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El sindicalismo mexicano, dividido entre renovadores e inmovilistas, ha recuperado protagonismo a través del conflicto de los mineros, que la semana pasada tuvo un violento episodio en Michoacán. Los gremios independientes de la vieja burocracia sindical hicieron el lunes una demostración de fuerza, en plena campaña electoral, con un paro general de una hora y movilizaciones en el Distrito Federal y en diversos estados de México. Solidaridad con los mineros, dimisión del secretario (ministro) de Trabajo, Francisco Salazar, y no injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos, eran los principales objetivos de la jornada de lucha sindical.
Junto a estas demandas, los huelguistas reclamaban también la restitución al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos (265 mil trabajadores) de Napoleón Gómez Urrutia, Napo, un líder controvertido que heredó el cargo que ocupó durante 40 años su padre, Napoleón Gómez Sada. Padre e hijo son exponentes de la aristocracia obrera ligada al corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que subsiste en México desde los años ‘60. Tras el accidente en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila) de febrero pasado, en el que murieron 65 mineros, la Secretaría (Ministerio) de Trabajo aprovechó un viejo contencioso en el sindicato minero para desplazar a su líder, Gómez Urrutia. Llovieron las acusaciones en su contra, muchas de ellas de dominio público, y el procurador (fiscal) general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, ordenó investigar al sindicalista por presuntos delitos fiscales y financieros, relativos a fraudes en contra del sindicato minero. La Fiscalía busca a Gómez Urrutia, quien aparentemente está fuera de México.
Un amplio sector de los mineros salió en defensa del líder destituido y comenzaron los paros. El conflicto se agravó dramáticamente la semana pasada, cuando policías federales y del estado de Michoacán intentaron desalojar a sangre y fuego a los huelguistas de la planta siderúrgica Sicartsa, con dos mineros muertos y 80 heridos. Líderes de sindicatos considerados renovadores se sumaron a las movilizaciones en defensa de Gómez Urrutia y contra “la intromisión” del gobierno en asuntos sindicales. Es el caso de Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y dirigente telefonista, que en la época de Carlos Salinas de Gortari, en los ‘90, era la cara nueva del sindicalismo mexicano. “Causa mucha extrañeza que un dirigente como Hernández Juárez, que encabeza un sindicalismo de vanguardia, quiera restituir a un líder que no representa para nada la modernidad sindical”, señala Claudio Jones, director de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández e investigador de la cuestión sindical.
El líder de la UNT (un millón de trabajadores) responde sin titubear: “Nosotros no podemos hacernos cómplices del gobierno ni de algunos canales de TV que, sin proceso legal ni pruebas, ya condenaron y crucificaron a Gómez Urrutia y, además, le quitaron la representación del sindicato”. Alejandra Barrales, ex líder del sindicato de sobrecargos aéreos y actual diputada del PRD, precisa que hay que distinguir entre “la defensa de la autonomía sindical y la de un dirigente cuestionado y deshonesto. Esto no busca defender a una persona”. “Sería peligroso –añade– cruzarse de brazos ante la embestida del gobierno contra los sindicatos.” Barrales opina que hay otros líderes sindicales más corruptos que Gómez Urrutia, como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, candidato al Senado por el PRI e implicado en el Pemexgate, primer caso de corrupción electoral.
La reforma laboral es una asignatura pendiente que se discute en el Congreso desde tiempos de Salinas de Gortari. Y, mientras, la democraciasigue sin entrar en las fábricas. Las elecciones sindicales, sin voto secreto, no son ni libres ni democráticas; la llamada toma de nota faculta al Ministerio de Trabajo a certificar o desautorizar a los líderes sindicales, como ocurrió en el caso de Napo. El monopolio de la representación sindical, que durante el régimen autoritario priísta tuvo el Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), se ha resquebrajado con la aparición de sindicatos más independientes agrupados en el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical. El sindicalismo charro, corporativista de la vieja época, todavía es mayoritario en el mundo laboral. Hoy soplan nuevos vientos en la vida sindical mexicana, y hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –el más grande de América latina y dominado durante décadas por el PRI– tiene ya representantes en diferentes partidos.
*De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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