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El acuerdo entre el gobierno nacional y los acreedores del Club de París despeja parte del camino hacia la búsqueda de financiamiento externo. Esta situación no estará limitada a la deuda del Estado nacional y provincial, sino que además destraba ese acceso a las empresas locales que busquen créditos en el exterior y a las extranjeras que quieran invertir en el país. A la espera de un arreglo, las provincias y varias empresas mantenían en carpeta sus planes de emisión de deuda, que en los últimos días volvieron a recalcularse sobre la base del menor costo que el acuerdo con el Club permite. Si se toma en cuenta los rendimientos actuales de la deuda soberana argentina, el país ya está en condiciones de conseguir tasas de un dígito –cerca de 8 por ciento–, costo que las provincias esperan poder conseguir en sus próximas emisiones. En este caso, será clave el desenlace del juicio que enfrenta el país con un grupo de fondos buitre.
La deuda con el Club de París mantuvo frenadas inversiones tanto públicas desde esos destinos como privadas. En el caso de las inversiones de empresas, esa imposibilidad estaba dada por lo que se denominan seguros soberanos, que cubren a la firma que la contrata de eventuales riesgos de inestabilidad económica e incapacidad del país para cumplir con sus deudas. “Los inversores extranjeros que tengan interés de invertir en la Argentina van a poder contar con un seguro soberano de su país”, señaló el ex titular del Banco Central, Mario Bléjer. “Si una empresa proveniente de estos países necesita obtener crédito en sus países de origen, ahora lo puede hacer a tasas más favorables. Empresas importantes nos habían comentado que encontraban dificultades para conseguir créditos en sus países de origen”, aseguró esta semana el ministro de Economía, Axel Kicillof. También permite a las empresas argentinas conseguir crédito externo en esos países para prefinanciar exportaciones o abrir una filial. En el rubro deuda soberana también se mejora el perfil. La caída en el rendimiento de los títulos públicos comenzó a verificarse hace unos meses, ante la expectativa de que las conversaciones con este grupo de países acreedores llegarían a buen término, aunque la tendencia se vio perturbada en varias ocasiones por especulaciones acerca del litigio con los buitres. La atención está puesta entonces en la decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre si acepta el pedido argentino de tomar el caso.
El riesgo país es un indicador simplificado e imperfecto de la situación de una economía, además de arbitrario, ya que la elección de las variables y la ponderación de cada una son subjetivas. En el caso argentino, se utilizan títulos poco representativos en cuanto a peso de su emisión con respecto a otros papeles más negociados. El EMBI+, elaborado por el banco de inversiones JP Morgan, coteja los bonos PAR, Discount y Global 17, todos nominados en dólares y bajo legislación extranjera. Los rendimientos se ubican 10,1 por ciento en el PAR, 11,4 en el Discount y 11,3 en el Global 17 (este último con una paridad de veinte puntos por encima de si valor nominal). El resultado es un riesgo país por debajo de los 800 puntos básicos por sobre el retorno del bono del Tesoro estadounidense a treinta años, que cerró en alza la semana en 3,43 por ciento. A esta situación se suman las provincias, a partir del mejor perfil crediticio que heredan de la administración nacional. Según explicó a este suplemento el equipo económico de la provincia de Buenos Aires, la administración Scioli pospuso la emisión de deuda en dólares ante la perspectiva de una baja en el costo. También hay proyectos de Mendoza, Río Negro, Salta y Chubut para emitir en el corto plazo deuda en el exterior
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