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La semana pasada el HSBC fue demandado por familiares de los ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas de narcotraficantes en México, quienes alegan que el banco permitió que los carteles lavaran miles de millones de dólares para operar sus negocios. La demanda sostiene que el plan de lavado de dinero de la entidad contribuyó en el comercio internacional y el tráfico de drogas en el período 2010-2011. Es una de los cientos de denuncias y causas judiciales que recaen sobre este banco en todo el mundo. En la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri eligió a María Eugenia Talerico como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo encargado de luchar contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Talerico es abogada del HSBC en al menos tres causas ante la Corte Suprema iniciadas por la UIF. En tanto, la Justicia local le devolvió esta semana el cargo de CEO de la filial argentina a Gabriel Martino, acusado de ocultar información en la investigación por las 4040 cuentas sin declarar radicadas en la sucursal suiza. Como si todo esto fuera poco, el gobierno implementó cambios en el organigrama y funciones de la UIF que reducen al mínimo su capacidad de supervisión.
El programa sistemático de desmantelamiento de los principales resortes de regulación financiero tuvo su capítulo esta semana en la UIF. Junto con las designaciones, el gobierno anunció un nuevo plan para el organismo que a partir de ahora se focalizará en la lucha contra el narcotráfico pero que deja endeble su supervisión sobre el sistema financiero. La anterior gestión había logrado que se trataran los casos de lavado de manera autónoma respecto a otros delitos, lo que permitía revelar el modus operandi con el que los bancos facilitan la evasión y la fuga de capitales del país. Según el decreto publicado esta semana, el Ministerio de Justicia será quien coordinará a todos los organismos y entidades del sector público y privado con competencia. La UIF queda reducida a realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal.
Los cambios corresponden a la idea que Félix Marteau, quien logró imponer en la UIF a gente de su estudio, en donde se cursan varias defensas al HSBC y Masventas contra las denuncias de la UIF, en la cúpula del organismo otrora antilavado. El titular de la UIF es Mariano Federici, del estudio de Marteau. Este último se convirtió, según pudo saber este diario, en un habitué de las instalaciones de la UIF, aunque tuvo algunos inconvenientes para ingresar en el área restringida del organismo al no contar con cargo específico.
El nuevo esquema macrista le quitó a la UIF el lugar de organismo central en las políticas de prevención y persecución de estos delitos. Según señalaron desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que dirige Agustín Carrara, existen dos problemas irresolubles en el nuevo esquema. El primero es que se le resta autonomía a la UIF, quitándole facultades esenciales que complementan la generación de información valiosa para las investigaciones. “Al organismo encargado del análisis y la investigación del lavado de activos se le está quitando la capacidad de dirigir y coordinar la labor de los demás organismos de control que le suministran información. Al trasladar esta facultad de dirección al Ministerio de Justicia, se separan funciones que deberían estar concentradas en la UIF, por ser el organismo que analiza e investiga. Esta división conspira contra un funcionamiento eficiente del sistema”, explican desde la entidad encargada de desarrollar políticas de transparencia.
El segundo conflicto se vincula con que estas políticas empiezan a dejar de lado la persecución del lavado vinculado con delitos económicos y financieros. “Eso se observa al alejar a la UIF de la supervisión y la dirección de los restantes organismos de control en materia económica. En adición a esto, previamente las nuevas autoridades habían manifestado su intención de enfocarse en la investigación del financiamiento del terrorismo y del lavado del dinero proveniente del narcotráfico”, agregan desde el Cipce. Esto queda en evidencia en la voluntad de relegar a un segundo plano la persecución de los delitos cometidos por grupos económicos y corporaciones, que son por excelencia los que generan los mayores movimientos de dinero ilícito. Esto, sumado al desmantelamiento de las áreas de supervisión de otros organismos, como el Banco Central, deja el camino allanado para que los bancos puedan continuar con sus prácticas delictivas.
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