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El estado de situación en la relación campo-Gobierno merece dos consideraciones. La primera es la necesidad de abandonar la ilusión del consenso, la segunda es evitar las confusiones del discurso de barricada. Abandonar la ilusión del consenso parece, en principio, una afirmación extraña, porque en las sociedades democráticas consenso y poder son conceptos polares que funcionan juntos. Los gobiernos legítimos llegan al poder construyendo consensos. Pero terminada la etapa de construcción, el poder, que siente horror al vacío, debe ejercerse. Ello no significa arbitrariedad ni imposición, solo quiere decir que el momento del consenso es ex ante. La política económica, del tipo que fuere, siempre implica transferencias intersectoriales de recursos. Cuando hay transferencias de recursos –no solo de los existentes, sino de los que surgen de la constante generación de valor– hay sectores favorecidos y sectores “perjudicados”.
Contar con el beneplácito de los perjudicados frente a las políticas que los afectan puede ser parte del “arte de la política” maquiavélicamente considerada. Los actores no tienen siempre una clara conciencia de sus pérdidas y ganancias y esto puede ser explotado por la habilidad de la dirigencia política. Los ‘90 son ricos en ejemplos.
Pero en el actual estado del conflicto campo-Gobierno el único ámbito donde pueden buscarse consensos (ex post) es entre los nuevos favorecidos. La virulencia que alcanzaron los discursos (de los ahora menos favorecidos “que ganaron mucho dinero con este Gobierno”, según se reconoció en la semana) y la dificultad de dar marcha atrás con algunas medidas clave sin afectar la gobernabilidad indica que el resto de los sectores solo puede ser gobernado, no convencido.
Podría decirse que el duro discurso contra el campo de Néstor Kirchner al asumir la presidencia del partido mayoritario representa una señal de que se transita hacia el necesario abandono de la ilusión del consenso. El dato podría ser promisorio, pero no lo es.
Luego del desabastecimiento provocado por las tres semanas del lockout agropecuario, que tuvieron el doble efecto de acelerar las dimensiones negativas del modelo, como la inflación, y de mostrar la capacidad de desestabilización institucional del nuevo bloque de poder agroexportador, la dirigencia del campo perdió legitimidad, aunque haya ganado poder. Sin embargo, no son suyas todas las culpas que se le atribuyen.
Cuando el problema es la aceleración inflacionaria provocada, entre otras razones, por la manipulación de las cifras oficiales y el mal manejo del control de precios, parece lógico que salte el fusible en el Ministerio de Economía, aunque no saltó donde tenía que saltar. Pero el problema no está en tal o cual funcionario, sino en que el núcleo duro del Gobierno parece cerrarse sobre sí mismo en una actitud de negación. El discurso presidencial del jueves pareció orientado a la construcción de un enemigo común. Acusar a los empresarios del campo de que sólo les interesa su bolsillo y no el del resto de los argentinos es, cuanto menos, una acusación extraña tratándose de empresarios. El mercado no es el ámbito de la solidaridad. En un sistema capitalista pensar en el propio bolsillo es el más legítimo de los objetivos. ¿O acaso al resto de la clase empresaria es diferente? Pensar en los bolsillos y estómagos ajenos es, en todo caso, una tarea y un deber de la política.
El actual modelo económico no está en crisis ni mucho menos, pero tiene problemas que no se solucionan con su negación. Tampoco culpando de todo a un adversario con merecimientos. En el actual contexto, el discurso de barricada agrava el conflicto. Más si se tiene en cuenta que la rebelión campera, al margen de su potencial aventón mediático, tuvo también el inesperado efecto de catalizar descontentos.
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