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La provincia de Buenos Aires es una de las más ricas del país, pero aún se encuentra atravesada por importantes deudas sociales. Sin duda, una de ellas se vincula con el derecho humano al agua potable, reconocido en distintos acuerdos internacionales a los que el país adhirió.
Por un lado, cientos de hogares en la provincia no logran acceder al más esencial de los servicios y se ven obligados a resolver el acceso mediante modalidades menos seguras, como las perforaciones domésticas, muchas de ellas a poca profundidad y cercanas a distintas fuentes de contaminación, como los pozos ciegos (sólo el 75,1 por ciento de los hogares accedía en 2010 al agua por redes y el 47,6 por ciento a las cloacas). Por otro, la provincia enfrenta conflictos que se han judicializado por la presencia de elevados niveles de arsénico en el agua que distribuye la empresa Aguas Bonaerense S.A. (ABSA) en el área de concesión.
ABSA es una sociedad anónima creada en 2002 al calor del fracaso de las privatizaciones en el sector, específicamente tras la salida de Azurix, que durante su corta gestión no logró avanzar en los objetivos sociales de ampliación de la cobertura y mejora de la calidad. Las acciones de ABSA corresponden en un 90 por ciento al Estado provincial y en un 10 por ciento a los trabajadores nucleados en su sindicato. Su área de concesión se fue ampliando a partir de la rescisión de contratos con otras privatizadas, como Aguas del Gran Buenos Aires, hasta prestar los servicios en 91 localidades y atender a 3,7 millones de usuarios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una medida cautelar contra ABSA. El hecho se remonta a un recurso de amparo que tuvo lugar tras la presentación de un grupo de vecinos de la ciudad de 9 de Julio que encontraron, en el análisis de un conjunto de muestras, que el agua que recibían por las redes contenía elevados niveles de arsénico. En noviembre de 2010, el juez en primera instancia estableció que la empresa tenía que distribuir agua en bidones sellados a particulares, instituciones educativas y asistenciales de la ciudad acorde con los patrones de calidad que establece el Código Alimentario Argentino. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en enero de 2011 y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en septiembre de 2012.
Finalmente, la Corte Suprema no sólo dejó firme el amparo sino que acordó, de manera notable, que “el agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. Determinó que se trata de “un proceso colectivo”, es decir que no tiene que ser considerado como sumatoria de reclamos individuales y que, por su importancia, tiene que aplicarse el “principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio”.
En relación con el arsénico, en noviembre de 2013, la Corte ya había rechazado el recurso de queja interpuesto por ABSA y así avaló lo actuado por otras instancias judiciales que obligaban a que la empresa proveyera agua con un valor de arsénico no superior al 0,01 mg/l, de acuerdo con el Código Alimentario Argentino (artículo 982).
Más allá de los cuestionamientos judiciales, en la provincia aún se encuentra vigente el marco regulatorio de la prestación del servicio, decreto 878/03, que no acuerda estándares de calidad del agua comunes para todo el territorio, tal como lo hacen la mayor parte de los dispositivos regulatorios, inclusive el de Agua y Saneamientos S.A., sino que diferencia entre “agua potable” y “agua corriente”. Lo cual permite que una parte de los hogares reciba agua potable, segura y apta para el consumo directo y otra con mayores niveles de contaminación.
Aunque ABSA no niega los problemas de calidad del agua que distribuye, llamativamente, desde julio pasado espera se apruebe un importante aumento tarifario. El pedido dio lugar a diversas manifestaciones de descontento que incluyeron presentaciones de usuarios en la Justicia, intervención del Organismo de Control, participación del Defensor del Pueblo y la realización de Audiencias Públicas por solicitud judicial. El último aumento, de 179,4 por ciento, lo otorgó el gobierno provincial, en 2012, de forma extraordinaria. No están disponibles las memorias o estados contables de ABSA, como sí lo están de otras empresas del sector, para conocer su estado económico-financiero.
La compleja situación que atraviesa la provincia se vincula con la histórica ausencia de una política integral que priorice el sector en las inversiones, el uso doméstico por sobre otros usos, que continúe las acciones en el tiempo, promueva sinergias entre actores estatales y no estatales y, en definitiva, que reconozca el derecho que tienen todas las personas a acceder al agua potable. Lo cual motiva a debatir sobre cuáles son las prioridades del gobierno provincial y cuáles son las acciones a seguir para lograr la universalidad y mejora de la calidad en la provisión de servicios básicos.
* Investigadora-docente del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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