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La coparticipación del mal llamado impuesto al cheque es uno de esos temas áridos que parecen tener poco que ver con el campo, apremiado ahora porque llovería mucho, porque no se mire la evasión vía cartas de porte truchas o porque el precio del gasoil para la presente campaña está cada vez más caro. Sin exigir a los rudos hombres de campo excesos de abstracción, quizá comprendan que el elevado precio del combustible es uno de los tantos efectos del ultraliberalismo que tanto pregonaron, o que la inflación tiene mucho que ver, antes que con el déficit fiscal, con los precios que ellos mismos reciben.
Pero regresando a la pelea por la coparticipación del impuesto a todos los débitos y créditos bancarios, no sólo los que en épocas de desarrollo de la banca electrónica operan vía cheque, una herramienta de la hora instaurada allá lejos y hace tiempo por Domingo Cavallo, pero que se acerca a su primera década, el dato central es que el tributo se instaló definitivamente en el terreno del toma y daca político.
El oficialismo amenaza a los gobernadores díscolos tratando de hacerles ver que los recursos que reciben por otras ventanillas son bastante más abundantes que los que recibirían por una eventual coparticipación del tributo de marras. En esas otras ventanillas, y aquí es donde entra a tallar otra vez el “campo”, se encuentra el Fondo Federal Solidario, el fondo sojero; la única herramienta heredada de los días de lucha por la 125. La existencia de este fondo significa que aproximadamente un tercio de lo recaudado por retenciones sojeras se distribuye entre las provincias.
Haber atado las retenciones a los intereses provinciales fue un logro gubernamental, más cuando la historia tributaria enseña que tributo que funciona no se abandona. Por esta razón, llama la atención que entre tanto discurso federalista no se recuerde el peso del reparto entre provincias de, al menos, una porción de la super renta sojera. También que no se plantee la posibilidad de aumentar estas retenciones coparticipando el excedente al 100 por ciento. Bajar el precio recibido por la soja en el mercado interno es bueno para todas las producciones sectoriales restantes.
Otro punto es que así como 2009 fue un año de contracción, el presente lo es de expansión, situación que explica la paz armada entre corporaciones agrarias y Gobierno. Y esta expansión también lo será, por definición, del Fondo Sojero, que sólo en los primeros dos meses y medio del año, y cuando falta mucho para llegar a los meses en que las exportaciones son significativas, acumuló 803 millones de pesos.
Un segundo aspecto que falta en el debate federalista es que las transferencias automáticas que reciben las provincias, sumado el fondo sojero, fueron, según reseña la consultora Economía & Regiones, de 16.400 millones de pesos, 3609 millones más que en igual período de 2009. Esta suba nominal del 28,2 por ciento se explica tanto por el crecimiento como por la inflación.
De todas maneras, y más allá de la coparticipación automática, el impuesto a los débitos y créditos bancarios es una masa muy tentadora de unos 2000 millones de pesos mensuales, alrededor del 6,6 por ciento de la recaudación total. Pero aunque tentadora para las provincias, vale atender los argumentos de la administración central sobre el desfinanciamiento que podría provocarse sobre algunos programas clave para impulsar el crecimiento, desde subsidios a obras públicas
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