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Domingo, 17 de noviembre de 2013
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El sistema financiero como canal para legalizar capitales provenientes de actividades ilegales

Lavado de dinero

En el pa铆s se aplicaron multas a bancos por 300 millones de pesos por parte de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), de los cuales las entidades no pagaron un centavo debido a la presentaci贸n de cautelares.

Por Cristian Carrillo
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El HSBC en Argentina fue multado por casi 100 millones de pesos.

En julio de este a帽o, la Justicia estadounidense aprob贸 un acuerdo record por 1920 millones de d贸lares con el HSBC Holdings, banco que acept贸 pagar al reconocer que hab铆a ignorado normas del combate del blanqueo de dinero. La entidad de origen brit谩nico fue acusada de aceptar clientes vinculados con c谩rteles de drogas mexicanos y grupos terroristas. En Argentina, la filial local del HSBC fue multada por supuesta complicidad en operaciones de lavado de dinero que suman casi 100 millones de pesos, y se la sancion贸 con 31 millones. El banco y sus ejecutivos apelaron ante la C谩mara Nacional en lo Contencioso Administrativo y Federal. Una de las apelaciones recay贸 en la Sala I y las otras dos en la Sala IV, sin que haya en casi dos a帽os una resoluci贸n del caso.

En el pa铆s se aplicaron multas a bancos por 300 millones de pesos por parte de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), de los cuales no pagaron un centavo debido a la presentaci贸n de cautelares. En las 煤ltimas semanas, se busca imponer en la agenda medi谩tica el tema del narcotr谩fico como un problema cuya resoluci贸n es responsabilidad exclusiva del Estado. Si bien el poder de control y de polic铆a para combatir este flagelo corresponde al aparato estatal, la connivencia y complicidad de distintos segmentos de la actividad privada obstaculizan las acciones llevadas a cabo para encarar esa lucha. Tal es el caso de la asociaci贸n que agrupa a concesionarias de automotores, bancos y escribanos, que oportunamente presentaron cautelares para evitar tener que informar a la UIF sobre operaciones sospechosas de lavado de activos.

鈥淟a situaci贸n que tenemos actualmente es una cantidad de casos relevados para conseguir efectividad de la legislaci贸n, que chocan con un esquema judicial proclive a la dilataci贸n de las causas, tanto por inutilidad como por complicidad鈥, se帽al贸 el titular de la UIF, Jos茅 Sbatella. Entender el tema del narcotr谩fico m谩s all谩 de la cuesti贸n del contrabando y venta de estupefacientes permite conocer todos los negocios paralelos que, adem谩s de abultar las ganancias de los delincuentes, generan las condiciones para que el dinero sea blanqueado. Tambi茅n permite trabar embargos sobre los activos de los narcotraficantes para reducir las posibilidades de escape a otros pa铆ses. Una decena de delincuentes que lograron fugarse o evadir a la Justicia fueron recapturados cuando 鈥渋ban a los bancos en los que operaban para reclamar la liberaci贸n de sus cuentas鈥, inform贸 Sbatella a este suplemento.

Cash tuvo acceso a m谩s de treinta causas que fueron producto de investigaciones de la UIF y/o en las que act煤a como querellante, y que no llegan a tener efectividad en funci贸n de todos los tr谩mites judiciales interpuestos. El caso m谩s llamativo es el de Alvarez Meyendorf, por contrabando de estupefacientes, donde se investiga la ruta del dinero obtenido a trav茅s del narcotr谩fico. Meyendorf tiene pedido de extradici贸n de los Estados Unidos por el mismo delito. La causa fue derivada a distintos juzgados. Estuvo en el fuero Criminal y Correccional, pero se declar贸 incompetente y deriv贸 la causa al Penal Econ贸mico. Este tambi茅n se declar贸 incompetente y volvi贸 al juzgado Criminal y Correccional. No hay sentencia. Otro caso es el de la efedrina, donde se investigan maniobras de lavado de activos y est谩 vinculado con el triple crimen de General Rodr铆guez (17 de agosto de 2008). Las indagatorias se iniciaron reci茅n en noviembre del a帽o pasado. Tampoco existen avances en este caso.

La obligaci贸n que rige para personas f铆sicas y jur铆dicas de reportar las operaciones sospechosas de lavado permite evitar al circuito formal el ingreso de dinero que provenga de actividades il铆citas. El incumplimiento de estas obligaciones, que deber铆an ser parte de la operatoria habitual de los actores privados, est谩 penado. No obstante, las presentaciones que realizan ante la Justicia para evitar el compromiso impiden que 茅stos sean tambi茅n investigados

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