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El asunto del Indec y el reconocimiento de la gravedad que va adquiriendo el proceso inflacionario resultarían hechos auspiciosos si no fuera por el enfoque que parece primar en las soluciones propuestas. El diagnóstico del equipo económico recae en posiciones ortodoxas: ubica como causa fundamental del actual proceso inflacionario un excesivo ritmo de crecimiento de la demanda agregada por encima de la evolución de la inversión y que, por ende, desbordaría la capacidad de oferta.
Sin embargo, según datos del Ministerio de Economía, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria en junio pasado resultó de 76,6 por ciento en promedio, nivel idéntico al vigente a mediados de 2006, cuando la tasa de inflación era sustancialmente más baja. Por cierto, al ser un promedio hay ramas que muestran porcentajes mayores de uso: por ejemplo: Textiles, 83,5; Refinación del petróleo, 91,1; Industrias metálicas básicas, 97,3. Esos porcentajes también estaban presentes hace dos años, cuando la inflación no era noticia.
La situación no es la misma que en 2006: el año pasado la inversión en maquinaria y equipo durable de producción aumentó 22 por ciento. En el último trimestre de 2007, la tasa de inversión alcanzó el 26 por ciento del PBI, cuando en la segunda mitad del siglo XX en Argentina ascendió en promedio apenas al 18,9, aun mostrando oscilaciones bruscas según datos del Cespa (Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina). Entre 1960 y 1970, por caso, fluctuó en torno al 20 por ciento y rara vez llegó al 25. Entre 1976 y 1983, pese al inmejorable clima de negocios, promedió un mísero 17 por ciento. En este contexto, “se destaca el ciclo inversor actual, que ya tiene una dimensión y una permanencia que lo colocan entre los años de mayor acumulación de capital de los últimos cincuenta años”, dice Jorge Schvarzer, director del Cespa.
Contra estos datos, es difícil sostener que la inflación actual tenga relación con restricciones de oferta. La idea de mejorar el acceso al crédito para la producción es contradictoria con el enfoque antiinflacionario oficial. Por caso, una herramienta central de la lucha contra la inflación sería la reducción del gasto público, que como se sabe es un componente importante de la demanda agregada. En este aspecto, las medidas que se preparan son una suba en las tarifas de gas, electricidad y transporte que redundaría en una disminución de los subsidios a las empresas que manejan esos sectores.
Más allá del hecho de que tal aumento convalidaría el esquema vigente en la provisión de servicios públicos en el país, su efecto inmediato es nítido: el aumento de tarifas conducirá a una disminución del ingreso disponible de las familias y a una reducción del consumo. La reducción del consumo implicará una menor demanda agregada y por ende la perspectiva de un mercado en retracción. No se entiende entonces por qué las empresas deberían aumentar la inversión ante un mercado que se achica. Por ello, sería absurdo mejorar el acceso al crédito al tiempo que se “enfría” el crecimiento de la demanda. Con un mercado que se retrae, ¿por qué las empresas irían a ampliar la capacidad de producir? Y en ese caso, ¿para qué necesitarían crédito?
Si un exceso de demanda agregada llegara a agotar el margen de capacidad ociosa de las empresas –cosa que hoy no ocurre–, los precios terminarían subiendo. Pero lejos de ser la antesala del caos y de la hiperinflación –como sugiere la ortodoxia–, esa suba de precios sólo sería un fenómeno de corto plazo que, además, generaría fuertes incentivos adicionales a la inversión y, por ende, a la ampliación de la capacidad productiva. No parece ser la situación actual.
El Gobierno ha manifestado en reiteradas oportunidades que la inflación fue empujada por el aumento de los commodities a nivel internacional y por el conflicto con el campo, una explicación que, siendo más exacta y realista, resulta abiertamente contradictoria con la anterior. Para colmo de males, el Banco Central decidió combatir la especulación contra el tipo de cambio retrasando la cotización del dólar y aumentando las tasas de interés, justo lo que pedía a coro la derecha económica.
En este contexto, intentar relanzar la economía mediante un aumento (necesario por cierto) del salario mínimo, al tiempo que el Banco Central utiliza el dólar como ancla antiinflacionaria a costa de los sectores productivos que generan empleo, y al tiempo que el Gobierno reduce el gasto público, se manifiesta como una estrategia incoherente. El conjunto del paquete conduce a una yuxtaposición de medidas sin consistencia, donde por un lado se alienta el consumo y por el otro ese efecto es anulado en el mismo acto con la reducción del gasto estatal, mientras las causas de la inflación, que deterioran la suba nominal del salario mínimo, permanecen intocadas. Como se ha dicho muchas veces, la inflación de los precios internos de los alimentos es el resultado casi directo del alza de los precios internacionales de los commodities. No sólo sigue haciendo falta “desconectar” los precios internos de los externos mediante retenciones, sino que hace falta un plan agropecuario, no a medida del “campo” –como se reclama en estos días–, sino a medida de los asalariados y de las necesidades de reindustrialización, esto es: alimentos baratos para que el salario pueda aumentar en serio y Argentina pueda ser competitiva. Para que el conflicto distributivo no termine erosionando el salario –a través de una tasa de inflación creciente como ocurre hoy– se requiere una decisión de Estado que “discipline” a los actores sociales –en particular a los empresarios– y coordine las alzas salariales y de precios mediante un plan de desarrollo coherente.
* Economista de la Universidad de Luján
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