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La Argentina está muy lejos de ser un país pobre. En términos comparativos, los ingresos promedio de los argentinos se encuentran en un rango medio. Si se lo calcula en función de su poder de compra, el ingreso argentino ronda los 13.000 dólares per cápita, superando a los chilenos (12.000 dólares), uruguayos (11.000) y brasileños (9270). Es más, el ingreso per cápita argentino supera al promedio de los residentes de los países europeos y asiáticos de ingresos medios (11.262 dólares). Sin embargo, las privaciones que sufren algunos miembros de la sociedad argentina son asimilables a las padecidas por los habitantes de los países más pobres del planeta.
Ese dato de la realidad revela con claridad la importancia que debería tener la distribución de la riqueza en la agenda ciudadana. Las inequidades distributivas no solamente están instaladas en el plano social, sino que también se ven reflejadas en las disparidades regionales. El producto por habitante de Santa Cruz, la jurisdicción más rica de Argentina en términos per cápita, resulta quince veces superior a la registrada en Chaco, el distrito más pobre. Comparativamente, los mayores ingresos per cápita son los de los santacruceños, seguidos por los neuquinos, porteños, fueguinos y chubutenses. En el otro extremo, la jurisdicción más pobre (Chaco) es seguida por Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Jujuy.
En su revista Saber Cómo (Nº 77, junio de 2009), los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un detallado repaso de las características de esas disparidades regionales. Lo primero que analizaron fueron las diferencias en torno del número de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Los hogares con NBI son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones: hacinamiento (hogares con más de tres personas por cuarto), vivienda inconveniente (por ejemplo: pieza de inquilinato), hogares que no cuentan con retrete, hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela, hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no completó el tercer grado de escolaridad primaria.
Desde la óptica de las NBI, las diferencias provinciales guardan una correlación similar a las disparidades observadas en el producto per cápita. Así, la Ciudad de Buenos Aires registra una baja proporción de habitantes con NBI y Formosa tiene la mayor cantidad de residentes que no pueden cubrir sus necesidades básicas.
De todas maneras, el trabajo del INTI puntualiza que “las actividades extractivas (minería, petróleo) dan a algunas provincias con estructuras productivas débiles ingresos de importancia, pero con escasa distribución en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Catamarca, la actividad minera permite que su producto por habitante sea algo superior al de La Pampa, pero no así su indicador de NBI, que es mucho peor (más alto) que el de esta última”.
Por otra parte, las zonas de mayor concentración poblacional suelen presentar las condiciones sociales más favorables o intermedias y también las mayores disparidades internas. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires habitan ciertos segmentos sociales con altísimos niveles de vida que conviven con numerosos y superpoblados bolsones de pobreza. La presencia de profundas asimetrías regionales e incluso intraterritoriales debería estimular un serio debate social.
Es sabido que para la visión neoclásica la solución está en el mercado.
De acuerdo con esa postura, el libre juego de las fuerzas de mercado genera un proceso de convergencia natural entre las regiones de mayor y menor grado de desarrollo relativo. Esa idea no sólo no encuentra ninguna corroboración en la práctica sino que, por el contrario, el mercado suele profundizar las asimetrías preexistentes.
Rechazada la idea neoclásica, la formulación de políticas públicas que reviertan esas tendencias se torna una necesidad ineludible. En ese sentido, la discusión de una ley de coparticipación federal podría ser un paso necesario.
Pero el régimen de reparto de recursos debería estar muy lejos de ciertas concepciones “autonomistas” que sobrevuelan en cierta dirigencia política. Formulaciones tales como “es una injusticia que mi provincia reciba menos fondos que los que aportan sus ciudadanos vía impuestos” deberían dar paso a la aplicación de criterios objetivos de redistribución de los recursos que aseguren una igualdad de trato a todos los habitantes del país. Esa es la diferencia entre querer vivir en una sociedad integrada o elegir pertenecer a una comunidad desarticulada socialmente
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