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Domingo, 28 de julio de 2013
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Los fondos buitre salen a cazar activos argentinos

Ataque sobre patentes

El fondo buitre Aurelius Capital Management intentó trabar un embargo sobre las patentes argentinas registradas en Estados Unidos. Es la primera vez que se realiza un pedido de esta naturaleza sobre un bien intangible.

Por Cristian Carrillo
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El juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó la pretensión del fondo buitre por la causa patentes.

El juicio que enfrenta la Argentina con los fondos buitre escapa al plano financiero. Los pedidos de embargo que realizaron estos grupos especulativos abarcaron desde embajadas en distintos países hasta una nave insignia, como la Fragata Libertad. Con la excusa de un reaseguro a sus demandas, estos fondos buscan aprovechar el contexto de litigio para quedarse con inversiones estratégicas sin importar si afectan intereses de terceros o el bien público. Bajo ese esquema, el fondo buitre Aurelius Capital Management intentó trabar un embargo sobre las patentes argentinas registradas en Estados Unidos. Es la primera vez que se realiza un pedido de esta naturaleza sobre un bien intangible. La solicitud fue desestimada por el propio juez neoyorquino Thomas Griesa, permeable a los reclamos buitres.

Los técnicos del INTA recibieron a principio del año pasado un llamado del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, contratados por la Procuración del Tesoro de la Nación, para solicitar asesoramiento en un intento de embargo sobre patentes registradas por distintos organismos en Estados Unidos. El sistema de registración de patentes –que protege la propiedad intelectual– tiene un costo de 8 mil dólares por país y para realizar una inscripción global se requiere de 200 mil dólares. Estados Unidos tiene la base más grande y actualizada y un esquema de solicitudes para continuar los desarrollos sin riesgo de copia. “A través de esos derechos se instrumentan procesos de dependencia que sólo pueden ser superados a partir de la activa participación del Estado en proyectos de I+D que tiendan a la autonomía tecnológica”, señaló a este suplemento Germán Linzer, gerente de Propiedad Intelectual del INTA.

En la actualidad el INTA cuenta con unas veinte patentes registradas. El Conicet, con un número menor, también registró la propiedad intelectual sobre distintas invenciones y desarrollos. La obtención de una patente implica un período de exclusividad que, en un mercado como el estadounidense, implica un gran potencial. Por lo que la inversión es baja en relación al potencial beneficio, aunque no es cuantificable hasta su puesta en el mercado. Pese a ello en los últimos años el valor de las empresas da mayor peso al conocimiento e innovación. El 80 por ciento del valor corporativo reside hoy en bienes intangibles, ya sea por marca registrada, inventos o investigación. Incluso en Estados Unidos se puede invertir en papeles que evolucionan al ritmo de los descubrimientos sobre distintas áreas.

La estrategia establecida entre el bufete de abogados y los técnicos del INTA fue demostrar que el organismo, así como el Conicet, son autónomas de la estructura estatal y que las patentes involucran a terceros físicos y jurídicos autores de las investigaciones. El pedido de Aurelius recibió un revés de Griesa, quien señaló que no continuaría con la presentación del fondo buitre sobre un derecho que todavía no genera valor patrimonial. En Alemania un holdout presentó un pedido similar en los tribunales de Frankfurt y Munich, que también fueron desestimados por la Justicia germana.

El tema de las patentes cobra vital importancia para achicar la brecha tecnológica entre países desarrollados y en desarrollo. “Los países buscan proteger sus desarrollos porque los grandes capitales son quienes están en mejores condiciones de aprovechar y apropiarse de los resultados de la investigación que generan otros”, agrega Linzer. La Argentina cuenta actualmente con importantes aportes en el terreno de la Salud y la Agricultura. “Los Estados progresivamente van a participar cada vez más en proyectos tecnológicos e industriales que tengan origen en sus instituciones de investigación, no sólo a partir del ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual sino también teniendo acciones en empresas tecnológicas surgidas entre la iniciativa privada y la participación pública”, explica el técnico del INTA

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