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El tema del cumplimiento efectivo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ingresó en el debate público a partir del proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, experimentará un nuevo impulso cuando se conozca el final de las paritarias del sector petrolero.
Hasta ahora eran dos los casos paradigmáticos de experiencias de participación de ganancias, el de Firestone, en la industria del neumático, y el de Fox Petrol, en el sector petrolero. Precisamente los petroleros adelantaron que en las paritarias actualmente en curso introducirían el tópico del reparto de ganancias, pero ya no el tímido 10 por ciento propuesto en el proyecto de Héctor Recalde, sino el 30 por ciento.
A priori podía preverse un fuerte rechazo empresario a la pretensión obrera. Hace dos semanas, en este mismo espacio, se repasaron las reacciones de la cúpula empresaria frente al proyecto de Recalde. De las consultas realizadas esta semana por Cash entre algunos dueños de empresas surgió un dato adicional. Lo que más molesta no es la dimensión estrictamente monetaria del reparto propuesto, que puede ser negociada y subsumida en el marco de la puja salarial, sino la apertura de los balances a los trabajadores.
Esta resistencia extramonetaria era también predecible. De hecho, se trata de un problema ya abordado por la teoría. Entre las conclusiones de un viejo ensayo de Stephen Marglin, de 1974, “¿Qué hacen los jefes hacer?” (What do the bosses do?), se señalaba que la principal preocupación de los “patrones” no era sólo el beneficio, sino principalmente el control de los trabajadores.
Los resultados presentes de la paritaria petrolera parecen darle la razón a Marglin. El titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, adelantó a este suplemento lo que se conocerá de manera completa cuando finalicen las discusiones: que el reparto de ganancias ya fue acordado en el 30 por ciento con todas las pequeñas y medianas empresas del sector de refinación, definidas como las que alcanzan ganancias de hasta seis millones de pesos por año.
La fórmula detallada por Pereyra es que los trabajadores recibirán aproximadamente un salario adicional por cada millón de pesos de ganancia empresaria, lo que significa que anualmente podrían obtener un adicional equivalente a seis salarios.
Pereyra brindó también los nombres de las empresas que “ya arreglaron”. Además de Fox Petrol, firma que fuera de micrófono se dice vinculada con integrantes del gobierno neuquino y al mismo sindicato, aceptaron Petrolera Argentina y New American Oil. En cambio, no aceptó YPF, no sólo por su dimensión, sino, otra vez, por cuestiones no directamente monetarias. Los representantes de YPF sostuvieron que la firma cotiza en la Bolsa de Nueva York y que la noticia del reparto de ganancias provocaría un desplome de las acciones. Pragmático, Pereyra señaló a Cash que “ya encontraremos alguna fórmula que signifique lo mismo, pero con otro nombre”. Dijo más: “Si YPF no acepta no importa. Firmaremos con todas las demás y después veremos que hacemos con YPF”.
La participación de ganancias significará también una sumatoria de complejidades adicionales. El sector petrolero sirve otra vez de ejemplo. Aunque las grandes operadoras controlan el negocio, tercerizan los trabajos en los yacimientos en firmas de servicios, por ejemplo la perforación. A su vez, estas perforadoras contratan a otras empresas de servicios complementarios, desde mantenimiento y trabajos viales al transporte de personal. En la cuenca neuquina, por ejemplo, trabajan indirectamente para YPF, es decir, a través de empresas de servicios, unos 6000 trabajadores. La pregunta clave, entonces, es ¿las ganancias de qué empresas deben repartirse entre los trabajadores, las de las operadoras o las de las contratistas? El gremio cree, sin dudar, que deben ser las de las operadoras, situación frente a la que existe un vacío legal.
En cuanto a la apertura de balances la solución fue, directamente, excluir el tema de la negociación. Las ganancias se repartirán sobre la base de lo que las empresas declaren a la AFIP. Muy probablemente, Marglin diría que esta concesión fue, para los petroleros, una de las claves del éxito de la negociación.
La segunda dimensión de las paritarias, luego del reparto de ganancias, es el porcentaje de aumento salarial. Los petroleros dicen que sus reclamos están en línea con “la demanda a nivel nacional”. ¿Cuáles son estas demandas, las de la CGT oficial o las de los gremios disidentes? En el debate hay tres elementos.
- El primero es que la inflación sigue alta pero se frenó. Lo reconocen hasta las mediciones privadas. El Gobierno volvió a intentar, luego de cierto relajo, frenar algunos precios. Sin abusar, el sector hidrocarburífero vuelve a servir de ejemplo. Vía la amenaza de aplicar la ley de abastecimiento, Shell debió retrotraer sus últimos aumentos, aun cuando éstos podrían justificarse por el aumento de los precios internacionales. De paso, ya que se habla de mediciones privadas de precios, Comercio Interior también presionó a las consultoras más exaltadas. Aspira que, también vía ley de abastecimiento, puedan bajarse las expectativas algunos puntos.
- El segundo es que en el año electoral se profundizan algunas divisiones gremiales, por lo que se obtiene una relación directa entre distancia del oficialismo y nivel de aumento salarial solicitado. El rango va desde un piso de alrededor del 25 por ciento en el moyanismo, al 37 por ciento de la duhaldista CGT Azul y Blanca.
- El tercero es en realidad un componente adicional. Se trata del intento de repartir los mayores costos salariales entre los privados y el Estado: la demanda de elevar el mínimo no imponible de ganancias.
A la fecha, lo único que puede preverse es que el escenario de los próximos meses tendrá poco de aburrido
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