Domingo, 20 de julio de 2014

Por Hernán Letcher y Julia Strada *

Las múltiples aristas cotidianas de la evolución del conflicto con los fondos buitre ponen en un segundo plano los hipotéticos efectos de la cuestión. Si bien no resulta sencillo prever el devenir de la disputa, el fallo de Griesa y su asociación con los bonistas demandantes permite inferir algunos posibles impactos en base a la propia historia argentina y al rol y pensamiento de determinados actores interesados abiertamente en ver derrotada a la Argentina.

- Recorte fiscal. La secuencia de demandas que desata el fallo en favor de los 1330 millones de dólares de los buitres (15 mil millones que demandarían los restantes holdouts y los 120 mil millones que tendrían derecho a demandar todos los holding reestructurados), produciría un muy fuerte incremento de la deuda externa. Con la simple suma de esos montos, la estimación casi duplicaría el actual stock de deuda pública (de 198 a 335 mil millones de dólares) elevando del 13,1 al 27,0 por ciento la relación de la deuda externa privada sobre el PBI. El peso de los intereses sobre las finanzas públicas tendría una incidencia muy superior a la actual, debiendo destinarse una parte importante del presupuesto a esta cuestión. Con algún grado de arbitrariedad, se podrían considerar dos parámetros de estimación: si la deuda externa privada asciende al 27 por ciento sobre el PBI, el peso de los intereses podría rondar entre 10 o 20 por ciento (en el primer caso tomando la relación intereses/recursos tributarios del 2013, y en el segundo caso del 2001). Para un presupuesto como el de la Argentina, esto representaría redestinar entre 50.000 y 120.000 millones de pesos anuales al pago de los intereses.

¿Cuál sería un posible impacto de este recorte? Entre algunas opciones de quienes promueven el ajuste ortodoxo se encuentra la reducción de las transferencias a las provincias en 25.000 millones de pesos, la eliminación de los 20.000 millones de la AUH, el recorte a la movilidad jubilatoria (90.000 millones), “congelar” el mínimo no imponible, eliminar el Progresar (11.000 millones) o el ProCreAr.

Este redireccionamiento de fondos impactaría sobre el consumo y podría provocar una caída del crecimiento en un 3-4 por ciento.

En la etapa de la valorización financiera (1976-2001) el incremento de la deuda significó en paralelo un estancamiento del PBI. El elevado endeudamiento de la Argentina no sólo puso límites al crecimiento, sino que siempre evidenció una relación directa con la desocupación, generando la expulsión de trabajadores del sistema productivo y la reducción de los salarios de manera masiva. En cambio, es en la etapa iniciada en 2003 donde se aprecia una relación inversa entre la evolución negativa de la deuda y el gran crecimiento económico.

Endeudamiento. Otra opción que ofrecerá la ortodoxia será la de endeudarnos (o refinanciar la deuda) con algún organismo de crédito o mediante su gestión. Esto es historia conocida. Vale recordar el del Blindaje y Megacanje, operaciones que escondieron bajo tecnicismos como “metas fiscales”, “ahorro público”, “racionalización del gasto”, “eficientizar el Estado”, las decisiones del recorte de la participación del Estado en la economía y la reducción del gasto orientado a las mayorías. En particular, el Blindaje tuvo como principales condiciones por parte del FMI:

- Reforma Previsional: eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.

- Racionalización de la administración pública: achicar el Estado.

- Reducción del gasto público: en el segundo semestre de 2001 el Gobierno ajustó el gasto en 4000 millones de pesos, cifra equivalente al 1,5 por ciento del PBI (con recortes a las provincias, a la seguridad social –jubilaciones– y los salarios del sector público).

- Reestructuración de la Anses y del PAMI y desregulación de las obras sociales.

- Congelamiento del gasto primario público de la administración nacional y provincial a través de la firma del Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal.

En la actualidad, el FMI no ha cambiado la receta: a España le exige elevar la edad de jubilación y ajustar las cotizaciones y las prestaciones jubilatorias en nombre de una mayor competencia y regulación en la sanidad pública y una mejor eficiencia del gasto en educación.

Concentración. Por transición, los límites al gasto público, y particularmente a las políticas de corte popular, actuarían además como un mecanismo de concentración económica. El establishment bregaría entonces por la inmediata implementación de políticas orientadas a reactivar la economía en clave ortodoxa: eliminación de las retenciones, reducción de los impuestos a las importaciones de bienes de capital, reducción de las cargas sociales a la contratación de jóvenes, suba de los impuestos indirectos o la misma reducción del impuesto a las ganancias de tipo societario, entre otras. Alguno quizá se atreva a una política más agresiva, como la reprivatización de YPF o la trasferencia del sistema previsional a manos privadas.

En suma, más ganancias al poder económico concentrado, que en nuestro país, lejos de haber significado mayor inversión, sólo han sido sinónimo de más ganancias. A lo largo de la historia, los procesos de desregulación y corrimiento por parte del Estado sólo significaron incrementar las arcas de la cúpula empresaria a costa de redistribución regresiva para las mayorías populares.

En cualquier circunstancia, una caída de la relación reservas/deuda externa oficiaría de renovada tentación para la especulación financiera. Así, entonces, no parece descabellado pensar en nuevas corridas cambiarias buscando una brusca devaluación, como ocurrió en enero último, en que el objetivo es propiciar una caída del salario real y de la participación de los trabajadores en el ingreso y apuntalar la concentración económica. En enero de 2014 la deuda externa representaba el 198 por ciento de las reservas y el acatamiento hoy del fallo de Griesa llevaría ese porcentaje al 420 por ciento.

Límites a la industrialización. El impulso del proceso de industrialización en un país periférico como Argentina se traduce en un mayor dinamismo de las importaciones sobre las exportaciones y por ende requiere de un esfuerzo constante por acotar la brecha externa para seguir potenciando el proceso de sustitución de importaciones. Esto se vincula hoy con el déficit en materia energética, del orden de los 6500 millones de dólares (2013), y el posible encarecimiento del crédito para la petrolera estatal implicaría un claro condicionante para avanzar en este frente.

Vaca Muerta. Quizá lo más significativo sea el interés por lo que la Argentina tiene bajo tierra. Sobre todo si se trata de la segunda reserva de shale oil y gas no convencional. El posible encarecimiento del crédito para la petrolera estatal daría pie a las propuestas entreguistas para la explotación de la zona. Vaca Muerta es la presa.

La independencia económica construida a lo largo de la última década permitió que una parte creciente del esfuerzo argentino se reparta de manera más equitativa. Pretender poner en jaque esta soberanía conquistada, a través de claras intenciones de que ganen los buitres, constituye también una apuesta local para condicionar la batería de políticas económicas distributivas implementadas durante la posconvertibilidad.

* Centro de Economía Política Argentina –CEPA–.

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