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Lo bueno de los mercados de commodities agropecuarias es que son absolutamente transparentes. Esto no quiere decir que no sean posibles las componendas en la intermediación, donde existen actores de peso que suelen aprovechar su poder de mercado, sino que el comportamiento de la oferta y la demanda suele ser un dato conocido y asequible. Por estos días, siguiendo la agenda de las decisiones de la Secretaría de Agricultura, el trigo pasó a primer plano. Los datos que llegan de los mercados internacionales son contundentes. Las principales agencias alimentarias del mundo, como la USDA, pronostican malas cosechas en casi todas partes. Los números, que surgen de previsiones sobre la base de avances de siembra y de grandes tendencias meteorológicas, pusieron en marcha la ley más elemental de la ciencia económica. Si la oferta es menor, entonces los precios suben. La economía local no es ajena a estos movimientos. Aquí también la campaña triguera no pasa por su mejor momento, entre otras razones por la falta de agua. La suma de datos fue suficiente para despertar preocupación en el Ministerio de Economía, donde los precios constituyen la obsesión de corto plazo.
¿Qué hacer? La respuesta es inmediata: cortar la demanda de exportaciones, por ejemplo con más retenciones, una decisión difícil que tensa aun más las relaciones con el frente de la dirigencia agropecuaria. En la Secretaría de Agricultura optaron entonces por recurrir a la creatividad. Sus técnicos se metieron en los vericuetos de las operaciones de comercio exterior y atacaron por allí. El camino fue subir el “índice mínimo de registro de exportaciones FOB”. Lo que sucede es que el fisco, para evitar las tradicionales operaciones de subfacturación en las ventas al exterior, liquida las retenciones sobre un precio mínimo, el citado índice, el que ahora pasó de 161 a 167 dólares la tonelada. El efecto que esta medida provoca, por más que los funcionarios del área juren que no era la intención, es similar a una suba de las retenciones. Hay 6 dólares más por tonelada que pagarán el impuesto.
Pero el dato más interesante está en otro lado. La medida se tomó el pasado viernes 25 y, esta semana, los precios que recibieron los productores primarios, a contrapelo con lo que sucede con los precios en el mercado internacional por las grandes firmas exportadoras, cayeron en un promedio de 5 dólares la tonelada. Aunque se trata de un movimiento de corto plazo, marca una tendencia. Las firmas comercializadoras utilizan su poder de mercado para, por la vía del argumento de la suba del índice, pagar menos en el mercado interno. La cotización local está bien por debajo de los 120 dólares la tonelada. El precio internacional supera holgadamente los 160 dólares. Como se ve, hay actores que nunca pierden.
El balance preliminar es que la medida puede ser efectiva para contener precios internos. Es decir, cumple con el objetivo propuesto. Sin embargo, también desnuda una vez más las “asimetrías” en el reparto de la renta al interior del circuito agropecuario, un punto a tener en cuenta cuando se diseñan políticas impositivas. En concreto: aunque a nivel macroeconómico los impuestos sobre las exportaciones cumplen con el objetivo de contener los precios internos (en un contexto de alza de precios internacionales o de restricción de la oferta local) también es cierto que, vía asimetrías de poder en la cadena de comercialización, siempre terminan gravando al productor primario.
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