Página/12 :: cash :: Agenda y estrategia

Puede ser que muchos no la hayan votado e incluyo hayan hecho campaña por la oposición en su círculo cercano. Varios critican lo que denominan “estilo de gobierno” sin definir si lo que les molesta es el vestuario o la pérdida del lugar de cortesanos. La mayoría preferiría otra política económica, sin entenderse muy bien por qué, puesto que con ésta han ganado dinero como pocas veces. Ese estado de situación se resume en la siguiente descripción: un directivo de una de las privatizadas, que antes fue menemista y ahora kirchnerista en público, como casi todos los empresarios, confesó ante unos pocos testigos que “nunca multipliqué tanto mi capital como con el gobierno de Kirchner, pero no los quiero”. El poder económico, en última instancia, se trasviste para acompañar al poder político triunfador. Sucede en la Argentina como en cualquier otro país porque forma parte de la lógica de funcionamiento del sistema. La clave de esa dinámica se encuentra en cómo se desarrolla esa relación, en la cual se van condicionando unos a otros, para la definición de las medidas que han de constituir las políticas macro. Se trata de lo que se denomina vulgarmente “agenda” de gobierno o los “temas pendientes”. Se traduce también como el pliego de condiciones que el consenso “sensato” difunde para ser cumplido por el presidente de turno, que en caso de no ser llevado adelante implicaría “estar a contramano del mundo” y otras tantas sentencias gaseosas para descalificar una política que disgusta.

De acuerdo a discursos y señales, previos y posteriores a las elecciones, la presidenta electa y lo que se conoce como el establishment han coincidido en la “agenda” de las asignaturas a enfrentar en materia económica por el nuevo gobierno. En ese memorándum, que se promete atraerá inversiones, aparecen como prioridades:

Aumentar las tarifas de los servicios públicos privatizados. Ya se ha definido ajuste en los acuerdos-marco con las empresas, pero se pretende acelerar su puesta en vigencia, como así también aplicar un alza a sectores medios y altos para elevar los ingresos de las compañías, incremento que se difunde como una política para desincentivar el consumo como así también para mejorar la distribución del ingreso.
Apurar el acuerdo por la deuda de unos 6200 millones de dólares en default con el Club de París. Para ello, con más o menos formalismos, se propone volver a las puertas del Fondo Monetario Internacional.
Desacelerar el gasto público y obtener un consiguiente aumento del superávit fiscal.
En línea con lo anterior, disminuir los subsidios a la red de transporte y al sistema energético.
Definir un Pacto Social. Más allá de los acuerdos generales sobre el rumbo de la política económica, la esencia de esa iniciativa se refiere a la contención de precios y salarios. Y los empresarios están entusiasmados con esa iniciativa porque se promueve un ajuste del salario del 2 por ciento en términos reales (ver nota principal en el diario) en base a un índice cuestionado por subestimar el alza de los precios.

La debilidad de esta “agenda” no reside en los temas que contiene, puesto que son aspectos a considerar y que requieren debate y resolución. E incluso el sendero a transitar en ese programa puede ser el que propone ese consenso. Su fragilidad o, en todo caso, su inconsistencia se encuentra en las cuestiones ignoradas y que son tan o más importantes que esa partitura. Pueden ser presentados como la “contraagenda” o “agenda ampliada”, pero son aspectos que no deberían estar ausentes si a lo que se aspira es a un crecimiento con equidad:

Una reforma tributaria que alcance a la renta financiera y a las ganancias de capital por compraventa de activos. También la disminución de la carga sobre el consumo y el aumento sobre los sectores de mayor capacidad contributiva.
Apropiarse de una creciente renta energética, que resulta escandalosamente elevada con un precio del barril de petróleo cercano a los 100 dólares.
Diseñar un esquema de retenciones móviles para los commodities, productos que están en niveles record y se estima seguirán en valores tan altos. Esa política tiene más que ver con una estrategia de precios internos, para amortiguar ese shock externo sobre los alimentos, que con una política de acercar recursos al Tesoro.
Tener voluntad política para contener el extraordinario proceso de extranjerización y constitución de monopolios en sectores sensibles de la economía.
Recuperar y profesionalizar la intervención pública en la cadena de formación de precios, con acuerdos eficientes que permitan desacelerar las expectativas inflacionarias. Una política en ese sentido no consiste en reformular el IPC del Indec y en conseguir un acuerdo macro de precios y salarios.
Las cuestiones de la pobreza, los salarios y el empleo en negro requieren de políticas específicas además de expresiones de buena voluntad.

En definitiva, no se trata de una “agenda” como le gusta definir al establishment, que en general incluyen temas que sólo preocupan a sus propios intereses, sino que el objetivo debería ser el diseño de una “estrategia”. El clan Calcagno de economistas (Eric, Alfredo y Fernando), desde una posición vinculada con el Gobierno, plantea que una estrategia “no es una enciclopedia para uso de quienes dirigen la política y la economía de una sociedad, ni un plan de mediano plazo y menos aún un catálogo de medidas inmediata”. En un reciente documento, Estrategia nacional para el desarrollo con justicia social, precisan que “es la proyección de un rumbo para la Nación, donde son identificados los principales problemas sociales, así como las diferentes posibilidades económicas para superarlos de acuerdo con valores y prioridades que se instrumentan a través de líneas de acción política”.

El interrogante que se exhibe en estos días posteriores al recuento de los votos de las urnas reside en saber si la política económica se reducirá a la “agenda” del establishment o se ampliará con las cuestiones expuestas en la “contraagenda” o, en forma más consistente, si se definirá como parte de una “estrategia” que contenga esas cuestiones urgentes pero que implique una densidad mayor que la exposición de soluciones para aspectos coyunturales.

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