Domingo, 1 de diciembre de 2002

Por Fernando Krakowiak

La devaluación le está generando a un reducido grupo de exportadores ganancias extraordinarias en el medio de la peor recesión y crisis social de la historia. Según un trabajo reciente del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), al que tuvo acceso Cash, entre abril, primer mes en que rigieron plenamente los derechos a la exportación, y septiembre, se exportaron mercaderías por 46 mil millones de pesos, un 215 por ciento más que en el mismo semestre de 2001. Los exportadores afirman que las ventajas que generó la salida de la convertibilidad fueron neutralizadas por la suba de los costos en dólares y por las retenciones. Sin embargo, los insumos importados representan apenas el 15 por ciento del costo de los bienes exportables y las retenciones no llegan ni siquiera al 8 por ciento en promedio del total de las ventas. La consecuencia ha sido un incremento en la rentabilidad de un 40 por ciento para los diez principales sectores vinculados al mercado externo, que alcanza el 50 por ciento si se excluye a los vehículos automotores, donde el impacto de los insumos importados es mucho mayor.
Si bien las empresas que exportan son más de 11.000, la devaluación benefició a 80 grandes compañías que concentran cerca del 70 por ciento de las ventas al exterior y se especializan fundamentalmente en productos agrícolas y energéticos con bajo impacto sobre el nivel de ocupación y escasa incidencia en la evolución del Producto Bruto Interno, lo que deja en evidencia las limitaciones para alcanzar la reactivación apostando a una “salida exportadora”. Las cerealeras Cargill, Louis Dreyfus, Bunge y Nidera y las petroleras Repsol, Petrobras, Pan American Energy, Chevron y Tecpetrol son algunas de las multinacionales que se destacan en este podio exclusivo, donde se acumulan las ganancias sin que hasta ahora se haya podido observar la existencia de algún tipo de efecto derrame sobre el resto de la sociedad.
Para redistribuir una parte mayor de la renta de los exportadores, en el IEFE proponen aplicar un sistema de retenciones móviles consistente en fijar una retención marginal a las exportaciones de 100 por ciento cuando el dólar supera la barrera de los 2 pesos. Con los valores actuales de la divisa implicaría un nivel de retención promedio cercano al 50 por ciento. Si ese tipo de retención se hubiera aplicado desde abril, los ingresos del Estado se habrían incrementado en 23.909 millones de pesos en sólo seis meses, cifra más que suficiente para terminar con los niveles record de pobreza y desnutrición.
En la historia argentina hubo varios períodos en los que se implementaron retenciones altas. Una de las experiencias más recordadas fue la que llevó adelante desde el Ministerio de Economía el representante de los grandes grupos empresarios, Adalbert Krieger Vasena, en marzo de 1967, cuando aplicó una devaluación del 40 por ciento y una retención similar sobre las exportaciones agropecuarias. En aquella oportunidad la gente del campo protestó, pero terminó aceptando la medida. Sin embargo, ahora amenazaron con reacciones más enérgicas. Por lo menos así lo dio a entender el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina Enrique Crotto hace algunos meses cuando afirmó por televisión que si al campo le subían las retenciones al 25 por ciento iban a “prender fuego todo”. La frase suena exagerada para una realidad tan placentera como la que atraviesan los poseedores de grandes extensiones de tierra y las comercializadoras de granos, harinas y aceites. La industria agropecuaria, con una escasa incidencia de insumos importados en el costo de producción que se reduce a algunos fertilizantes y semillas, se ha visto beneficiada con un aumento del precio mundial de varios productos entre los que se destaca el aceite y, además, tiene la ventaja de producir en un país donde los salarios, las tarifas de servicios públicos y los fletes permanecieroncongelados luego de la devaluación. Las petroleras tampoco la vienen pasando mal, pues el costo en dólares representa apenas el 10,6 por ciento del total en las tareas de refinación.
En el Gobierno evaluaron en más de una oportunidad durante los últimos meses la posibilidad de aumentar los derechos a la exportación, pues los porcentajes que rigen actualmente fueron calculados en marzo con un dólar por debajo de los 3 pesos y ya eran considerados bajos entonces. Sin embargo, hasta el momento el lobby empresario ha logrado que todo siga igual. Los funcionarios del Ministerio de Economía son conscientes de las ventajas que le han venido otorgando a los exportadores, pero temen que una suba de las retenciones debilite aún más a una administración ya de por sí débil. Por lo tanto, proponen no agitar las aguas para preservar la tensa calma que reina desde hace un par de meses. En el Gobierno repiten a cada rato que las retenciones son apenas un “instrumento de emergencia” que se eliminará cuando se supere la crisis.
Mientras esperan que se cumpla la promesa, los exportadores apuestan a la subfacturación de los valores de sus ventas para multiplicar aún más las ganancias. Por esa vía le han generado al Estado una pérdida fiscal equivalente a 952 millones de pesos entre abril y septiembre. Los datos surgen de comparar los valores que declararon las empresas en la Aduana con los que efectivamente se registraron en el mercado internacional al momento de la venta de las mercaderías. En la Administración Federal de Ingresos Públicos están al tanto de la maniobra desde hace varios meses, pero todavía no se ha hecho nada para frenarla.
La tercera gran ventaja que tienen los exportadores beneficia sólo a las petroleras, las cuales están liquidando en el país apenas el 30 por ciento de las divisas que generan por la venta de petróleo crudo, carburantes y gas de petróleo. Las corporaciones transnacionales que oligopolizan el mercado de combustibles justifican la maniobra haciendo valer los decretos “desreguladores” 1055, 1212 y 1589, todos de 1989, los cuales habían dejado sin efecto la obligatoriedad del ingreso del 70 por ciento de las divisas generadas a partir de la explotación de los pozos nacionales. El problema está dado porque a partir de diciembre de 2001, el decreto 1606 restableció la obligatoriedad de la liquidación de divisas en el país debido a la crisis financiera. La medida fue ratificada por la Ley de Emergencia Económica 25.561. Sin embargo, los dólares siguen sin aparecer. Según señaló a Cash el economista Félix Herrero, integrante del Grupo Moreno, las petroleras evitan por esta vía liquidar aproximadamente 2300 millones de dólares anuales, ampliando sus ventajas en el marco de un negocio exportador que se ha convertido en un verdadero “veranito económico” para un puñado de empresas que disfrutan a costa del resto de la sociedad.

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