist贸bal L贸pez, propietario de los casinos de Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Hapsa gan贸 la concesi贸n del Hip贸dromo en agosto de 1992 para explotar las carreras de caballos hasta el 2017, pero las m谩quinas incorporadas hace tres a帽os cambiaron radicalmente la naturaleza del negocio, violando la seguridad jur铆dica de las dem谩s empresas que se presentaron a la licitaci贸n inicial, pues en el contrato original no figura el permiso para explotar tragamonedas. Adem谩s, la ley porte帽a 538 proh铆be expresamente el funcionamiento de esas m谩quinas en la Ciudad.
La otra gallina de los huevos de oro es el Barco Casino de Puerto Madero donde funcionan cerca de 800 tragamonedas. La ganancia bruta que genera el barco est谩 cerca de los 420 millones de pesos anuales, incluyendo las ruletas y los juegos de cartas. El 20 por ciento va a manos del Estado y el 80 por ciento restante queda en poder del grupo espa帽ol Cirsa. En este caso tambi茅n se viola la legislaci贸n de la Ciudad, pero aqu铆 es m谩s complejo porque en 1999 el entonces presidente Carlos Menem autoriz贸 su funcionamiento en aguas del R铆o de la Plata para intentar eludir la prohibici贸n vigente en la Ciudad. La inauguraci贸n fue el 8 de octubre de 1999 en medio de un esc谩ndalo que incluy贸 su clausura por parte del gobierno porte帽o, pero el juez federal Luis Mar铆a M谩rquez dio lugar a un recurso de amparo de la empresa Cirsa y dispuso que no se pod铆a cerrar el barco. Desde entonces, cada vez que la Justicia porte帽a orden贸 clausurar el casino la Justicia Federal se interpuso haciendo valer la medida de no innovar dictada por el juez M谩rquez. Una situaci贸n similar se repiti贸 en el caso del Hip贸dromo de Palermo desde que se instalaron las tragamonedas.
En octubre de 2003 la disputa entre el gobierno nacional y el porte帽o pareci贸 cerrarse cuando firmaron un convenio para repartirse en partes iguales los ingresos generados por el juego en la Ciudad. All铆 el gobierno de An铆bal Ibarra reconoci贸 鈥渓a exclusividad de Loter铆a en la explotaci贸n, comercializaci贸n y fiscalizaci贸n de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas que 茅sta viene desarrollando en el 谩mbito local hasta la fecha鈥. La Legislatura ratific贸 el convenio en noviembre de 2003, pero el juez porte帽o Roberto Gallardo declar贸 inconstitucional el convenio y la ley ratificatoria. El abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans afirm贸 a Cash que el fallo es inobjetable porque la Constituci贸n de la Ciudad establece que el juego es facultad del gobierno porte帽o, pero el Barco Casino y el Hip贸dromo contin煤an obteniendo fortunas gracias a la medida de no innovar dispuesta por el juez federal M谩rquez. Ahora la disputa se extendi贸 a los bingos y todo indica que la palabra definitiva la deber谩 dar la Corte Suprema de Justicia. Como antecedente de lo que puede venir vale recordar que el 27 de mayo de 2003 el procurador general de la Naci贸n emiti贸 un dictamen asesorando a la Corte donde afirm贸 que el tema del juego no era nacional sino local.
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