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Esta semana el secretario de Agricultura Carlos Cheppi se reunió con casi todos los actores del circuito agroindustrial frutícola productor de peras y manzanas de la Norpatagonia. El resultado fue positivo. Comprometió la anhelada “devolución” de 5 puntos sobre 10 que pagan de retenciones las exportaciones regionales; extrañamente, el doble que lo cobrado a los cítricos. Se trata de un piso de recursos de 70 millones de pesos anuales con los que se creará un fideicomiso para financiar lo que se denominó Plan Frutícola Integral (PFI). Lo interesante, además, es que una parte de las erogaciones serán en financiamiento, con lo que el fondo, al menos parcialmente, se retroalimentará.
Pero en la reunión del miércoles en la Sagpya no estuvieron todos. Antes de que la vorágine de la Pampa Húmeda reclamara toda la atención, los planes integrales regionales avanzaron exigidos por la Sagpya como contrapartida a la continuidad de financiamiento con recursos nacionales. La persistencia de esta política ya suma tres secretarios de Estado. Existen algunos antecedentes de organización exitosa. Un ejemplo, con algo más de iniciativa privada, vale reconocer, fue el Plan Vitivinícola.
En la Norpatagonia el proceso del PFI comenzó a gestarse en 2006 y se aceleró en 2007, cuando la Federación de Productores y las cámaras de los empacadores-exportadores y de la industria de jugos concentrados comenzaron a trabajar en forma conjunta con la asistencia de los estados de Río Negro y Neuquén. Durante todo el 2007 se organizaron “foros territoriales”, encuentros de todos los actores de cada subregión en los que el diagnóstico, las necesidades y las soluciones surgieron de manera horizontal. Como todo proceso de construcción política, el desarrollo tuvo altibajos que expresaron las limitaciones locales. Incluso logró avanzarse en los temas más ríspidos, como la transparencia comercial en un sistema asimétrico de entrega de la fruta en consignación al empacador. Con las discusiones lógicas de la búsqueda de consensos entre actores con contradicciones en el mercado, el proceso avanzó hasta completar la formulación del Plan, sus programas y la distribución interna de los recursos. Pero cuando todo estaba listo comenzó el lockout agropecuario en la Pampa Húmeda.
Algunos empresarios regionales, con peso entre sus pares y en los medios de comunicación locales, leyeron en el conflicto un improbable fin de las retenciones. Incluso en la votación de la resolución 125 en Diputados, un legislador rionegrino que expresa los intereses de los exportadores aseguró que como contrapartida a su voto positivo se le había prometido la baja de 5 puntos en el arancel. Todos daban por hecho que las reglas habían cambiado. Adicionalmente, el financiamiento del PFI había sido defendido como un mecanismo de “devolución de retenciones”. “Si las retenciones se eliminan o reducen”, pensaron los exportadores, “el Plan no se financiará con nuestro bolsillo”. Raro, porque hasta entonces habían asegurado que las retenciones las pagaban los productores primarios independientes, a quienes se las descontaban en las “liquidaciones”.
Otro dato es que cuando se miran los programas del PFI, que entre otros puntos incluyen reconversión varietal y productiva, sanidad y seguros contra granizo, no se discrimina, salvo excepciones, por tamaño de explotación, sino que los recursos son para grandes y chicos.
Sin embargo, nada alcanzó, al igual que en la Pampa Húmeda, para muchos empresarios la política agropecuaria tiene una sola dimensión: los aranceles a la exportación. Esta semana en la Sagpya los exportadores, a pesar de haber trabajado en el Plan durante todo su desarrollo, no estuvieron. El Plan Frutícola parece haber perdido su carácter Integral.
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