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Por Federico Simonetti
Con una superficie de 21 kilómetros cuadrados, similar a la del barrio de Palermo, la República de Nauru está enclavada sobre un pequeño arrecife del Océano Pacífico. Históricamente sufrió las expediciones coloniales de ingleses, alemanes y australianos que arribaban a sus costas para explotar las canteras de fosfato. Cuando la isla consiguió su independencia, en 1968, su economía estaba amenazada por la escasez de ese recurso natural. Sin embargo en los ‘90 llegaría la solución para Nauru: hoy es un modesto centro financiero extraterritorial (offshore), con alrededor de 400 bancos que les permiten a sus 13 mil habitantes un aceptable nivel de vida.
Los paraísos fiscales proliferaron por el mundo en los últimos 30 años debido a la libre movilidad de capitales. El efecto directo fue la fuga de considerables sumas de millonarios y corporaciones internacionales hacia lugares donde prácticamente no tienen que pagar impuestos. Las Naciones Unidas llegaron a contabilizar 74 centros financieros extraterritoriales, entre los que se destacan: Bahamas, Islas Cayman, Bermuda, Isla de Man, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
“Para atraer a grandes depositantes, los paraísos fiscales ofrecen a sus clientes total libertad para el movimiento de capitales, ausencia de cualquier tipo de regulaciones o encajes, y estricto secreto bancario”, señaló a este suplemento Néstor R. Deppeler (h), abogado argentino especialista en derecho comercial. “El anonimato de los titulares de las cuentas garantizó no sólo depósitos de aquellos que buscaban evadir impuestos, sino que paulatinamente los paraísos fiscales también comenzaron a custodiar fondos de actividades delictivas como el narcotráfico y los provenientes de la corrupción política”, explicó.
El negocio de la banca offshore y el lavado de dinero como principal actividad económica llevó a varios países a conseguir extraños records. Un ejemplo son las Islas Cayman, que tienen un promedio de tres bancos por metro cuadrado y su población se jacta de ser el país con mayor cantidad de aparatos de fax por habitante. Ser paraíso fiscal no es una actividad exclusiva del Tercer Mundo tropical. El aristocrático principado de Liechtenstein, en el corazón de Europa, tiene 35.000 habitantes y unas 70.000 compañías radicadas en su registro de sociedades, un promedio de 2 por habitante. Más conocido aquí es el caso de Uruguay. El abogado Fabián Rodríguez Simón en su libro La crisis bancaria y la operatoria offshore menciona que a mediados de los ‘90 “el 38% de los fondos del sistema financiero uruguayo, unos 2273 millones de dólares, pertenecían a inversores argentinos”.
Además de las ventajas jurídicas, para resultar atractivos a sus clientes los paraísos fiscales también deben presentar una serie de ventajas extrajudiciales. Rodríguez Simón destaca la cercanía de los grandes centros financieros, un alto grado de tecnología en comunicaciones, capacidad y calidad hotelera y un buen nivel cultural de la población. En algunos casos también se encuentran filiales de los principales estudios jurídicos y contables del mundo: Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, KPMG, etc.
En la actualidad los paraísos fiscales representan el 1,2 por ciento de la población y cerca del 26 por ciento de los activos mundiales. Según un informe del ex funcionario del FMI Vito Tanzi, los centros financieros extraterritoriales retienen más de 5 billones de dólares, un tercio del PIB mundial. La organización internacional humanitaria Oxfam estimó que los paraísos fiscales han contribuido a pérdidas en la renta (ingresos tributarios) de los países en desarrollo por unos 50.000 millones de dólares.
Después de las crisis financieras de la década pasada, varios países desarrollados comenzaron a mirar con preocupación a los paraísos fiscales. Aunque no encontraron relación directa con las convulsiones de los mercados, les asignaron el eufemismo de “no favorecer a la estabilidad global”. De ese modo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)elaboró en el 2000 una lista de 35 países con “prácticas fiscales nocivas”, y los encuadró bajo el rótulo de “Estados no colaboradores” y “Estados observados”. En su informe 2005 el GAFI menciona sólo a tres países observados: Myanmar, Nauru y Nigeria. Una parte sustantiva de los estados que el GAFI removió de sus listas fue bajo promesa de corregir sus prácticas fiscales al 31 de diciembre de 2005. Muchos de esos territorios tienen una relación directa de dependencia con los principales centros financieros: por caso, países integrantes del Commonwealth británico o la influencia que ejercen los Estados Unidos sobre Las Bahamas o la isla de Guam. “Los que protegen o de algún modo gobiernan directamente esos paraísos fiscales son los que obligan a los países no desarrollados a sancionar leyes contra el lavado de dinero. Es haz lo que yo digo y yo hago lo que quiero”, concluyó Deppeler.
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