Fuerte apuesta

La crisis financiera internacional de fines de 2008 implicó el comienzo de una política mundial caracterizada por un reacomodamiento de fuerzas, el inicio de una nueva geopolítica y de un marco mundial más estrecho para el ejercicio de aquella soberanía. Estos cambios tuvieron también su correlato en el escenario energético en al menos dos cuestiones centrales: la de la seguridad energética y la de la importancia otorgada a las fuentes renovables de energía en vinculación con el cambio climático atribuido por parte de la comunidad científica a las emisiones de CO2. La mayor demanda de energía enfrentaría un escenario de elevados precios, donde la necesidad de subsidiar a las renovables se vería atenuada por la competitividad de estas fuentes con precios más elevados para las opciones de suministro con recursos convencionales. Recursos disputados, además, por países emergentes a donde la producción industrial incremental se había trasladado.

En el caso de Argentina los cambios acontecidos en el escenario mundial impactaron de modo directo sobre la cuestión energética a través de una concomitancia de varios hechos en un plazo muy breve. En primer lugar la devaluación de 2002 supuso una dicotomía entre: a) dolarizar las tarifas, lo que hubiera significado multiplicar de 3 a 3,6 veces el precio pagado por los consumidores de gas y electricidad por la energía consumida; b) no hacerlo y crear reglas ad hoc para desacoplar expansión de la oferta energética de los incentivos por mayores precios –que se suponía las induciría de un modo automático–, cosa que a la luz de los resultados registrados empíricamente entre 1990 y 2001 mostraron un sesgo hacia el rápido retorno de las inversiones y una formidable aversión al riesgo, traducida en estrategias empresariales que priorizaron la monetización de reservas ya descubiertas en vez de una expansión de las mismas. En ese momento la Argentina podía entrar al club de los países que muestran “una buena conducta y obediencia a las reglas de los mercados”, o bien intentar proteger los intereses de los consumidores transfiriéndoles rentas del sector energía como forma de evitar un mayor deterioro de los ingresos ciudadanos. Esta opción hubiese sido una opción política sencilla si de modo simultáneo los precios de la energía en el mercado mundial no se hubieran incrementado entre 2003 y 2007 en casi cuatro veces o más.

Por lo tanto ya no se trataba de multiplicar por 3 o 3,6, sino de multiplicar por 8, 10 o 12, toda vez que entre las reglas de oro presupuestas en un mundo de libre comercio y protección de inversiones extranjeras, los costos económicos ya no serían los costos de producción, sino los costos de oportunidad (los del mercado internacional definidos por el contexto descrito previamente). Ello, claro está, con independencia de los ingresos de los consumidores, muy distintos en los países centrales y el resto. Lo que generalmente se ha reprochado al Gobierno es no haber previsto que la recuperación industrial “era un simple veranito” que acabaría muy pronto y devendría en crudo invierno una vez agotada la capacidad ociosa preexistente tras la recesión 1999-2002.

El costo de una nacionalización completa nunca fue evaluado. La cuestión de una distribución del ingreso al margen del crecimiento es algo deseable pero no resuelto.

Siendo así de complejas las cosas, la nacionalización de YPF continúa siendo una fuerte apuesta a recomponer la oferta interna de energía a un menor costo medio que el derivado de dejar las cosas como estaban. Para ello YPF debe incursionar en la explotación y exploración ampliada de recursos convencionales y no convencionales y arrastrar al resto de los inversores del sector hacia estrategias similares. Las iniciativas de pagar por la producción incremental un valor próximo al del gas importado de Bolivia, fijando a su vez una tasa de declinación, haría en principio muy visible el retorno esperado de las inversiones y se diferenciaría de los programas previos, dado que ya no se exige que el gas sea nuevo o viejo, certificado o no.

Pero eso es sólo una parte de la cuestión; la otra pasa por lograr conformar una masa crítica de financiamiento, superar las objeciones del impacto ambiental derivado de la explotación del shale, obtener los equipos necesarios para revertir la declinación, incrementar la capacidad de refinación y obtener mano de obra calificada y abundante.

Grandes desafíos frente a una comunidad internacional exigente pero pensando en nuestra comunidad nacional, ya que el escenario próximo era el de un incremento en los precios de la energía y el de dejar de producirla en el país.

Por lo tanto no es que el modelo sea perfecto o se halle exento de fallas, inconsistencias y peligros, sino que toda otra opción implicaría un derrumbe del bienestar adquirido y un fuerte retroceso político, social y económico

* Vicerrector a cargo de la Sede Andina de la UNRN.

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