Poder hegemónico

Pensar al Estado como un espacio donde se representan los intereses de todos los ciudadanos de cualquier país se ha tornado arcaico y hasta un tanto inocente. El Estado como representante o garante del interés general dista mucho de lo que realmente es. Contra la posición del sentido común, el Estado argentino moderno, durante la mayor parte de nuestra historia, ha garantizado los intereses privilegiados de los sectores dominantes. La supremacía de los intereses concentrados a través del Estado, en detrimento de los intereses de las mayorías, se logró de diferentes maneras y en diferentes etapas históricas. Aquí mencionaremos, sólo dos momentos: la última dictadura militar y la década del ’90.

En el primer caso (1976-1983) se logró beneficiar al sector dominante directamente a sangre y fuego. Con el asalto al poder del Estado por la Junta Militar en 1976, se desplegaron dos procesos opuestos: por un lado, se generó una renta financiera para las fracciones dominantes. Dicha renta se creaba al endeudarse en el exterior para luego prestar las divisas en el mercado local a una tasa de interés superior, generando un diferencial financiero.

A su vez, el mismo Estado debía endeudarse (utilizando a las empresas estatales, a la administración central y al nivel de divisas disponibles) para satisfacer la necesidad de moneda extranjera de las clases dominantes y culminar así el ciclo con la fuga al exterior de los mismos.

El otro proceso de la época fue la elevada tasa de interés interna que debieron utilizar la mayoría de los empresarios nacionales, generalmente pymes, provocando la insolvencia y quiebra de la mayoría de ellos.

Es así como vemos el particular accionar del Estado, favoreciendo a la burguesía más concentrada (la fracción dominante interna) y al capital financiero internacional, perjudicando a su vez a la pequeña y mediana burguesía industrial y a los asalariados en su totalidad.

Ahora bien, este proceso perverso no culminó allí. Hacia principios de la década del ’80 el Estado argentino garantizó la estatización de la deuda externa del sector privado. Este sector debía abonar al Estado argentino la deuda contraída en el exterior pero en pesos, más una “prima de garantía”, la cual era el plus que debían pagar por los seguros de cambio pactados previamente con el Estado y que siempre fueron menores a la tasa de devaluación de la moneda. A su vez, el Banco Central tomaba la deuda con el exterior mediante la emisión de bonos, acrecentando una vez más la deuda externa pública.

El segundo momento histórico es la década del ’90. En esta etapa, los intereses de los sectores dominantes no se encontraban reflejados de forma directa, sino que se resistían bajo la expresión de la garantía de los intereses universales de toda la sociedad. Antonio Gramsci, teórico italiano, planteaba el concepto de “hegemonía”, en donde la clase dirigente o dominante utiliza al bloque de sus intelectuales orgánicos para controlar a los sectores subalternos con el objetivo de lograr que los intereses de la clase particular se conviertan en los intereses de toda la sociedad, logrando dominación sin recurrir a la coacción.

Esta situación pudo reflejarse durante la década del ’90, en donde el proceso de destrucción social y económica fue avalado democráticamente, logrando dicha hegemonía.

Tanto desde el punto de vista técnico como político, garantizada la armonía de la alianza dominante, el plan llevado a cabo por el gobierno de Carlos Menem posibilitó realizar grandes transformaciones estructurales basadas en una estabilización tanto política como económica, la cual, luego, fue legitimada por las mayorías. Dicho marco generó las condiciones para avanzar con las reformas estructurales. Caber preguntarse si dichas reformas respondían a demandas de los sectores populares o bien, como adelantamos, a los sectores hegemónicos en confluencia de intereses.

Dentro de este marco, el proceso de privatizaciones tuvo repercusiones profundas. La valorización financiera, si bien comenzó en la década del ’70, tuvo su particularidad en la década del ’90, la cual se reflejó en las privatizaciones de las empresas estatales.

Las privatizaciones mostraron una transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital y, dentro de éste, desde las pymes hacia las de mayor tamaño. Por otro lado, la reestructuración de las ex empresas estatales permitió obtener una productividad media laboral superior al resto de la cúpula empresarial. En relación con la concentración y centralización del capital, cabe mencionar que la nueva estructura de tarifas implementada con la privatización provocó que dichas empresas obtuvieran márgenes de utilidad superiores al resto de la economía local e incluso de la cúpula. Si sumamos el hecho de que el proceso licitatorio funcionaba como barrera de entrada a capitales de menor rango, dicho proceso privatizador generó una fuerte concentración y centralización del capital, obteniendo cada vez más injerencia en la economía local.

Es de destacar que estas empresas, grupos locales y extranjeros, que formaron la elite empresarial y que obtuvieron la concesión de las empresas privatizadas, fueron los mismos que se habían consolidado con el cambio en el patrón de acumulación a partir de la última dictadura militar. La concentración también fue potenciada por la garantía que se establecía por intermedio de las tarifas públicas, ya que dichas tarifas se encontraban independizadas de la evolución del ciclo económico al tener actualizaciones tarifarias y en dólares. Es así como la tasa de rentabilidad promedio sobre las ventas de las privatizadas durante el período 1993-2001 fue del 9,7 por ciento, mientras que las empresas que, aun perteneciendo a la elite empresaria local no se encontraban vinculadas a las privatizaciones, tuvieron una tasa del 0,7 por ciento. Para el mismo período, de la masa de utilidades de las 200 empresas más grandes, casi el 60 por ciento del total de ella (28.985 millones de pesos) correspondía a las privatizadas (27 empresas) y sólo el 11,7 por ciento a las no vinculadas (141 empresas).

Es claro que el proceso privatizador potenció y acentuó la expansión de los sectores dominantes, logrando independizar sus ventas con respecto a la performance del PBI total y potenciando a su vez la valorización financiera.

* Contador público (UBA).

** Licenciado en Economía (UBA)

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