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La difusión de los resultados de un informe preliminar sobre los posibles efectos del glifosato en la salud humana agitó el panorama agrario. El debate todavía no llegó a su cenit, pero cuando se mira a quienes participan de la contienda el panorama se complica: a la derecha se sientan los tradicionales defensores de los agronegocios en su vertiente “toma todo”, y a la izquierda el ecologismo extremista. Claro que hay puntos medios, pero son los polos los que marcan el tono.
Es altamente probable que el grueso de quienes levantan la voz no cuenten con la suficiente información y formación científica para discutir en qué medida tal o cual compuesto químico afecta la salud humana. No importa, la ideología pone a cada quien en su lugar y suma pasión.
Los defensores de los agronegocios afirman que no vacilarían en darse baños matinales con el herbicida para probar su inocuidad. Los ecologistas creen que Monsanto, la firma que desarrolló el paquete tecnológico de la soja resistente al glifosato, es una de las fuentes del mal planetario y que quienes emplean este paquete pertenecen a la reprochable estirpe de los envenenadores. Aceptar esta argumentación supone también hacerlo con su componente tácito: si el glifosato envenena, existe entonces un Estado responsable, con su correspondiente conducción, altamente ineficaz en el manejo de la salud pública, pues existiría una verdadera falla generalizada en la cadena de control de liberación de productos al mercado.
Visto desde la economía, el problema ecológico de la sojización no está en el glifosato. No es verdad, como insisten los defensores de los agronegocios, que el paquete tecnológico de la soja transgénica sea una panacea de productividad “que solucionará los problemas de hambre en el mundo”. Con la vieja tecnología pueden obtenerse los mismos rindes. Sí es verdad, en cambio, que la siembra directa entraña una menor degradación de los suelos y que al usar glifosato se aplica una menor cantidad de herbicidas que con la técnica tradicional (no transgénica). Por eso, entre otras razones, producir con el paquete transgénico es más barato y, por lo tanto, más rentable. El glifosato no se usa por ser más o menos venenoso sino simplemente porque cuesta menos.
Entonces, desde la economía el problema de la sojización es el monocultivo. Este monocultivo se explica por la rentabilidad relativa de la soja frente a otros cultivos que compiten por el uso del recurso tierra. Si la sojización afecta al medio ambiente y la sojización continúa aparece entonces un segundo componente tácito: otra falla grave de regulación. Los actores privados siempre asignarán sus recursos en función de las rentabilidades relativas. Si existen desequilibrios corresponde al sector público corregirlos.
El problema de las firmas semilleras, en tanto, no es que produzcan un veneno. El problema, si existe, está en otro lado. En concreto: la mercantilización de los resultados de la aplicación de la ingeniería genética supone la apropiación privada del germoplasma. Operar sobre el germoplasma para conseguir nuevas semillas (y acceder al diferencial de ganancia que ello permite) demanda grandes inversiones que, en general, sólo son asequibles para las grandes empresas. Este proceso da lugar a la aparición y consolidación de un nuevo sujeto que participa de la renta agraria: las firmas del oligopolio biotecnológico.
No se trata entonces de una cuestión de buenos y malos, de gente que entiende y gente que no, sino de la pura lógica económica del “capital tecnológico”. Y cuando se cuestiona la lógica de este capital muchos se ponen muy nerviosos.
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