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La presidenta chilena, Michelle Bachelet, concretó el viernes pasado uno de los principales proyectos sociales de su Gobierno: el envío al Parlamento de una ambiciosa reforma del sistema de pensiones, tomado como modelo en otros países de América latina. El proyecto introduce modificaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pilares del sistema privado que creó la dictadura del general Augusto Pinochet en 1981 y que fue adaptado en más de 17 países, entre ellos Argentina, Colombia y Perú.
“Esta es una reforma de aquellas que hacen historia”, dijo Bachelet –que basó gran parte de su pasada campaña electoral en este tema– al anunciar la firma del proyecto de ley. “Queremos construir una sociedad en la que todos puedan tener condiciones de vida más dignas, más humanas y decentes”, agregó. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que el paquete de reformas tendría un costo anual de 110 millones de dólares adicionales al actual presupuesto. Los recursos provienen principalmente de las ganancias obtenidas por las ventas de cobre, el principal producto de exportación de Chile, que en los últimos tres años triplicó su valor generando para el fisco excedentes por 10.000 millones de dólares.
El proyecto de ley incluye además como eje central la implementación de una nueva Pensión Básica Solidaria, que se entregará a todos los mayores de 65 años que pertenezcan a los estratos más pobres del país, estimados en casi un millón de personas. El monto de la pensión mínima partirá en los 60.000 pesos, equivalentes a unos 114 dólares, que se irán incrementando hasta llegar en 2009 a los 75.000 pesos (unos 142 dólares). La última cifra más que duplica el actual monto del beneficio, que no supera los 60 dólares.
Las modificaciones al funcionamiento de las AFP buscan aumentar su competitividad y regular el funcionamiento de estas instituciones a las que están obligados a afiliarse los trabajadores desde hace 25 años, con una cotización mensual que oscila entre el 10 y el 13 por ciento del salario. Las Administradoras tienen una alta rentabilidad (casi un 25 por ciento anual promedio en los últimos 12 años), pero su escasa competencia y las altas comisiones que cobran por concepto de administración, de entre un 10 y un 30 por ciento, merman los montos futuros de jubilación de los trabajadores.
Estudios oficiales alertaron que en las actuales condiciones casi la mitad de los siete millones de afiliados al sistema no estarían en condiciones de recibir una pensión mínima cuando llegue el momento de su jubilación. El sistema castiga fundamentalmente a las mujeres, quienes presentan las mayores interrupciones en el pago de las cotizaciones mensuales que acumulan a lo largo de su vida laboral, de la cual deben desertar en muchos casos por el cuidado de los hijos.
La Comisión de Expertos que durante seis meses preparó la reforma recomendó a la presidenta Bachelet aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, tal como sucede con los hombres. No obstante, en el proyecto anunciado Bachelet desechó esa posibilidad y en cambio propuso la entrega de un bono, equivalente a un año de cotizaciones por cada hijo nacido vivo de mujeres de escasos recursos.
La iniciativa aumenta además la cobertura del sistema privado –que alberga sólo al 2 por ciento de los trabajadores independientes– y una mayor fiscalización a las AFP. El proyecto propone además aumentar la competencia entre las seis AFP que operan, al promover una mayor movilidad entre afiliados e incentivos para el ingreso de nuevos actores. También se espera incrementar la rentabilidad de estas instituciones, permitiéndoles realizar mayores inversiones en el extranjero e incentivar el ahorro voluntario de los trabajadores independientes. Otras de las iniciativas consisten en que se crea un Aporte Previsional Solidario, destinado a quienes hayan cotizado pero sólo logren autofinanciar una pensión de bajo monto, se amplía la cobertura para los trabajadores independientes y jóvenes, con un subsidio a las cotizaciones de los trabajadores de bajos ingresos y de menor edad, y se fomenta el ahorro previsional voluntario mediante exenciones tributarias para los aportantes.
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