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Hay una parte de la deuda externa que todavía falta reestructurar y que el Gobierno se apresta a negociar casi ocho meses después de concluido el canje de los bonos en default. Sus tenedores no son fondos buitre, ni jubilados japoneses, ni pequeños inversores italianos, sino nada más y nada menos que las principales potencias del mundo, sus bancos y sus grandes compañías. Las primeras señales del Ministerio de Economía hacia este grupo de acreedores se emitieron el mes pasado, mientras los bonistas que no aceptaron el canje (holdouts, en la jerga financiera) siguen presionando por distintas vías para obtener mejores condiciones de pago. También hubo sondeos preliminares en las últimas semanas en medio de un hermetismo total, según pudo establecer Cash en fuentes del Palacio de Hacienda. Los países prestamistas –nucleados en el Club de París– podrían aceptar por primera vez en su historia una quita nominal en la deuda de una nación de desarrollo medio, si deciden respetar el criterio de admitir ellos mismos unas condiciones de refinanciación similares a las de los bonistas que ingresaron al canje. Sin embargo, la mayoría de los economistas coincide en que los técnicos del Club recién se sentarán a negociar en firme cuando la Argentina esté a las puertas de un acuerdo con el Fondo Monetario.
Según cifras oficiales, la deuda pública con estos acreedores asciende a 7336,2 millones de dólares, de los cuales 4425,5 millones ya vencieron y entraron en mora entre diciembre del 2001 y junio de este año. Del total, sólo 2604,1 millones se corresponden con préstamos bilaterales extendidos de gobierno a gobierno y negociados bajo las normas del Club de París, pese a que ese renglón de la contabilidad oficial de la deuda se titula “Club de París y resto”. El “resto” son pasivos contraídos por organismos y reparticiones públicas argentinas ante la banca privada extranjera o ante agencias de financiamiento de los gobiernos centrales. También hay créditos al Tesoro nacional otorgados por las mismas instituciones y saldos del Gobierno con proveedores internacionales. Su origen se remonta a los rojos comerciales de los años ’70, renegociados varias veces durante las últimas tres décadas.
El ministro Roberto Lavagna habló en público de estas deudas el mes pasado, tras su regreso de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario y el Banco Mundial. En ese plenario, su par chileno Nicolás Eyzaguirre había leído un discurso en nombre de varios países, incluyendo la Argentina, y había adelantado que “el Gobierno argentino espera formular una estrategia para atender el tema de los holdouts en el marco del programa con el Fondo”. Sus declaraciones tuvieron una fuerte repercusión en el mundillo de las finanzas debido a que el Ejecutivo nunca antes había aceptado sentarse a discutir con los holdouts, que tienen en sus carteras unos 20 mil millones de dólares en títulos impagos. Lavagna debió salir a aclarar entonces que “los holdouts que están mencionados en el marco del programa con el FMI no son los privados sino aquellos como el Club de París u otros acuerdos bilaterales, como por ejemplo, los mil millones de dólares que la Argentina recibió de España antes de la crisis”.
Los primeros contactos de la Secretaría de Finanzas con los gobiernos de los países centrales para empezar a discutir el repago de estas deudas se produjeron durante aquella asamblea anual del FMI y en el encuentro del G-20 que se realizó en China dos semanas atrás. “Es muy probable que haya habido conversaciones en esos dos encuentros –dijo a Cash el vocero de Lavagna, Armando Torres–, pero esto es una negociación y sólo daremos detalles cuando haya terminado.” El funcionario subrayó además que el proyecto de Presupuesto girado al Congreso por Economía incluye un pedido de autorización a los legisladores para regularizar los pagos de las deudas bilaterales a lo largo del 2006. El pedido figura en los artículos 40 y 43 del texto que publicó el Palacio de Hacienda en su página de Internet. Las señales pueden haber sido sutiles, pero conformaron a varios gobiernos europeos, que figuran como los principales acreedores de la deuda bilateral todavía en cesación de pagos. Una de las que tomó nota del gesto fue la encargada de negocios de la Embajada de Alemania, Janina Markewitsch. “Nosotros tenemos la impresión de que el gobierno está interesado en avanzar con las negociaciones que ya empezaron entre la Argentina y los países acreedores, y con los funcionarios del Club de París. Si quieren seguir en el camino de la normalización financiera del país, es importante que lo hagan”, dijo a Cash la diplomática teutona. “Todavía no hubo ofertas concretas, pero es demasiado temprano para eso”, agregó.
Ahora bien: ¿por qué tanto interés en que se regularicen los pagos al Club de París? Queda claro que la flamante canciller Angela Merkel no está pendiente de las remesas argentinas para cerrar el presupuesto de la Bundesrepublik, y que al español José Luis Rodríguez Zapatero tampoco le quita el sueño la vuelta de los mil millones que puso el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el blindaje. Lo que ocurre es que la continuidad de ese default dispara mecanismos automáticos de restricción del crédito, y cierra en particular el grifo de los seguros de inversiones y exportaciones que ofrecen la mayoría de los gobiernos europeos a sus empresas, que les sirven a éstas para reducir sus riesgos y así sus costos financieros. Alemania ya habilitó el año pasado sus garantías Hermes para las operaciones con empresas privadas argentinas, pero no pudo hacerlo aún para las operaciones con el gobierno por el nivel de riesgo que eso implicaría. Así, los más beneficiados, si se regularizaran los pagos, serían los empresarios de los países acreedores, ansiosos por hacer negocios con un país que creció a ritmo chino en los últimos dos años y medio.
Para algunos economistas, la Argentina podría aprovechar esa situación a fin de exigir mejores condiciones de refinanciación, e incluso imponer quitas nominales. Uno de los que piensa así es Daniel Marx, artífice del megacanje del 2001 y ex negociador de la deuda a lo largo de los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa (ver aparte). El financista no consiguió quita alguna en la última renegociación con el Club de París –que capitaneó a mediados de 1992 en simultáneo con el Plan Brady–, pero cree que esta vez la Argentina puede ser un caso excepcional. Según explicó a Cash, su opinión se basa en la doctrina de “comparabilidad de tratamientos”, según la cual los países acreedores suelen aceptar condiciones similares a las que ya admitieron los bonistas que ingresaron al canje, sobre todo si la adhesión fue del 76 por ciento.
El investigador Alejandro Vanoli, del Plan Fénix, opinó ante este suplemento que el Gobierno podría pedir un tratamiento similar al que ofrece la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y así acceder a una quita nominal.
Las tratativas aun avanzaron otro tanto, pero el argumento podría servir para evitar que surja otro grupo de acreedores privilegiados, como fueron hasta ahora los organismos multilaterales de crédito.
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