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Algunas cosas vienen todas juntas. Liberalismo económico ultramontano y dictadura fue una mezcla típica de la historia argentina y también latinoamericana. Cuando ya existe una generación para quien el batido era algo que ocurrió allá lejos y hace tiempo, Pedro Apaolaza, titular de la entidad del agro más combativa, Carbap, integrante de CRA, reivindicó al recientemente fallecido marino Luis María Mendía, ex directivo de ese nucleamiento y autor intelectual de algunas de las acciones más horrendas de la última dictadura, como los vuelos de la muerte: práctica de arrojar a seres humanos narcotizados desde una aeronave. Para encanto del Gobierno y espanto de buena parte de sus colegas de otras entidades, como sus aliados de la Federación Agraria, el locuaz Apaolaza también sacó del arcón la semántica dictatorial y sugirió que los diputados kirchneristas Miguel Bonasso y Carlos Kunkel eran “delincuentes subversivos” en el Gobierno.
Ante declaraciones tan extravagantes resultaría sencillo ensañarse con el personaje, pero la riqueza del desliz está en otra parte: en el rol de la ideología en la disputa de la dirigencia del campo con el Gobierno. Aunque la ideología sea la peor guía para cualquier análisis, el conflicto sectorial es casi un jeroglífico si no se incorporan al debate sus componentes ideológicos.
Quienes transitan habitualmente la Pampa Húmeda pueden sentir a pleno la bonanza del campo. Quizá sea una tontería hablar, como a veces se hace desde la ciudad, de “las 4x4”, un comentario de quienes desconocen la lluvia y el barro. La prosperidad se palpa en detalles más relevantes, como la maquinaria agrícola de última generación, los equipos de agricultura de precisión, el tránsito permanente de camiones al tope, la prolijidad absoluta de las explotaciones, las bolsas silo repletas reposando aquí y allá, la ganadería intensiva allí donde la fertilidad del suelo decrece. A la vez, los números de las cosechas y los precios internacionales despejan subjetividades. El propio sector, en su permanente autoafirmación, los recuerda con frecuencia.
Pero estos datos contrastan con la realidad que describen algunos dirigentes, para quienes la situación del sector es poco menos que apocalíptica y miserable, percepción también traducida a la praxis. El actual gobierno ya enfrentó más protestas y “paros” del campo que todas las escuchadas y producidas durante, por ejemplo, la década pasada, cuando la propiedad de la tierra se concentraba aceleradamente, se reducía el número de explotaciones y muchas economías regionales eran empujadas casi hasta su extinción.
Lo dicho no significa que no existan núcleos de conflicto, como el desdoblamiento cambiario de un modelo que intenta premiar la agregación de valor o la necesidad macro de frenar algunos precios –también por supuesto, aquellas contradicciones menos discutidas, como las inherentes al desarrollo del capitalismo agrario–, sino que resalta que las condiciones materiales del campo no son precisamente aquellas de las que pueda esperarse sustenten una situación de conflicto permanente. La insistencia por la liberalización absoluta de todos los mercados, incluso de aquellos con severas asimetrías y distorsiones, como única salida para cualquier problema, en cambio, muestra que la lucha sectorial es ante todo ideológica. Por ello nadie que augure la continuidad del conflicto se equivocará en la predicción.
Si en todos los encontronazos con el sector desde el Gobierno se intentó demostrar que la resistencia de buena parte de la dirigencia agropecuaria a la política oficial resultaba inexplicable en un contexto de bonanza, Apaolaza, en su torpeza, se convirtió en un aliado inesperado.
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