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No se le dice toda la verdad a la sociedad sobre la cuestión energética y el origen de los actuales problemas. Un sector del pensamiento económico y político sostiene que se debe al congelamiento de las tarifas y a la ausencia de un plan gubernamental para reconocer y enfrentar la crisis. Por otro lado, se les contesta que durante los noventa se demoraron obras importantes como Yacyretá y Atucha II y que ello, sumado al sorprendente crecimiento anual de la economía, ha creado el presente escenario. Más allá de la parte de verdad que tengan estas afirmaciones, lo cierto es que la cuestión energética reconoce su origen en un conjunto de causas que hoy han hecho eclosión.
Se puede distinguir dos principales causas que al conjugarse han creado esta coyuntura difícil. La primera es, indudablemente, el crecimiento económico durante los últimos cinco años y que pareciera continuar. Esa circunstancia va acompañada, lógicamente, de un crecimiento de la demanda energética de la misma o mayor magnitud. Por lo tanto, la oferta energética existente al inicio de este crecimiento se ha ido consumiendo hasta nivelarse con la demanda.
La segunda causa del problema reside en la incapacidad del modelo energético vigente para responder adecuadamente a los requerimientos de ese crecimiento vertiginoso. La transformación del sistema de producción y suministro de energía, implantada durante la década del ‘90, ha demostrado falencias de concepción y de ejecución. Ese fracaso podría analizarse como parte de un debate académico si no fuera el origen principal de esta grave situación en el sector. Más allá de otras causas menores que poco influyen en esta coyuntura, lo cierto es que el comportamiento de las distintas áreas del sector energético responde a las pautas fijadas por aquel modelo de transformación, que en lo esencial está aún vigente y tiene entre sus defensores a importantes figuras del pensamiento económico y del sector energético.
En el área de distribución eléctrica, donde no se encuentran las fallas más importantes, las señales económicas para invertir han ido decayendo desde fines de los noventa por limitaciones en la aplicación del sistema de multas por baja calidad del servicio. Las inversiones más importantes en ese sector se hicieron al inicio de las privatizaciones como consecuencia del clima imperante, más que por la amenaza de sanciones. De manera que la crisis de 2001 las encontró con baja inversión, que se acentuó con el congelamiento de las tarifas. Decisión que en el momento actual beneficia a los sectores pudientes de la sociedad, en detrimento de los carenciados. Si los efectos no se han sentido fuertemente en este ámbito es porque el principal problema se encuentra en la generación de electricidad, y un ajuste progresivo de tarifas de distribución se hace necesario no sólo para sincerar costos sino, especialmente, para desalentar la demanda superflua y equilibrar la carga entre sectores sociales.
En el segmento del transporte eléctrico, el sofisticado sistema instaurado por el modelo de los noventa fracasó ya desde sus inicios y fue necesario que a fines de esa década el Estado, a través del Consejo Federal de Energía, tomara cartas en el asunto para que se instalaran criterios racionales de inversión para el desarrollo y expansión de la red nacional de transporte eléctrico. Así pudo destrabarse una inercia fundada en un modelo con prejuicios ideológicos respecto de la inversión estatal.
Pero donde el fracaso del modelo de los ‘90 ha sido rotundo es en el diseño del sistema para remunerar la generación de energía eléctrica: un modelo económico basado en la competencia a ultranza de las empresas generadoras, sin considerar en su conceptualización la magnitud del mercado argentino. Este criterio, que desconoció la realidad de esta industria que requiere largos períodos de maduración y de ejecución de las inversiones, llevó en los inicios a sus creadores a la ilusión de su sustentabilidad. Este error conceptual fue fatal.
De igual manera en la producción de hidrocarburos, la legislación les permitió a las empresas privadas, ahora dueñas del mercado, un accionar libre que usaron en provecho propio, ajenas a los intereses del país. No se invirtió en exploración a pesar de tener tarifas y precios rentables, y en consecuencia, con un Estado ausente, se asiste al paulatino agotamiento de las reservas, delicado en gas y grave en petróleo.
Esto nos muestra las carencias de un modelo que apuesta a las respuestas automáticas del mercado como único mecanismo para resolver las inversiones que requiere la demanda. Estos criterios no funcionan en el área energética, y menos en un mercado de nuestras dimensiones. Una adecuada planificación hubiera permitido adelantarse a los acontecimientos, aunque fuera para tener listos los proyectos correspondientes. Eso fue imposible a causa del pensamiento único establecido que remitía exclusivamente al círculo virtuoso del mercado. Los promotores y sostenedores del modelo intentan distraernos de estos fracasos analizando las medidas que deben adoptarse en el corto plazo, y al mismo tiempo critican las que se desarrollan para evitar la crisis, con la suposición de que la ignorancia les permitirá permanecer en el error.
Estas son las principales razones de la actual problemática energética: si se las desconoce se insistirá en sostener criterios que no sólo no la resolverán sino que conducirán a agravarlas.
Marcos Rebasa es especialista en Servicios Públicos. Presidente del Foro de los Servicios Públicos y del Petróleo.
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