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La reciente ley votada en el Congreso sobre la promoción a las Pymes incluye una serie de medidas a favor de las mismas consistentes en facilidades para la financiación y beneficios fiscales. Sin embargo, la ecuación que se configura con las dificultades que atraviesa el entramado pyme a partir de las decisiones de política económica de Cambiemos y los beneficios aprobados, lejos está de ser positiva: las medidas para las pymes resultan cuanto menos insuficientes.
La ley incluye el diferimento del pago de IVA (que era de 30 y aumenta a 90 días), la puesta en marcha de instrumentos financieros como la posibilidad de emitir Obligaciones Negociables, letras de cambio y pagares. Al mismo tiempo, se exige a las aseguradoras una mayor inversión en capital de trabajo para las pymes y en esta línea se crea el Consejo Pyme para el otorgamiento de créditos. Adicionalmente, se establece –por fuera de la ley– la suba del mínimo para retenciones en IVA y Ganancias (mediante Resolución 3878), la ampliación de la línea de financiación que la banca privada reserva para la inversión de las pymes (que se elevaría del 14,0 al 15,5 por ciento de los activos de los bancos, anuncio realizado previamente al lanzamiento del proyecto de ley) y la extensión del plazo para la liquidación de exportaciones, aunque en este último punto cabe indicar que la Resolución 91/2016 alcanza a todas las empresas, no solo a las Pymes.
En lo que refiere a los beneficios fiscales, se establece la posibilidad de considerar como pago a cuenta de Ganancias al 10 por ciento del monto correspondiente a las inversiones que se concreten entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2018 (con topes de un 2 por ciento de las ventas en Ganancias y dentro de la cantidad máxima total de recursos que determinará la AFIP por este concepto), la compensación del impuesto a los créditos y débitos bancarios a cuenta de Ganancias al 100 por ciento para las pequeñas empresas (hasta 55 millones de facturación anual para el caso de las pymes comerciales) y al 50 por ciento en el caso de las empresas medianas industriales y, por último, la eliminación del impuesto a la Ganancias Mínima Presunta. Se incluyó en el proyecto la reactivación de los Repro, creados durante la gestión anterior, ahora con un aumento del 50 por ciento del monto para este tipo de empresas.
Sin dudas que estas medidas constituyen buenas noticias para uno de los sectores más golpeados del primer semestre, sobre todo lo referido a la compensación del impuesto a los créditos y débitos y la eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (limitada sólo a los ejercicios 2017 y 2018, dado que la ley de blanqueo derogó para todos el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir 2019) que resulta un beneficio directo para las pymes, el diferimiento del IVA, que permite evitar el financiamiento y afrontar obligaciones fiscales sin necesidad de adelantar el dinero en operaciones a crédito aun no cobradas, y los Repro, que han demostrado ser una herramienta altamente efectiva, aunque vale indicar que nacieron con la finalidad de morigerar el impacto de crisis exógenas sobre el sector más débil de la economía. La inclusión de los Repro en la ley, no obstante, contiene una vaga expresión en el texto legal: “Instrúyase al ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar todas las acciones necesarias para que el acceso a los beneficios del Repro, pueda realizarse mediante tramite simplificado para las Pymes”, donde aparece ausente el financiamiento especifico al respecto y donde tampoco se establecen los mecanismos y criterios de evaluación y continuidad en el programa: ¿se mantendrá como exigencia no despedir personal para contar con el beneficio?
Resulta imprescindible contrastar la ley aprobada con las medidas que desde el gobierno nacional se han impulsado desde el 10 el diciembre en adelante afectando seriamente la sustentabilidad del entramado pyme nacional. Si bien la propuesta de financiamiento de la gestión de Cambiemos implica duplicar la obligación de destinar una porción de los depósitos privados para créditos pyme productivos a 7,5 por ciento del total –lo que en la práctica significaría un aumento desde 53.000 a 110.000 millones de pesos–, lo cierto es que para efectivizar el cumplimiento es indispensable que el directorio del BCRA decida en este sentido, y disponga de fuerte énfasis en su rol fiscalizador. Por el contrario, se constata un ostensible relajamiento de los controles y exigencias hacia la banca privada. Cabe recordar, además, que esta medida proclive a incentivar el crédito productivo es resultante de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA en 2012, oportunamente cuestionada por Macri y sus actuales funcionarios.
Por otro lado, la desregulación de las tasas de interés desde el 10 de diciembre último sumado al fenomenal aumento de la tasa de Lebac –hasta el mes de junio en que comenzó su descenso– ha encarecido el financiamiento pyme en beneficio de la banca financiera y como contracara ha limitado los recursos destinados a inversión productiva: son los mismos bancos los que invierten en Lebac.
Seguidamente, el macrismo eliminó el inciso k que establecía desde 2012 que las aseguradoras tenían que destinar una parte de los fondos (entre el 8 y 18 por ciento, unos 23 mil millones de pesos) al financiamiento productivo a través de la compra de instrumentos emitidos por pymes y obligaciones negociables lanzadas por firmas de mayor envergadura como YPF. Cuando se suprimió, el costo de financiamiento de las Pymes a través de cheques de pago diferido, se encareció en 10 puntos: empezaron a negociarse en la Bolsa a una tasa promedio del 30 al 35 por ciento a 90 días, cuando el día anterior a la norma lo hacían del 20 al 25 por ciento. Esa normativa fue reemplazada por la resolución 39.645 de 2016 que convirtió en optativa a la inversión de los activos inciso k y habilitó la posibilidad de desinversión en esos instrumentos hasta 2017.
Sumado a ello, el aumento del 500 por ciento de la electricidad y el gas significó un costo insostenible para las industrias y comercios, lo que derivó en una conocida sucesión de reclamos y amparos. El aumento de tarifas significó un duro impacto sobre la producción y el empleo en esas empresas. Un estudio realizado por CEPA con datos de Conarcoop muestra la significancia del aumento de tarifas en cooperativas de sectores de producción industrial. El aumento representa el equivalente a 91 sueldos según el rubro de actividad de cada una de ellas, sobre un total de 448 empleados. Es decir, más del 20 por ciento de los salarios de su plantilla.
La apertura a las importaciones, a su vez, ha hecho estragos en la producción de las Pymes. Una encuesta publicada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizada entre 300 firmas manufactureras indica que el 49,5 por ciento perdieron ventas por el ingreso de productos extranjeros y el 79,2 por ciento teme que esa apertura importadora finalmente afecte la evolución de su negocio.
Como si fuera poco, la caída del salario real y los despidos condicionaron el consumo en el mercado interno. El salario real de los registrados se retrajo más de diez puntos desde diciembre en adelante mientras que el último informe de despidos de CEPA indica que entre diciembre y junio se produjeron casi 180.000 despidos y suspensiones entre el sector público y el privado. Las producción de las pymes industriales, destinada mayoritariamente al mercado interno, ha caído de manera significativa.
En definitiva, si el análisis en torno a las medidas sociales indicaba la necesidad aunque insuficiencia de las mismas (por cada peso que se destinó en el “paquete social” anunciado el 16 de abril último, fueron quitados previamente entre 4 y 6 pesos por eliminación de subsidios al gas, luz y agua), estas medidas para las pymes no pueden menos que contrastarse con el complejo escenario planteado por el incremento de tarifas, la apertura importadora, el encarecimiento y prácticamente desaparición de la financiación y el estancamiento económico en el mercado interno.
* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
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