Página/12 :: cash :: Ocultación y fatalidad

En España faltan pocas semanas para las elecciones que elegirá un nuevo gobierno y la tensión política está en niveles máximos. El Partido Popular aspira a que el Partido Socialista Obrero Español padezca un efecto “Atocha”, atentado terrorista en la estación de tren que provocó a último momento un vuelco electoral que permitió el ascenso de la oposición al poder. El deseo de un impacto negativo no viene por el lado de una bomba asesina del fundamentalismo, sino por el aliento de una corriente pesimista motorizada por indicadores económicos que empiezan a mostrar signos de agotamiento. Fuertes oscilaciones de las cotizaciones de las acciones, siendo la Bolsa de Madrid la que registró las caídas más fuertes de Europa por la crisis financiera internacional, un índice de inflación que se ha acelerado y una desocupación que también ha subido instalaron un contexto de incertidumbre, que la inminencia de las elecciones ha exacerbado. Entonces, una de las principales estrategias de Mariano Rajoy para desplazar a José Luis Rodríguez Zapatero es mostrar que España está ingresando en una crisis. Mientras, la reacción oficial es enfrentar esa campaña afirmando que la economía española no tiene ningún problema y que sigue con signos de fortaleza. Cualquiera que observe en forma desapasionada la cuestión sabrá que ni uno ni otro extremo es cierto.

Este escenario tiene parecidos notables a situaciones que se presentan en muchos países, incluida la Argentina, como si las especulaciones políticas y construcción de realidades se hubieran también globalizado. El director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y columnista de El País Josep Ramoneda escribió al respecto una docente opinión a mediados del mes pasado, que tituló El fatalismo de las crisis. Comienza con un aspecto en general minimizado en los análisis que se refiere a que “la política también cuenta en las crisis económicas”, para sentenciar que “el clima político-ideológico de cada momento tiene mucho que ver con las cosas que ocurren”. En el párrafo más contundente dice: “Con todo, lo que me parece más preocupante es el doble juego de la ocultación y de la fatalidad. Ocultación en el espacio político, ocultación en el espacio económico, siempre con el piadoso argumento de que hablar de crisis es la mejor manera de fomentar la crisis. En la política, el gobierno no tiene otro discurso que relativizar el mal momento económico con los buenos resultados del pasado reciente y la oposición, alimentar el discurso de la crisis para que cunda el pánico y la ciudadanía se asuste y vote a la derecha. Son dos formas de ocultación, ninguna de las dos actitudes contribuye al conocimiento de la realidad de la situación ni aporta respuestas específicas que ayuden a pasar mejor el trance”.

No se trata de un comportamiento exclusivo de la clase política. También forma parte del genoma empresario. En el caso argentino, hoy el caso más grosero de ocultación y fatalidad se desarrolla con los precios. A partir de la intervención oficial en el Indec todo ha quedado tergiversado. El Gobierno oculta y la oposición exagera la fatalidad. Entonces se dificulta la posibilidad de acercarse al conocimiento de la realidad. Tal es la confusión que un organismo financiero internacional que elabora pronósticos errados, recetas de fracaso e incluso arrastra denuncias de alteración y omisión de información para impulsar sus planes de ajuste se le asigna autoridad para juzgar las estadísticas oficiales. Después del desastre que provocó, al FMI le queda holgado el atributo de opinión calificada, y menos sobre Argentina. Pero la torpeza del Gobierno le abre la ventana para que ingrese a tallar en el debate económico doméstico.

A esta altura del proceso de degradación de las estadísticas públicas, resulta una burla a la inteligencia los acuerdos de precios que presenta el secretario de Comercio Interior. Hasta el relevamiento manoseado del Indec muestra que ya no existen. El conjunto de productos sujetos a acuerdos de precios presentó una variación del 1,0 por ciento durante enero, levemente por encima del aumento exhibido por aquellos bienes y servicios libres de pactos, que avanzaron 0,9. En relación con el mismo mes del año anterior, los bienes bajo acuerdos de precios acumulan una inflación de 10,9 por ciento. “Es decir, la efectividad de la política de acuerdos de precios del Gobierno se ha ido diluyendo, ya que varios rubros incluidos en los convenios estuvieron entre los que más se incrementaron”, concluye el último informe de Economías & Regiones de Rogelio Frigerio (nieto). En ese mismo sentido, el economista Miguel Bein sostuvo en uno de sus reportes que “los únicos precios regulados de la economía son los servicios públicos, que representan menos del 15 por ciento del IPC y cuya lógica no tiene necesariamente que ver con la contención de la inflación”. Incluso esos precios, con el aumento del transporte y el inminente en las tarifas eléctricas, han empezado a descongelarse.

El problema de la inflación se ha extendido en casi todo el mundo debido a la confluencia de varios factores, destacándose el alza extraordinaria de las materias primas (el petróleo y los granos) que dispara los precios de los alimentos al alza. Frente a una realidad compleja, que en la Argentina se le suman mercados oligopólicos y una demanda creciente, la estrategia elegida no fue la de instrumentar una política antiinflacionaria, sino que, por el contrario, ha sido la de profundizar una que alimenta las expectativas inflacionarias al destruir el IPC como indicador de referencia. De esa forma, como elemento colateral, brinda a las consultoras privadas un fabuloso nicho de negocios para “vender” índices de inflación, que según la más o menos simpatía con el Gobierno aplican la misma técnica Moreno: acomodan las cifras en función de sus intereses.

En ciertos despachos de la Casa Rosada indican que el IPC manoseado permite pagar menos de deuda por los bonos ajustados por CER. Sin embargo, los costos asociados a esa estrategia pueden ser mayores que el ahorro de esos millones del fisco. Si el problema son los títulos con CER, se requiere de pericia técnica financiera para diseñar un programa de rescate o de canje por otros bonos menos onerosos. De todos modos, más allá de especulaciones con los acreedores, algunos funcionarios admiten en la trampa que ha caído la administración kirchnerista y ofrecen un argumento contrafáctico para sostener la actual política en el Indec. Afirman que la inflación sería aún más elevada que el consenso privado ubica en el 20 por ciento si se sincerara el IPC, puesto que colocaría en un piso más elevado la expectativa inflacionaria. Peculiar explicación que ofrece confirmación para el escenario nacional del vicio de la ocultación y la fatalidad.

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