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Para calcular el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el Indec está empleando una nueva metodología que no se compadece con las mejores prácticas estadísticas en la materia. Se han sustituido los precios reales relevados por los encuestadores, por precios oficiales. La nueva metodología de cálculo del IPC subestima la inflación real. Pronto conoceremos además del “IPC oficial” o “IPC administrado”, los “IPC paralelos” (como en otras épocas teníamos el dólar oficial y el dólar paralelo), privatizándose de hecho un servicio público como es la información estadística, simplemente por la torpeza cometida de intervenir la medición del IPC en el Indec, afectando la credibilidad pública del organismo.
Las políticas de precios administrados son plenamente aceptables. Más aún, cabe destacar que la política antiinflacionaria ha sido exitosa en un contexto de las altas tasas de crecimiento económico, mejora de la distribución del ingreso y del empleo, y del acelerado ritmo en que se han alcanzado estos logros. Y lo ha sido por la combinación de políticas “heterortodoxas”: política monetaria de manejo de la demanda agregada y superávit fiscal, retenciones a las exportaciones de alimentos para amortiguar el impacto de los altos precios internacionales en el consumo interno y acuerdos de precios, entre otras.
No obstante, la crítica apunta a esa errónea decisión de “administrar el IPC”. Lo sucedido empaña injustificadamente los éxitos de la política económica del Gobierno, a la vez que al ocultar la inflación real priva a la política económica de una importante fuente de información para monitorear y mejorar la política antiinflacionaria en momentos de marcados deslizamientos de precios. Por ejemplo, para diseñar y poner en marcha incentivos que amplíen la competencia en mercados determinados, para incrementar las inversiones que aumenten la oferta de bienes y servicios, para que los acuerdos de precios formen parte de la mejora de la competitividad y productividad sectorial, para atenuar el continuo crecimiento de la demanda agregada empujada quizás por un desmedido crecimiento de los créditos de consumo. Estos u otros instrumentos de política no se estarían considerando suficientemente por el espejismo de un IPC administrado.
Si algún sector del Gobierno tenía o tiene dudas sobre la medición del IPC, debería haber apelado a convocar a un comité de expertos para examinar todos los componentes que se toman en cuenta en la medición del IPC: representatividad de los precios y de los coeficientes de ponderación según las pautas actuales de consumo, confiabilidad de la muestra de negocios encuestados. Así es como se hace en el mundo. Cabe recordar el caso de las dudas que tuvo la Reserva Federal (banca central de EE.UU.) respecto del IPC de ese país hace unos 13 años. La Reserva Federal supuso que había una sobreestimación del IPC que impactaba negativamente en la política monetaria y cambiaria. Constituyeron un comité de cuatro expertos (la Comisión Boskin) que demostró que la medición era correcta.
En todos los países es común la tensión entre el instituto de estadísticas y los gobiernos, porque las estadísticas dan lugar a buenas y malas noticias. Y como señala el experto Jacob Rayten, de Canadá, los gobiernos prefieren las buenas noticias y no las malas a las que se trata de disimular o no darles proyección. Las noticias son noticias y las oficinas de estadística no hacen distinción entre buenas y malas, ya que son instituciones regidas por un código de ética. El cargo de director de un instituto de estadística es un cargo político, pero muy particular, porque su primera misión es ser obediente a los principios fundamentales adoptados en las Naciones Unidas para hacer buenas estadísticas socioeconómicas: neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y credibilidad. Su misión no es ser obsecuente con el gobierno que lo designó. ¿Cuál es el riesgo?, perder el puesto. ¿Qué hacer ahora?, el presidente Kirchner siempre aconseja corregir el rumbo cuando se cometen errores. Ese es el desafío que tiene para con el Indec. ¿Cómo subsanar esta situación?, volviendo a la metodología de cálculo del IPC de diciembre 2006 y convocando a un Comité Internacional de Expertos (tipo Comisión Boskin) para que emita un juicio sobre la medición del IPC. Regularizando la situación de los cargos directivos del Indec convocando a concursos públicos sustanciados por tribunales integrados por profesionales intachables que incluya expertos del exterior. El Indec goza de reconocimiento internacional y como toda institución pública debe ser sometida a procesos de mejoramiento continuo, que es lo contrario a lo que ha ocurrido en la institución desde principios de 2007.
El autor es ex director del Indec.
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