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Según los últimos datos disponibles del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, la producción de cereales y oleaginosas para la campaña 2008/09 fue de 63.027.564 toneladas, de las cuales se exportó el 81,6 por ciento (18,4 por ciento se destinó al mercado interno). El valor de las exportaciones de granos, aceites de soja y girasol, pellets de soja y harina de trigo totalizó unos 17.605.629 millones de dólares. Ahora bien, ¿quién se queda con el grueso de ese abultado capital? De la misma manera que viene sucediendo desde el comienzo del conflicto por la Resolución 125, las compañías multinacionales y nacionales exportadoras de productos y subproductos agrarios siguen ausentes del debate. Están excluidas para una solución consensuada que, sin poner en riesgo la viabilidad fiscal y económica del Estado, defienda a los pequeños y medianos productores de las compañías que se quedan con el grueso de la torta.
En este sentido, nada mejor que el legado de Horacio Giberti, retomando el estudio de la aplicabilidad de la Ley 20.573 (nacionalización del comercio exterior). Visto el volumen de divisas generado por el sector agrario y suponiendo se nacionalice todo o buena parte del comercio exterior de granos, vale la pena preguntarse: ¿Permitirá una versión superadora y actualizada de dicha ley llevar las retenciones a cero para todos los cultivos, sin que ello implique el colapso fiscal, financiero y económico del Estado?
Se plantea, entonces, lo siguiente:
Es viable la constitución de empresas mixtas entre el Estado nacional (a través de la Oncaa, por ejemplo) y las compañías multinacionales y nacionales del sector para la exportación de cereales, oleaginosas y sus subproductos.
Se podría diseñar un esquema de asociaciones estratégicas entre el Estado y el sector privado, pero en función del tipo de cultivo exportado.
Sería posible lograr que la presencia del Estado impida que las agro–corporaciones carguen a los productores su menor participación en las exportaciones, tal cual hacen hoy día con las retenciones.
La Oncaa asociada al capital privado podría fijar una retribución a todas las provincias por igual contribuyendo a un verdadero federalismo.
Sería factible la adecuación de una iniciativa de nacionalización del comercio exterior de granos conforme la exitosa experiencia del Canadian Wheat Board (CWB), donde el Estado es el responsable de la fijación de los precios de la comercialización de los productos bajo su competencia y la maximización de retornos para más de 75.000 pequeños y medianos productores.
El Estado a través de una experiencia parecida a la canadiense podría mejorar los retornos que hoy perciben los pequeños y medianos chacareros de manos del oligopolio privado exportador.
Un Estado al frente de la comercialización exterior de granos podría trabajar mancomunadamente con el CWB y el AWB (australiano) a la hora de contrabalancear el peso internacional de las compañías multinacionales.
Podría un Estado socio y contralor en la comercialización exterior desincentivar la sojización del área sembrada.
Hasta aquí algunos aspectos relevantes de una problemática histórica e irresuelta en el país, tradicional foco de disputas entre los dos modelos de acumulación que hoy se juegan. De todo esto, con el aplomo y la sapiencia que lo caracterizaba, Horacio Giberti hubiera opinado que “más que preocuparnos por cuáles son los puntos importantes de una política agropecuaria, tenemos que pensar qué apoyo tendremos para llevarla a cabo”, definición que brindó en la charla/entrevista con Eduardo Sartelli en la Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el 9 de mayo pasado.
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