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Bajo el dominio del Consenso de Washington, en la Argentina se ha compartido una mirada positiva a la recepción del capital extranjero. Esa visión resalta los supuestos impactos positivos de las inversiones extranjeras directas (IED) sobre el desarrollo económico. Así, se dice que las IED generan derrames positivos en toda la economía por su mayor productividad, capacidad de innovación y mayor propensión a exportar.
Los defensores de esta postura minimizan los impactos negativos de la IED sobre las empresas locales y la economía. Esos potenciales efectos negativos distan de ser menores, destacándose el desplazamiento del mercado de empresas nacionales debido al sesgo que tienen estos conglomerados a elegir proveedores extranjeros. Y también la remisión de utilidades y regalías, que incide negativamente en el saldo de cuenta corriente.
Un interesante trabajo de Daniel Chunovsky y de Andrés López, del Centro de Investigaciones para la Transformación, publicado en la Revista de la Cepal (“Inversión extranjera directa y desarrollo: la experiencia del Mercosur”), analiza los impactos de las IED en el bloque regional. Los países del Mercosur han sido uno de los principales receptores de IED del mundo en desarrollo. Entre 1990 y 2004, el bloque (principalmente la Argentina y Brasil) recibió IED por casi 300 mil millones de dólares. En comparación con la década del ‘70, la afluencia de inversiones fue diez veces superior en valores constantes.
En el caso argentino, los últimos datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señalan que el acervo de IED como porcentaje del PBI alcanza un 35,3 por ciento, porcentaje que se ubica bastante por encima del promedio mundial (21,7%). Chunovsky y López analizan los datos empíricos disponibles sobre la incidencia de la IED en una serie de rubros, como productividad, el comercio exterior, investigación y desarrollo e innovación y crecimiento. Los autores concluyen: “Claramente, no sugieren que la IED sea una panacea para el crecimiento ni para mejorar generalizadamente el desempeño empresarial en los países receptores, como tendían a suponer de manera explícita o implícita los sostenedores del llamado Consenso de Washington, que inspiró la oleada de reformas de los años ‘90”. Y aclaran que “tampoco avalan la actual percepción mayoritariamente negativa de la IED que ha cundido en los últimos años en varios países de la región”. En este sentido, sostienen que de la evidencia disponible se desprende que los efectos de la IED han sido más favorables en el caso brasileño que en el argentino.
Para que esas inversiones tengan un derrame positivo sobre la economía local recomiendan políticas públicas que tiendan a:
Fortalecer las capacidades y competencias de las empresas locales, en particular pymes, para que aprovechen mejor los efectos “derrame”.
Promover políticas de incentivo a las actividades de investigación y desarrollo.
Fomentar el desarrollo de empresas transnacionales que desarrollen actividades de mayor contenido estratégico.
Estimular la creación de proveedores locales que refuercen los derrames verticales.
Promover las formas de integración de las empresas locales en las cadenas de valor lideradas por las empresas transnacionales.
Este enfoque, a diferencia de las ideas predominantes en los ’90, resalta la importancia de las políticas públicas activas para aprovechar los potenciales beneficios de las IED.
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