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Cuando hay dos sectores en pugna, no tarda en aparecer una tercera posición superadora. No es éste el objetivo de este artículo, sino continuar en la búsqueda de elementos para comprender el descontento manifestado durante el reciente lockout agrario por los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios.
Sin descartar la existencia de “manipulación” de la reacción, lo que puede explicar el comportamiento de algunos sectores urbanos, no puede negarse que muchas de las críticas que se escucharon en los piquetes no son nuevas. Por eso, los anuncios del 11 de marzo pueden entenderse como un detonante, lo que obliga a buscar las causas más profundas de la protesta. Causas que podrían contener más elementos que el secular disgusto del “campo” con la imposibilidad de apropiarse del precio internacional pleno.
En Otras miradas sobre el conflicto agro-rural, un trabajo de los investigadores de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) Silvia Gorenstein y Martín Napal, difundido la semana pasada, se reseñan algunos datos relativos a la provincia de Buenos Aires.
A pesar de su disminución en las últimas décadas, las Explotaciones Agropecuarias (EAP) de pequeña dimensión siguen siendo numerosas, representando algo más del 50 por ciento del total de las registradas en el Censo Nacional Agropecuario de 2002. Unas 27.000 EAP que ocupan unas 4 millones de hectáreas, una superficie media de casi 150 hectáreas. Este universo de ruralistas pyme no es homogéneo. Pueden ser desde productores medianos de la zona núcleo a los horticultores de las diferentes cuencas de producción intensiva.
La presión de los pools de siembra y fondos de inversión para disponer de más tierra en las últimas campañas permite suponer una continuidad en la disminución intercensal de la cantidad de EAP pyme mostrada por el CNA 2002. Un censo reciente, efectuado por la Secretaría de Agricultura en el partido de Salliqueló, reveló que las tierras cultivables cedidas a los pools representaron un poco más del 35 por ciento durante la campaña 2006-2007.
Frente a la profundización del proceso de expulsión agraria por razones tecnológicas y económicas, los mercados locales de trabajo (rurales y urbanos) se vieron tensionados por la búsqueda de ingresos extra-prediales (no agrícolas). Esta demanda resultó crítica en las localidades o pueblos más pequeños de la provincia, cuya estructura productiva no puede responder a los requerimientos.
¿Con las retenciones se detuvo el proceso de concentración/centralización del capital en los complejos agroexportadores? ¿Se alteró la profundización del desplazamiento económico-tecnológico y territorial de los sectores de la agricultura familiar?
¿Con las retenciones se mejoraron las políticas públicas orientadas a la atención de las poblaciones y sectores de la agricultura familiar?
¿Las retenciones aportaron a una mejor distribución territorial de los recursos?
Desde posturas intelectuales críticas y comprometidas con un modelo de país con distribución equitativa de la riqueza e inclusión social, las poco estimulantes respuestas a estos interrogantes no sólo aportan a explicar el descontento de los agricultores pyme y los sectores medios de muchos pueblos del interior bonaerense, sino que ponen en primer plano dónde se encuentra el déficit de la acción estatal.
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