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Una resolución de la Secretaría de Agricultura de febrero pasado encendió esta semana, con dos meses de retraso, la furia pública de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Se trata de la 71/06 que suspende por 90 días los requisitos para la liberación al medio ambiente del gen del maíz transgénico resistente al herbicida glifosato, cuya comercialización había sido autorizada en 2005 a la firma Syngenta (para los maíces híbridos derivados del "evento de transformación GA21"). Esto que parece complicado se traduce en la cotidianidad de los negocios de una manera sencilla. Por 90 días a partir de la resolución, cualquier empresa que quiera ser autorizada para comercializar los maíces citados podrá evitarse todos los trámites de requisitos burocráticos y de bioseguridad que en su momento debió atravesar Syngenta. En otras palabras, a partir de la resolución Syngenta pierde un monopolio cuya rentabilidad esperada justificó las inversiones en el desarrollo del producto.
Los primeros coletazos públicos de la disputa se vivieron el martes último, cuando ASA brindó una conferencia de prensa con muchas expresiones altisonantes, entre ellas que se "arruinaron 10 años de trabajo" y que la resolución puso en juego la "credibilidad de las exportaciones argentinas". Raúl Palmieri, presidente de ASA, agregó que la suspensión era "innecesaria, arbitraria, inequitativa y altamente perjudicial para el sistema que regula el ingreso al mercado de productos transgénicos".
Algunos miembros de la cámara empresaria consultados por Cash brindaron otros elementos de análisis. Afirmaron que en realidad la resolución representaba "un caso de corrupción" destinado a beneficiar a empresarios que tienen nombre, para acto siguiente citar al beneficiario, un empresario de apellido español, titular de la empresa que comenzará a fabricar el producto competidor de Syngenta.
Una fuente de Agricultura señaló a este suplemento que la afirmación de los semilleros era "una infamia". Según el funcionario, la medida tiene como fin beneficiar al productor que padece los "precios monopólicos de las multinacionales" en un momento en que Agricultura consideraba "estratégico" expandir el uso de los maíces RR. La razón ecológica y económica es que estos maíces permitirán "contrarrestar el monocultivo sojero en las zonas de baja fertilidad".
Hasta ahora las empresas agrupadas en ASA habían ponderado positivamente el régimen de control para la aprobación de transgénicos. Pero la buena relación entre las multinacionales y el Estado sufrió un quiebre a partir de las demandas en el exterior de la firma Monsanto y las disputas por el pago de "regalías tecnológicas". La nueva controversia comercial debe situarse en el contexto de un mercado formal de granos que reparte entre sus operadores locales alrededor de 250 millones de dólares. Si se suma el sendero de desarrollo seguido de hecho por Argentina –con énfasis en las cadenas agroindustriales– a la evolución del mercado mundial, se puede concluir que se trata de un sector dinámico con fuerte potencialidad de expansión, lo que de por sí justifica el fuerte lobby que en los distintos niveles de opinión ejercen las firmas del sector. Si se considera además que la producción biotecnológica se concentra a escala mundial en un puñado de empresas globales, puede concluirse que los conflictos entre semilleras y Estado llegaron para quedarse.
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