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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dedicado a “la investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país”, según se presenta, constituye una de las instituciones públicas de mayor prestigio, que desmiente el mito liberal de la ineficiencia estatal.
En la web del INTA se indica que fue creado por el decreto-ley 21.680, el 4 de diciembre de 1956, firmado por el dictador Aramburu. En esa norma se afirmaba que la producción agropecuaria era “la mayor fuente de recursos para la economía del país”, indicando que el “ritmo de progreso de la tecnología agropecuaria que adopta un país condiciona la vitalidad de su esfuerzo económico en el orden interno y en el sistema competitivo internacional”. De esa manera, el origen del organismo se inscribe en el intento de aquel gobierno militar de mostrar su objetivo de modernización del sector agropecuario, que había sido dejado de lado por la política industrialista del peronismo.
El mito de la creación del INTA esconde el principal antecedente de un instituto de investigaciones agropecuarias en nuestro país. Se trata de la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Agricultura desde su creación en 1946, en el marco del primer Plan Quinquenal del peronismo. Ese instituto ubicado en Buenos Aires, pero que coordinaba los centros de investigación y estaciones experimentales del ministerio en los distintos puntos del país, tenía a cargo el “estudio de problemas técnicos y prácticos de la agricultura y la ganadería”, abarcando desde el “mejoramiento de las plantas y de los animales, y los recursos naturales relacionados con esta producción (suelo, flora y fauna), la sanidad vegetal y animal, y su defensa; la ingeniería rural; el aprovechamiento de los productos y subproductos agropecuarios”, hasta investigaciones sobre “microbiología y parasitología, entomología, genética animal y vegetal”, entre otras (Congreso, Cámara de Senadores. Argentina –1946–. Plan del Poder Ejecutivo: sobre realizaciones e inversiones para el quinquenio 1947-1951).
En realidad, el decreto-ley de la dictadura armaba una estructura burocrática por encima del organismo creado por el gobierno democrático al que había derrocado, cambiando su nombre para dar origen al mito fundacional. De esa manera, contribuía a la tergiversación de la historia científico-técnica de nuestro país que, en su versión liberal, ve en el período peronista una época de oscurantismo. A su vez, se posicionaba a sí misma como fundante de una etapa de modernización, donde la represión política se justificaba como un medio para evitar el atraso productivo provocado por políticas demagógicas.
También contribuía a esconder la política agropecuaria de los primeros gobiernos peronistas, que lejos de ser “anti-campo”, tendió a favorecer el acceso a la tierra y la maquinaria del pequeño y mediano productor, diversificar y tecnificar la producción, concentrando su comercialización en el Estado, en defensa de los precios externos de exportación y la baratura interna de los alimentos y materias primas industriales. Esa política afectó los intereses de los grandes propietarios y grupos transnacionales que hasta entonces controlaban el negocio agropecuario, que conformaron la pata civil del golpe militar que terminó con el gobierno democrático de Juan Perón.
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