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“El ingreso promedio, el consumo y la riqueza son estadísticas significativas, pero que no dicen la historia completa sobre los niveles de vida. Por ejemplo, un aumento en el ingreso promedio podría ser distribuido de manera desigual entre los distintos grupos, dejando algunos hogares relativamente en peor situación que otros. Así, las medidas promedio de los ingresos, el consumo y la riqueza deberían ser acompañados de indicadores que reflejan su distribución.” Esta definición corresponde al Informe de “La Comisión de Medición de Desempeño Económico y el Progreso Social” encabezada por los Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, conformada en 2008 por iniciativa del presidente de Francia, para investigar las razones de la pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales que atraviesan varios países del mundo.
El modelo económico kirchnerista generó millones de puestos de trabajo, con un salario real que ha recuperado un 16 por ciento del valor que tenía en 2002. Pero con una participación de los salarios en los ingresos nacionales un 11 por ciento menor al momento de la crisis de 2002. Esto es así porque mientras la masa salarial aumentó un 16 por ciento hasta 2007 en relación con 2001, el PBI se elevó 31 por ciento en el mismo período. Esto fue como consecuencia de que en esta etapa siguió la tendencia de aumento del salario real siempre por debajo del crecimiento de la productividad. Las cifras de la economía marcan una profundización de la concentración y centralización de capitales, como así también una continuidad de la extranjerización de las empresas más importantes del país. Las mejoras en la situación material de millones de argentinos ha convivido con el mantenimiento dentro de márgenes de pobreza e indigencia de otros tantos compatriotas, como así también con una distribución de la riqueza producida dentro de las fronteras nacionales en condiciones de mayor inequidad.
“Adecuadamente definidas, los ingresos del hogar y el consumo también deben reflejar servicios en especie previstas por el Gobierno, tales como la atención de la salud subsidiada y los servicios de educación” (Informe Stiglitz-Sen). Durante el período menemista estos servicios públicos sufrieron un fuerte vaciamiento, siendo privatizados todas y cada una de las partes que pudieran ser manejadas como mercancías rentables, o sea los dirigidos a los sectores con ingresos suficientes para acceder a ellos. Quedando así millones de personas abandonadas a su suerte, con servicios desmantelados sostenidos en infraestructuras obsoletas y totalmente deterioradas. En la etapa kirchnerista esta situación no ha cambiado sustancialmente. Como en otros rubros de la actividad del Estado, a los primeros impulsos basados en indispensables políticas de contención dirigidas hacia los sectores más postergados para paliar sus necesidades más urgentes, no le siguió un período de inversiones que iniciara el camino de reconstrucción de las condiciones de infraestructura capaz de generar una base mínima para el despegue. En Educación, si bien la Ley de Financiamiento Educativo posibilita el traslado de recursos a las provincias, el destino de éstos en el mejor de los casos va sólo al pago de salarios. La matrícula tuvo un incremento importante en estos años, pero no decrecieron los niveles de deserción, con lo que la obligatoriedad de la terminalidad secundaria por ahora es sólo una letra vacía.
En el caso de la Salud Pública, la situación es más grave. Allí se refleja crudamente la consolidación de la fractura social que divide la Argentina. Existe una salud privada a la que pueden acceder los sectores de mayores recursos, con prepagas que cobran dos o tres sueldos mínimos de un trabajador y cuentan con sanatorios que son auténticos hoteles de lujo. Existe también la básica que reciben los asalariados a través de sus obras sociales, controladas por verdaderas mafias que se quedan con una importante porción de los descuentos que les practican a los sueldos de los trabajadores. Y por último existe el hospital público que continúa vaciado y sin recursos –sobre todo el que está implantado en el corazón de los bolsones de pobreza– en una situación no muy diferente de la época menemista. En esta franja actúa además la intermediación de los intendentes, que negocian con el sector privado tercerizando y arancelando servicios, por lo que ellos cobran su parte.
Desde nuestro punto de vista son difíciles de desmentir esas tendencias confirmadas por cifras y datos objetivos. En la época menemista el Estado estaba totalmente ausente entre los sectores más postergados de la población, que se siguen contando por millones. Hoy está presente con débiles paliativos y sin ninguna solución sustentable. Lo que algunos pueden discutir es si había otro rumbo que pudiera arrojar mejores resultados para los sectores populares. Obviamente nosotros pensamos que sí lo había.
* Dirigente del Movimiento Libres del Sur.
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