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Las autoridades de la Bolsa de Comercio reclamaron la eliminación de todas las restricciones al ingreso de capitales. Justificaron esa exigencia sosteniendo que impide la afluencia de fondos del exterior, dinero que podría derivar en inversiones y nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el control de capitales a través de encajes –se inmoviliza una parte de las divisas– no se aplica para financiamiento productivo sino cuando el destino es la compra de títulos valores en el mercado secundario. De todos modos, el Palacio de Hacienda junto con el Banco Central estudian una propuesta para flexibilizar ese mecanismo, aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner insiste en que no habrá cambios. Desde la Comisión Nacional de Valores opinan que alterar el actual mecanismo sólo complicaría controlar las vías de fuga de capitales.
Para evitar presiones sobre el tipo de cambio, el Poder Ejecutivo dispuso en 2005 el control al ingreso de capitales. Se estableció un esquema que obliga a constituir un depósito del 30 por ciento del monto involucrado, no transferible, por 365 días. La colocación se realiza en dólares a tasa cero en un banco. Quedaron exceptuadas las operaciones de financiación de comercio exterior, las emisiones primarias de títulos con oferta pública y las inversiones productivas.
Pese a las quejas, los montos operados hasta antes de que se desatara la crisis mundial se elevaron en un 45 por ciento, según datos de la propia Bolsa de Comercio. Pero los analistas del establishment financiero repiten hasta el hartazgo que los controles son excesivos y atentan contra al financiamiento del sector real, aun cuando en ese mismo lapso (2005-2007) la capitalización bursátil haya crecido 130 por ciento. El titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, estimó que si se levantara dicha barrera, arribarían adicionalmente al país cerca de 10 mil millones de dólares. Esa estimación no fue casual sino que fue fruto de un contacto previo con el ministro de Economía, Amado Boudou, con quien debatió opciones para flexibilizar los controles.
Una alternativa en evaluación es eliminar el encaje de 30 por ciento y establecer un plazo de permanencia del dinero en el país de dos años. De esa forma se emularía el camino elegido por Chile para aflojar la rigidez del sistema de encajes. De hecho, los controles en la Argentina son una copia de los implementados en el país trasandino. En ese mercado se empezó a aplicar en 1991, con un depósito de 20 por ciento para el ingreso de capital hasta un año. La inmovilización sólo se hacía por el tiempo de permanencia del dinero. Después ese tope se elevó al 30 por ciento y el depósito debía hacerse por un mínimo de un año. Cuando estalló la crisis financiera asiática (1998), la iliquidez de la plaza financiera obligó a reducir ese encaje no remunerado al 10 por ciento y luego eliminarlo por completo.
En el mercado doméstico, los corredores pretenden transitar ese mismo camino. De hecho, el Ejecutivo tiene facultades para autorizar modificaciones sobre los plazos y los porcentajes del encaje de control de capitales. No obstante, los beneficios que se proclaman de la liberalización de la entrada de divisas no sopesan los riesgos que implican sobre el programa monetario. Junto con la mejora en el perfil de la deuda pública obtenido con el último canje de bonos se prevé un renovado flujo de fondos para posicionarse en papeles locales. Ese ingreso pondría en tensión la estrategia monetaria del Banco Central y presionaría sobre el tipo de cambio con el peligro de erosionar la competitividad del sector exportador.
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