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Luego de la tormenta, de la crisis política provocada por el conflicto campo-Gobierno, las aguas se aquietan. Más relajados, los actores se preguntan por el porvenir. Desde las entidades agropecuarias el menú es variado. Algunos creen que es tiempo de replegarse y componer relaciones. Las decisiones del Gobierno en materia agropecuaria no se limitan al arancel externo. Tras la exhibición del poder de fuego, no parece conveniente seguir todo el tiempo en la vereda de enfrente. Ahí está, si no, la puja por la distribución de la Cuota Hilton.
Otros, los más mediáticos, evalúan continuar la lucha en la arena política, dar el salto del oscuro anonimato al cargo legislativo, aportar a la construcción de una nueva derecha que, cuando el péndulo pase de lado, ya no vaya solo contra la movilidad del arancel externo, sino contra el arancel mismo. Creen que el movimiento social surgido en la “gloriosa lucha” contra la 125 no debe desarticularse. La oposición política avanzó tanto como retrocedió el Gobierno. Cualitativamente tiene ahora un eje aglutinante y, para alivio de los analistas, un definido bloque de poder detrás. Tanta claridad, sin embargo, no deja de llamar la atención la alianza de algunos partidos con sus silbadores y verdugos de ayer.
También están los que piensan que “ya está”, que es tiempo de replegarse a producir, crecer y exportar. Justo enfrente se ubican los que se quedaron sin nada. No se trata de referencias individuales a dirigentes –nadie se quedó con las manos vacías–, sino de “colectivos” que mastican su bronca. Son los “pequeños productores”, nada menos que quienes fueron el estandarte llevado al frente de la lucha contra la 125. Algunos dirigentes, esos que ya no son amigos de sus amigos y a quienes sus nuevos amigos rehúyen, sostienen que “las soluciones para el pequeño y mediano productor no pueden seguir esperando”. No es chicana preguntarse por qué, entonces, no trabajaron en ello durante los últimos meses. Las previsiones indican que, antes o después, esta dirigencia reincidirá en la metodología empleada tras el 11 de marzo. Será duro encontrarse con lo poco que representan fuera de la alianza de la hora.
El segundo estandarte del conflicto fue la demanda por una política agropecuaria. La falta de una política sectorial nunca es solo culpa de un gobierno. Abundan los ejemplos de sectores privados dinámicos, integrados, que incluso en condiciones políticas desfavorables fueron capaces de elaborar el propio diagnóstico e impulsar luego, con el apoyo del Estado, sus propias políticas. La ausencia de una política sectorial también trasunta la desarticulación de este sector. Pero en el caso de la representación ejercida por la Mesa de Enlace, la única dimensión de la política agropecuaria en la que se mostró realmente interesada fue la impositiva.
Finalmente queda el Gobierno. El conflicto con el agro probablemente marcó el fin de la tolerancia social a una forma cerrada de ejercicio del poder. En términos puramente económicos, no obstante, los discursos de legitimación de las dos partes en pugna lograron destacar la existencia de muchos temas pendientes en la agenda. La pregunta más molesta es si el freno que, según los indicadores de producción y consumo, muestra la economía en lo que va de 2008 es consecuencia de la crisis política desatada por el conflicto o bien si, más allá del transitorio “efecto cortes de ruta”, el freno no es resultado en realidad de las tensiones internas del modelo, que debe ir mucho más allá de la política agropecuaria.
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