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El entramado inclusivo articulado durante el kirchnerismo (Asignación Universal por Hijo, Progresar, Conectar Igualdad, ampliación del universo de jubilaciones y pensiones, movilidad jubilatoria) recibe un amplio apoyo social. De todos modos, los sondeos de opinión revelan la existencia de un rechazo cercano al 30 por ciento para la AUH. Esas personas aducen un conjunto de lugares comunes replicados en medios de comunicación y redes sociales (“los subsidios fomentan la vagancia”, “se están gastando la plata de los jubilados”, “las chicas quedan embarazadas para cobrar la asignación”). La dirigencia política opositora ha sido más cuidadosa en ese terreno aunque, en algunos casos, ese posicionamiento responda a meras especulaciones electorales. Lo cierto es que son muy pocos los que se opusieron frontalmente. El diputado macrista Miguel Del Sel fue uno de ellos, cuando afirmó que la implementación de la AUH “ha provocado que se embaracen (niñas de 12 o 13 años) quizá para tener plata a los tres meses”.
En cambio, las críticas emitidas por cierta dirigencia “socialdemócrata” son más sutiles. En ese caso, los reproches recaen sobre las políticas “populistas” en general. La ambigüedad discursiva dificulta comprender si eso incluye a los programas sociales. Eso supondría una contradicción con la tradición histórica de esas fuerzas políticas, aunque está alineado con la trayectoria reciente de la socialdemocracia europea. El proyecto socialdemócrata de posguerra europeo se asentó en los principios económicos keynesianos. La provisión de bienestar social fue una de las herramientas utilizadas para impulsar la demanda.
La primera nación en implementar un esquema de seguridad social (seguro para la vejez, indemnización a los trabajadores, seguro de enfermedad) había sido, a finales del siglo XIX, la Alemania de Bismarck. Por su parte, el Plan Beveridge sería el primer ensayo de Estado de Bienestar del siglo XX. El autor de esa iniciativa sostenía que la debilidad central de la economía liberal era su “incapacidad para producir una demanda constante y adecuada de lo que produce el sistema económico, junto con su falta de dirección local en la demanda y desorganización del mercado del trabajo como deficiencias secundarias, de todo lo cual se origina la desocupación”. Así, las sociedades de mercado resultaban expuestas a fluctuaciones económicas que aparejaban graves depresiones con altos índices de desempleo. “Para hacer frente a esto el Estado debía asumir la responsabilidad de asegurar el funcionamiento de la economía, pues para construir un sistema de seguridad social requería usar su poder hasta la extensión que fuera necesaria con el fin de asegurar el empleo productivo”, planteaba Beveridge. En resumen, el plan proponía un activismo estatal que sostuviera el gasto a niveles acordes con la plena ocupación. En ese sentido, sentenciaba que “el aceptar la de-socupación, las habitaciones insalubres o la miseria, el permitir que los niños padezcan hambre y que los enfermos carezcan de atención médica, por el temor a aumentar la deuda nacional interna, no es otra cosa que perder todo el sentido de la proporción y de los valores sociales”.
El economista Fabián Amico, en La política fiscal en el enfoque de Haavelmo y Kalecki. El caso argentino reciente, señala que, “pese a las grandes diferencias de contexto histórico, es interesante recabar en el tipo de objeciones que recibiera el plan Beveridge en su tiempo, muy similares a las que recibió la política económica en Argentina desde 2003, a saber: que los beneficios sociales empeorarían la competitividad de las exportaciones británicas y que los beneficios para desempleados, así como el salario mínimo, podían desestimular la necesidad de trabajar”. El economista polaco Michal Kalecki combatió esas objeciones “señalando respecto del último punto que si efectivamente tales beneficios desalentaran a los trabajadores en la búsqueda de empleo, la respuesta política apropiada sería subir los salarios más bajos antes que reducir los beneficios”, concluye Amico.
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