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Los abundantes petrodólares venezolanos, junto a la empatía política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, arrimaron a muchas empresas argentinas casi a las puertas del paraíso. O, al menos, a la posibilidad de hacer negocios hasta hace poco impensados, como el salvataje financiero de SanCor o el renacer de Astilleros Río Santiago, que construye dos buques petroleros por 58 millones de dólares cada uno. Una prueba de ese creciente vínculo es que en cuatro años se triplicó el superávit comercial a favor de Buenos Aires, que cada vez le vende más y más variados productos a Caracas. Así consiguió en el último año un saldo a su favor superior a los 700 millones de dólares vendiendo desde carne a hardware hospitalario. Argentina también se perfila como una destacada proveedora de tecnología al país caribeño, que utilizará inteligencia local para construir viviendas sociales, desarrollar la industria metalmecánica o para sembrar soja. El plan chavista para reemplazar gradualmente las naftas por el gas natural comprimido e invertir 1850 millones de dólares en la industria del GNC habilitó la formación de empresas mixtas con socios argentinos. Al calor de este maridaje económico, en este extremo del continente se entusiasman desde pymes hasta los exitosos de siempre, listado encabezado por Techint, al que se fueron sumando Roggio, Cartellone, Pescarmona, Grobocopatel, Cirigliano y Macri, entre otros.
Esta favorable perspectiva fue minando los prejuicios que muchos empresarios locales tienen respecto de la administración chavista. La presunta hostilidad del mandatario venezolano hacia el capital privado no talla cuando se trata de celebrar contratos de servicio, como el cerrado por Gustavo Grobocopatel, que proveerá know how para que Venezuela se autoabastezca de soja y otros cereales en cuatro años.
También se archivó la “ideología” cuando la mendocina Impsa consigue colarse en el emprendimiento hidroeléctrico Macagua I y, posiblemente, Macagua II, represas a orillas del río Carolín a las que proveerá turbinas por más de 100 millones de dólares en cada caso. Desde que consiguió el primer contrato, Enrique Pescarmona hasta eludió con esmero cualquier crítica a la política kirchnerista, consciente de que su logro fue favorecido por la gestión del Gobierno. Finalmente, tanto en este caso como en el de Grobocopatel, no se trata de invertir a riesgo bajo las pautas del Palacio Miraflores sino de venderle bienes o servicios.
El otro estímulo que tienen las empresas locales es la posibilidad de hacer buenos negocios con el dinero de ambos estados. Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista argentino, compra para las generadoras fueloil y gasoil a Venezuela, cuyo pago integra un fondo fiduciario administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de aquel país. En los dos últimos años, allí se acumularon poco más de 390 millones de dólares que, en virtud del Convenio Integral de Cooperación firmado el 6 de abril del 2004, deben ser utilizados para la compra de productos argentinos.
Así Medix pudo lo que nunca: exportar incubadoras por 23 millones de dólares; otros 50 millones fueron capturados por las grúas de Hidroé y 113 se los llevaron los fabricantes de maquinaria agrícola. Una lista de operaciones que también incluyó ganado en pie, los ascensores de Servas o el software provisto por la filial local de Philips, entre otras.
Las operaciones hechas en ese marco tienen algunos alicientes adicionales, como que Venezuela adelanta el 30 por ciento del valor a su proveedor argentino, que por esta vía consigue prefinanciarse. Amén que el Estado venezolano puede reforzar el fideicomiso con recursos propios a voluntad, sin esperar que Argentina le compre más combustible. El presupuesto local para este año contempla unos 230 millones de dólares para la compra de carburante venezolano que nutrirán ese fondo utilizado para comprar productos argentinos. Pero si Chávez tuviera el ánimo de promover las importaciones desde este extremo sur del continente, puede asignar una partida extra en cualquier momento.
El convenio es un marco auspicioso, pero superado por la prolífica relación bilateral. De hecho, no se honró estrictamente la pauta original de usar el fondo para importar productos “agropecuarios y petroenergéticos” argentinos porque, en este último caso, la competencia de los norteamericanos resultó insuperable. Pero sí se vendieron alimentos por fuera de este esquema a la estatal venezolana Coordinadora de Abastecimiento de Servicios Alimentarios. Otra vía alternativa ha sido la singular operación cerrada con SanCor por la cual la cooperativa fundada en Santa Fe repagará con leche en polvo el préstamo de 135 millones de dólares otorgado por aquel país.
La nutrida comitiva empresaria que acompañó en febrero al presidente argentino a Puerto Ordaz se explica por el amplio abanico de negocios que se está desplegando ante las firmas locales, a veces más prometedores que los que pueden en su propia tierra. El del GNC es un caso testigo. Venezuela encaró un ambicioso plan para reconvertir a gas natural comprimido los vehículos particulares y todo el transporte público, incluida la flota oficial, de un total superior a los 600 mil vehículos. La meta es llegar en el 2009 a propulsar con GNC 312 mil unidades, número que podría duplicarse un poco después. De esa manera, los venezolanos irían liberando el petróleo y sus derivados para la exportación. El gas es igualmente abundante pero difícil de aprovechar si no se consume internamente. Con ese objetivo, Pdvsa asignó 1850 millones de dólares al desarrollo un parque industrial del rubro. Las fábricas mixtas de kits y compresores a integrar con socios argentinos privados reservarán a la petrolera el 51 por ciento en todos los casos y, en algunos, ésta será la única aportante de capital. El programa oficial prevé que ese país regalará los equipos de gas a los automovilistas venezolanos, que comprarán el GNC por un valor casi simbólico.
Otro beneficiario de este amplio programa es Claudio Cirigliano, dueño del Grupo Plaza y operador de Trenes de Buenos Aires. Tatsa (Tecnología Avanzada de Transporte Sociedad Anónima), su fábrica de carrocería radicada en San Martín, está preparando un prototipo de colectivo propulsado a gas que, de conquistar el aval venezolano, activará un programa de fabricación de 1000 unidades para aquel mercado.
Tampoco se quedan atrás los constructores. Aldo Roggio viajó con Kirchner en representación de la Cámara Argentina de la Construcción junto a otros socios como Iecsa (grupo Macri), Homa, Cartellone, Pescarmona y Electroingeniería, flamante socia de Enarsa para Transener. Este renglón de la movida patronal se fundó en el afán de analizar cómo sumarse al plan venezolano de construir 180 mil viviendas sociales por año y subsanar un déficit de 2,5 millones de casas. El Instituto Social de Venezuela tiene el presupuesto pero no la tecnología ni la capacidad de gerenciarla y ahí tallan las firmas locales. El otro gran anzuelo es el amplio programa de infraestructura, al que algunos locales consiguieron sumarse disputándoles el negocio a otras firmas, como la brasileña Oberdrech o la italiana Impregilo.
El conocimiento local es a los venezolanos tan atractivo como para los argentinos su subsuelo pródigo en hidrocarburos. En esta creciente venta de tecnología también interviene activamente el Estado, a través de empresas como Invap, que provee hardware para usos medicinales, y organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTA hizo punta con un asesoramiento para mejorar los rindes agrarios que complementará al de Los Grobo. Entre otros aportes, el INTI auxiliará a Chávez a desarrollar la industria metalúrgica aguas abajo para aprovechar allí mismo el acero que produce Sidor, de Techint, argentina pionera en este desembarco en tierra de Chávez.
Venezuela no sólo es para la Argentina una buena alternativa para ampliar la frontera de los negocios privados sino, básicamente, el reaseguro de conseguir combustible en la cantidad y momento que lo precise, eso sí, a riguroso precio de mercado. Otra buena chance, quizá más contundente, es la incipiente apertura de la riquísima Faja del Orinoco a la estatal Enarsa que, a pesar de la escasez de capital para explotar el subsuelo argentino, está a punto de trasnacionalizarse de la mano de Pdvsa. Los detalles de esta comunión entre las dos empresas estatales aún no están definidos, pero hay dos cuestiones fuera de duda: que la administración de Hugo Chávez formalizó el convite y que cualquier emprendimiento en la Faja entrañará muchos cientos de millones de dólares de inversión.
Procesar el petróleo extra pesado venezolano implicaría también la construcción de una refinería cuyo valor supera los 2 mil millones de dólares. Montos difíciles para Enarsa, cuyo principal capital hoy es un intangible, como el derecho para explorar y explotar áreas offshore en la costa argentina. Conociendo esa restricción, algunas petroleras privadas que operan en el mercado local ya le acercaron a Julio De Vido la idea de asociarse a la empresa pública para aportar dinero.
La asociación es una fórmula recurrente a la que apela Pdvsa para el área de hidrocarburos, ahora con el fin de que el Estado gane participación en ese rubro vital para su economía.
Bajo la amenaza cierta de tomar las plantas de producción, Chávez obligó a reconvertir un grupo de contratos de servicios con las petroleras privadas, que habían sido celebrados por anteriores gobiernos. La fórmula impuesta le da a Pdvsa la mayoría accionaria, con el 60 por ciento. A cambio, sus socios tienen un acuerdo por más plazo que el original y pueden disponer libremente del 40 por ciento del crudo que produzcan. Casi todas aceptaron las nuevas condiciones impuestas, salvo la norteamericana Exxon, que vendió su contrato; la italiana Eni, que acudió al Ciadi; y la francesa Total, cuyo campo fue tomado. Un proceso similar está comenzando en la Faja, zona a la que Enarsa fue invitada.
Estos vericuetos negociadores son bien conocidos por Techint, que a través de Tecpetrol opera varias áreas en Venezuela con contratos reconvertidos. El holding de la familia Rocca también conoce el paño a través de la acería Sidor, con la que el destino le dio oportunidad de un desquite. El grupo había construido esa planta en la década del ‘70, a través de un contrato de obra pública que, inflación mediante, le resultó un negocio pésimo. Años después, y privatización mediante, la trasnacional argentina se alzó con la planta como adjudicataria. A fines de 2006 se avino a la exigencia chavista de pagar muy por encima del valor de contrato el hierro que le compra a la estatal Ferrominera. Aun así, Paolo se muestra como un inversor entusiasta en Venezuela.
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